Diez años del 'caso ERE': una sola sentencia, 100 piezas aún investigándose y 40 juicios pendientes

Este mes se cumple el décimo aniversario del inicio de las diligencias previas número 174/2011 que dieron lugar al caso ERE. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción de la historia, tanto por el número de investigados, más de 300, como por el dinero defraudado, 680 millones.

El caso puso fin a una era del PSOE andaluz con dos expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 17 ex altos cargos condenados en noviembre de 2019 por la Audiencia de Sevilla por prevaricación y malversación. El primero a nueve años de inhabilitación y el segundo, además, a seis años de prisión. 

El magistrado Juan Antonio Calle detalló en el fallo, compuesto por 1.821 folios, cómo el Gobierno andaluz aprobó infinidad de modificaciones presupuestarias para cubrir un procedimiento ilegal. Ese modus operandi permitió manejar cantidades millonarias sin dar cuentas desde el año 2000 hasta 2010.

El objetivo de los promotores era mantener la paz social en un momento con miles de trabajadores de empresas afectadas por la crisis económica. El dinero salía de forma arbitraria de la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles. La cifra de prejubilados beneficiados superó los 6.000 y, salvo a los casi 200 intrusos, la Justicia los considera como terceros de buena fe.

Diez años después, EL ESPAÑOL analiza las claves de este caso, que comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez Mercedes Alaya abrió las primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Lo hizo a raíz de las investigaciones iniciadas por las presuntas irregularidades detectadas en los ERE llevados a cabo en la empresa pública Mercasevilla.

La instrucción pasó por diversas fases a media que Alaya escalaba por la supuesta pirámide de responsabilidades que iba apreciando hasta que llegó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Pidió la imputación de ambos, al ser aforados, y lo hizo el mismo día que Susana Díaz tomaba posesión como presidenta de la Junta tras la dimisión de Griñán en agosto de 2013.

La causa llegó al Supremo por esa condición de aforamiento de algunos investigados. Tres años después, ambos expresidentes se dieron de baja como militantes del PSOE.

Susana Díaz en su toma posesión junto a Chaves y a Griñán. Parlamento andaluz

En un primer momento, la Junta de Andalucía se personó en el caso como acusación particular. La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó que Chaves, Griñán y compañía -en caso de ser condenados- se vieran obligados a reintegrar los cientos de millones hurtados. No obstante, un mes después, y coincidiendo con la orden de Susana Díaz de retirar a la Junta como acusación particular, el Ministerio Fiscal retiró aquella exigencia. Sí mantuvo esa petición el PP como acusación popular.

Primeros envíos a prisión

El grueso de las declaraciones comenzó en marzo de 2012 coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Fueron los primeros comicios en los que el PSOE perdería la mayoría absoluta, pero pudo gobernar con IU.

Uno de los primeros en declarar fue el ex director general de Trabajo desde 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero, y al día siguiente fue enviado a prisión como principal acusado. Falleció el pasado mes de octubre.

Unos días después Juan Francisco Trujillo, que fue su chófer, aseguró ante la juez que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe. Lo hizo, según dijo, con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas. 

El sábado de jornada de reflexión y tras cuatro días declarando, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández corrió la misma suerte y también acabó en prisión. La juez consideró que había hecho "dejación absoluta" de sus funciones y permitió "el despilfarro continuado" de los fondos públicos.

El relevo de Alaya

Alaya llevó las riendas de la investigación de esta macrocausa y de otras de corrupción, como el caso Avales, el caso IDEA o el fraude de los cursos de formación, hasta julio de 2015. En esa fecha dejó el Juzgado de Instrucción 6 tras conseguir una plaza en la Audiencia.

A Alaya la sucedió María Núñez Bolaños, que decidió dividir la causa de los ERE en piezas separadas, una cuestión a la que su antecesora siempre se había opuesto. 

El traspaso no estuvo exento de polémica. Alaya llegó a cuestionar la profesionalidad e imparcialidad de su compañera. En una entrevista en el diario ABC en mayo de 2018 llegó a decir que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ apartarla a ella de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación.

La juez Núñez Bolaños pasó a estar en el ojo del huracán. Fue denunciada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por "desatención y retraso" en la tramitación de las macrocausas que llevaba. Todo ello, tras un informe elevado por los seis fiscales anticorrupción de Sevilla. En un auto judicial, la juez llegó a decir que algunos investigados en los ERE, "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas".

La denuncia fue archivada el pasado mes de septiembre y unos días después Núñez Bolaños dio un paso al lado tras acordar un plan de actuación con el juez de refuerzo de su juzgado, José Ignacio Villaplana. Este se encargará de las macrocausas y ella asumirá las tareas ordinarias.

Más de cien diligencias

La Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir que se abrieran más de 200 piezas en función del número de empresas que se beneficiaron de estas ayudas. Muchas de ellas se han archivado y otras ni siquiera han llegado a abrirse.

A día de hoy, tras una década de esta compleja investigación, se han celebrado solo dos juicios. El primero, el denominado procedimiento específico -la pieza política- arrancó en 2017. El proceso judicial duró un año, la sentencia se conoció once meses después y está en el Supremo. El segundo fue el de las ayudas concedidas a la empresa Acyco, que hace unas semanas quedó visto para sentencia. 

Pero aún hay mucha tela que cortar. En la actualidad hay más de un centenar de diligencias en investigación y existen 40 procedimientos abreviados pendientes de juicio, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

Esta situación está provocando un colapso en la justicia sevillana, que no cuenta con medios suficientes. Para empezar, solo hay una sala que reúne las condiciones para albergar un juicio con varios acusados y sus letrados.

La muerte de Guerrero 

El pasado 11 de octubre falleció Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, conocido en El Pedroso, su pueblo donde fue alcalde, como El Marqués.

Guerrero ha muerto sin ninguna condena firme porque las dos sentencias dictadas contra él están pendientes en el Supremo. Fue condenado a siete años de prisión en la pieza política de los ERE y a más de cinco años por la causa de los contratos fantasma en la empresa Umax. 

El exdirector general del Trabajo Francisco Javier Guerrero condenado por los ERE. EP

No obstante, estaba inmerso en 147 piezas. De ellas, ya se habían archivado 90, y al morir toda la responsabilidad penal ha quedado extinguida, según ha confirmado a EL ESPAÑOL su abogado Rafael Ramírez-García.

De hecho, cuando falleció estaba siendo juzgado por la causa de la empresa Acyco. Uno de los intrusos en ese ERE era el churrero de El Pedroso, amigo personal suyo. También está pendiente de señalamiento el juicio de las ayudas concedidas a su chófer.

Por su parte, su viuda y su hija se han personado en todos los pleitos en los que estaba inmerso con la intención de que "se haga Justicia" y haya "una resolución final" sobre su participación en los ERE, según publicó El Mundo. También lo han hecho ante el Tribunal de Cuentas, el cual se plantea actuar contra ambas que tendrían que responder con su herencia, que es nula: una casa en El Pedroso que está embargada.

El caso ERE seguirá dando que hablar. En el juicio de las ayudas a Acyco cinco ex altos cargos, la mayoría ya condenados en la pieza política, pidieron su exclusión. Sus defensas se basaron en el principio non bis in ídem, que impide enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos. No obstante, la Sección Tercera lo rechazó al considerar que estas ayudas en concreto no habían sido juzgadas aunque procedieran del mismo fondo.

Al respecto, existen discrepancias jurídicas entre las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia hispalense, pero este rechazo podría repetirse en los juicios que quedan pendientes: por ahora 40, y más de un centenar de diligencias aún investigándose que también podrían acabar en enjuiciamiento.

Por su parte, el Gobierno andaluz de PP y Cs mantiene sobre la mesa su intención de recuperar el dinero defraudado a los andaluces. El proceso será largo y difícil y, en cualquier caso, hay que esperar a que la sentencia sea firme por parte del Supremo. Teniendo en cuenta la complejidad de la causa y del fallo judicial en sí, 2021 podría pasar en blanco.