La Junta acuerda con CSIF y UGT tramitar el anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía

El Gobierno andaluz ha cerrado este lunes con CSIF y UGT un acuerdo en torno al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Andalucía, un texto trabajado en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración. Así, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará este martes el Anteproyecto de Ley con la intención de que pueda llegar al Parlamento en verano y que sea una realidad antes de que termine la presente legislatura. 

En el acto, celebrado en el Palacio de San Telmo, ha participado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, junto al presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, y la secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT, Esperanza Morales. 

El consejero de la Presidencia ha recordado que el Consejo de Gobierno dará luz verde este martes a un texto que es fruto del diálogo y que se ha desarrollado con el objetivo común de mejorar y actualizar el régimen jurídico de las personas que trabajan al servicio de la Administración.

Desde la Junta anuncian este nuevo documento que sustituirá a la ley reguladora de la función pública, vigente desde 1985. En la negociación no ha estado presente el sindicato CCOO, al que Bendodo ha invitado a sumarse a los otros dos colectivos. Al mismo tiempo, ha destacado el diálogo y el consenso al que se ha llegado en esta negociación con los sindicatos: "El diálogo social es un eje básico de nuestra acción de gobierno porque entendemos que es fundamental para mejorar la gobernanza y la participación con la sociedad andaluza", ha agregado.

El anteproyecto de Ley de Función Pública pretende unificar en un texto todas las cuestiones relativas al personal funcionario y laboral de la Junta, y hace un recorrido por toda la vida del empleado público: desde los procesos de selección, a su formación, evaluación, carrera profesional e incluso regula la figura de la Dirección Pública Profesional. 

Entre otras novedades, adaptará los procesos de selección a los opositores del siglo XXI con pruebas más prácticas y con menos importancia a las basadas en la mera exposición memorística; reconocerá el desarrollo profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ni de actividad; así como la oferta de empleo público incluirá como mínimo un 25% por ciento de plazas para promoción interna.