La historia interminable de la mina de Aznalcóllar: el fiscal pide archivar otra vez y la acusación, cárcel

El caso judicial de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) para dilucidar si hubo amaño en la concesión de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, parece no tener fin. Más bien, la historia interminable. El concurso lo ganó la agrupación empresarial México Minorbis, filial de la empresa cordobesa Magtel.

Casi seis años han pasado desde que un juzgado comenzara a investigar el asunto. La empresa minera Emérita Resources España, que también optó a esos derechos, denunció por vía penal al entender que hubo un trato de favor hacia la adjudicataria por parte de la Junta de Andalucía. Fue en 2015, bajo el gobierno de Susana Díaz.

El caso se ha archivado dos veces, pero se volvió a reabrir tras ser objeto de decisiones contrarias entre la juez investigadora y el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, integrado por la magistrada Mercedes Alaya, la instructora del caso ERE.

Pese a la postura de la Audiencia de Sevilla y la orden del juzgado de continuar las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra nueve personas, la Fiscalía ha pedido por quinta vez el archivo. Considera que no existió delito, según reza en su escrito, consultado por El ESPAÑOL.

Entre ellas figuran el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por su cargo anterior como secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo en Andalucía. Éste ha recurrido el citado auto judicial y ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que no se cometió ninguna irregularidad durante la adjudicación de los derechos mineros. Esta causa le costó el puesto estatal en octubre de 2019 cuando dimitió.

También se encuentran en el proceso judicial dos empresarios de la empresa cordobesa Magtel, partícipe de Minorbis, y otros seis funcionarios y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Un jarro de agua fría

En la localidad sentó como un jarro de agua fría porque mientras tanto la mina sigue cerrada y 5.000 empleos, entre directos y directos, están en juego. También la inversión de más de 350 millones de euros y 30 años de trabajo para extraer 52 millones de toneladas de metales. 

Por su parte, Emérita quiere ver a estos funcionarios y ex altos cargos entre rejas y pide que se decrete la apertura de juicio oral. Para el expresidente de la SEPI y la ex directora general de Minas María José Asensio solicita 16 años de prisión. La minera Emérita entiende que hubo un fraude planificado y que el concurso estuvo amañado y no se limita a los procesados, sino que extiende su petición a un total de 16 personas.

Cree que se produjeron delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y negociación ilegal e insiste en que ambos, posteriormente, fueron premiados con ascensos. Para ellos dos, pide además más de 30 años de inhabilitación, según publica El Mundo.

La juez limitó la causa al delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía sigue sin ver indicios de ese presunto amaño ni irregularidades en "la amplia y minuciosa instrucción realizada".

"No pueden esperar más"

Mientras tanto, según el alcalde del municipio, Juan José Fernández (IU), la localidad sigue desangrándose por las altas cifras de paro. Además, teme que esta situación alargue dos o tres años la reapertura de la mina. Casi seis años después del concurso, el adjudicatario ha gastado ya unos 40 millones de euros en el manejo del pasivo ambiental, en proyectos técnicos muy diversos y en un intenso programa de investigación geológica. 

"El pueblo de Aznalcóllar no puede esperar más, el proceso judicial tiene que desbloquearse ya, sobre todo tras la última petición de la Fiscalía", asegura Fernández. Cree que la localidad está condenada desde aquel 25 de abril de 1998, aunque insiste en que la minería del siglo XX y la normativa "no tiene nada que ver con la del siglo XX".

Aquella madrugada se produjo uno de los mayores desastres ambientales de las últimas décadas. El muro de la balsa de residuos de la explotación minera se vino abajo y la riada de lodos tóxicos y aguas ácidas se quedó a las puertas de Doñana. Lo marchitó todo a su paso y se ha tardado años en su recuperación.

El alcalde, que fue líder local de CCOO y portavoz de los mineros en la empresa, entiende que la sombra de aquel desastre es larga. No obstante, tanto él como los vecinos vuelven a tener esperanzas en el archivo definitivo de la causa y que el proceso no continúe. El problema es el tiempo, que corre en contra del yacimiento minero.