La Junta de Andalucía avanza hacia un mayor control interno de la actividad financiera pública. No quiere que se repitan episodios como el caso ERE o el de Invercaria, en los que se les perdió el control a 680 millones de euros de fondos públicos.
El pasado mes de diciembre creó una oficina antifraude para vigilar el destino del dinero público y poder fiscalizar a empresas y entes que lo reciban. El objetivo es que entre en funcionamiento en este 2021 y podrá interponer sanciones de hasta 100.000 euros.
Ahora ha dado un paso más. El consejo de gobierno ha acordado iniciar la tramitación del proyecto de ley de creación de un cuerpo superior de Intervención y Auditoría de la Administración y de otro técnico. La finalidad es contribuir al desarrollo de un modelo de control interno más adecuado y más eficaz de la actividad financiera pública.
Se trata de un proyecto de ley incluido tanto en el pacto de investidura suscrito por PP y Ciudadanos (Cs) como en el acuerdo para los Presupuestos andaluces de 2021 firmado por estas dos formaciones junto a Vox.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, asegura que durante anteriores gobiernos socialistas "nadie hacía caso de los informes de Intervención, de ahí el caso ERE".
Bendodo rememora al respecto una de las frases que más le llamó la atención durante la vista de ese caso judicial: "Interventores advirtieron durante el juicio de que salían las llamas por las ventanas pero el dueño de la casa -la Junta- no avisó a los bomberos".
"690 M tirados por la borda"
"Con este gobierno esto ha cambiado y vamos a reforzar el máximo órgano de control interno", señaló Bendodo. Otra cuestión que también se podría haber evitado es el pago por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de 690 millones de euros durante los últimos 20 años, adelantado por EL ESPAÑOL. Sólo en intereses de demora.
"Anteriores gobiernos socialistas tiraron por la borda 690 millones por pagar tarde ¿cuántos centros de salud se podrían hacer construido con ese dinero?", subrayó el consejero.
Asegura que es uno de los muchos problemas que se han encontrado, el ritmo de pago y la acumulación de facturas en los cajones. "Esto pasa cuando se cree que el dinero de todos no es de nadie". Además, se creaba otra situación adversa, que muchas pymes se fueran a la quiebra por estos impagos.
El Gobierno de PP y Cs "ha dado la vuelta a la situación como un calcetín", remarca Bendodo. El pasado lunes el Ministerio de Hacienda informó del Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas. En la actualidad se sitúa en 26,26 días, que constituye el valor mínimo desde el inicio de la publicación de la serie histórica en abril de 2018.
17 días de plazo
Andalucía es la tercera comunidad en efectuar estos pagos. El plazo actual está en 17 días con el objetivo de evitar el abono de estos recargos. En 2016, con Susana Díaz como presidenta de la Junta, se dio la paradoja de que tuvo que pagar 39,5 millones en intereses, mientras las inversiones reales que hizo el SAS en los centros hospitalarios alcanzaron los 29, diez menos.
El objetivo de la creación de este cuerpo superior de Intervención es adaptar el Gobierno andaluz a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos.
La Intervención General de la Junta de Andalucía tiene atribuida la actividad de control interno, a través del previo, financiero y contable, según recoge el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales y la constante producción normativa de aplicación, procedente tanto de la Administración autonómica como nacional y europea, requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada.
A esta situación se suman los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General, así como la atribución de nuevas competencias, como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta de Andalucía.
Sus funciones
Las funciones del cuerpo superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como de emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior.
Por su parte, el cuerpo técnico se centrará fundamentalmente en el apoyo a las funciones de auditoría y a las nuevas funciones de supervisión continua que se implementen.
El proyecto de ley establece la fórmula de oposición como la general para el acceso a estos cuerpos, si bien se instaura un régimen transitorio y extraordinario de acceso por concurso-oposición que se desarrollará en los tres años posteriores a la entrada en vigor de la norma.