Los 480 millones que no llegaron a los parados andaluces con la Junta del PSOE: "No había control"

"O se lo llevaron algunos o se derrochó". Esa es una de las principales conclusiones a la que han llegado todos los grupos políticos en el Parlamento andaluz, excepto el PSOE, en la comisión de investigación, ya concluida, sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Se trata de uno de los organismos públicos más conocidos a posteriori, cuando se cerró, al saltar a la opinión pública el destino de gran parte del dinero. Se creó en 2003 para el fomento del empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Cerró sus puertas en 2011 y en esos ocho años ocurrieron muchas cosas, además de la gestión "sin apenas control" de 480 millones de euros en subvenciones con una plantilla de unos 1.500 trabajadores. El dinero estaba destinado a la formación de los parados, pero todo no llegó.

Lo más llamativo fue el gasto de tres millones de euros en juergas, según recoge el PP en su dictamen de conclusiones, consultado por EL ESPAÑOL, y consta en el sumario de la causa que instruyó el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

En concreto, la Faffe gastó solo en cuatro años -entre 2008 y 2011- algo más de 3,1 millones en "prostíbulos, comidas gourmet pantagruélicas a base de delicatesen y copas y discotecas, peajes, multas de tráfico, viajes todo incluido, hoteles con campos de golf o en comidas en casetas de feria", entre otros.

Queda también recogido que el mayor gasto en los clubs de alterne se produjo el 22 de marzo de 2010 a través de varias tarjetas bancarias. La ronda alcanzó los 15.000 euros el día en el que el expresidente José Antonio Griñán remodeló su gobierno. Entre 2004 y 2010 se localizan hasta 43 abonos con tres tarjetas en cinco prostíbulos. Son, al menos, 13 juergas que suman casi 32.000 euros. 

Los 'culpables'

Como 'culpables' de este despilfarro todos los grupos parlamentarios apuntan a los expresidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los dirigentes de las consejerías de Empleo y de Hacienda durante el periodo -muchos de ellos condenados en el caso ERE-. Entre ellos, se encuentra la actual ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero.

Además, PP y Vox apuntan a la expresidenta de la Junta y actual senadora socialista, Susana Díaz. Sin embargo, Ciudadanos discrepa y mantiene que cuando Díaz llegó a la presidencia en 2013 la fundación ya se había eliminado.

También el que fuera su director, Fernando Villén, para el que la Fiscalía pide seis años de prisión por esta causa, no sale bien parado en la citada comisión. La formación naranja asegura en su dictamen que se le fue otorgado un poder de ruina, con el que pudo hacer y deshacer lo que quiso, incluso subirse el sueldo.

Villén tenía la consideración de alto cargo de la Junta de Andalucía de libre designación. Además, era militante activo del Partido Socialista, llegando a ser en 2008 secretario general de Empleo en la ejecutiva socialista andaluza.

El dictamen de los populares también recoge el informe de la Cámara de Cuentas, que detectó a finales de 2018 55 millones de euros sin justificar. También la forma de contratar a su personal hasta llegar a los 1.500 trabajadores, que al cierre tuvo que absorber el Servicio Andaluz de Empleo. Desde el PP insisten en que "fue una agencia de colocación del PSOE y amañó contratos con empresas amigas".

Según la comisión, la Faffe creó una especie de doble contabilidad para justificar los gastos simulando luego la devolución a través de ingresos en efectivo en la caja central.

Desde el PP sostienen de igual manera que la Faffe también se utilizó para "comprar la llamada paz social y cumplir los compromisos institucionales" de los expresidentes Chaves y Griñán, como ya ocurriera con el sistema fraudulento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según sentencia judicial. Además, subrayan su relación con otros casos de corrupción andaluza como el caso UMAX o el caso Delphi.

Así se creó la comisión

En su informe, el PP también refleja que quiso crear esta comisión en 2011. En marzo de aquel año cursó la primera solicitud, que fue apoyada por IU, pero rechazada por el PSOE. El episodio se repitió en 2014 cuando IU, ya en el gobierno, no la consideró importante.

En julio de 2018, tras el escándalo de los gastos en prostíbulos, PP y Cs registraron su creación y fue aprobada en septiembre de 2018. Teniendo en cuenta que la petición iba a salir adelante, no tenía sentido que el grupo socialista se opusiera, pero no llegó a celebrarse porque la presidenta de la Junta entonces, Susana Díaz, convocó las elecciones autonómicas. Finalmente, se creó en marzo de 2019 ya con el PSOE en la oposición.

En total se han celebrado 27 sesiones y han sido llamados 58 comparecientes. De estos, no llegaron a comparecer, entre otros, ni José Antonio Griñán ni María Jesús Montero.

Manuel Chaves sí acudió, pero se acogió a su derecho a no declarar al entender que con su convocatoria se estaba vulnerando "la neutralidad" de la Cámara. Susana Díaz también asistió, pero se limitó a decir que cuando ella llegó a la presidencia del Gobierno andaluz ya no había Faffe.

Ayer jueves se cerró el plazo para la entrega de los distintos informes al presidente de la misma, el diputado por Ciudadanos Enrique Moreno, quien deberá elaborar a partir de ellas el dictamen que se someterá a votación en la misma comisión. Posteriormente, se llevará a la Cámara andaluza donde se votará previsiblemente en la próxima primavera.

En su informe, el PSOE lamenta que se haya obviado la presunción de inocencia haciendo hincapié en la coincidencia de este debate con el periodo preelectoral.

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. Por una parte, el exdirector de la fundación será juzgado por un jurado popular, tras la petición de seis años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Y, por otra, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, sigue investigando el proceso de contratación de 84 extrabajadores de la extinta fundación. Entre ellos, se encuentra Carmen Ibanco, la mujer de Juan Espadas, la cual ya reza como investigada.