Mercedes Alaya presidirá el juicio por el pago en prostíbulos con dinero de los parados andaluces

La juez Mercedes Alaya, la primera instructora del caso ERE, volverá a tener en sus manos un caso sobre el despilfarro de ayudas públicas. 

La Audiencia de Sevilla la ha designado como magistrada presidente del tribunal encargado del juicio con jurado el caso de la presunta utilización de varias tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía en varios puticlubs de la comunidad entre 2004 y 2009.

En aquellas fechas gobernaba el PSOE bajo el mando de Manuel Chaves, condenado posteriormente por el fraude millonario de los ERE, junto a José Antonio Griñán, que lo sustituyó en el cargo en 2009.

Así figura en un acuerdo emitido el pasado 23 de mayo por la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla, recogido por Europa Press, que firma el propio presidente de la Audiencia, Ángel Márquez Romero.

En la causa serán juzgados el que fuera director técnico de la Faffe Fernando José Villén Rueda y la directora económica financiera de la citada fundación en el periodo comprendido entre esos años, Ana Valls.

En total, Villén tendrá que responder ante la Justicia, para lo que aún no hay fecha, por el desvío de hasta 72.252 euros de ese dinero público. Con ellos, se pagaron facturas en hoteles, peajes, restaurantes y, lo más llamativo, los servicios prestados en cinco prostíbulos andaluces por un total de 32.566 euros.

José Ignacio Villaplana, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, mismo juzgado que instruyó el caso ERE con la propia Mercedes Alaya al frente, cree que hay indicios razonables para acusar a estos dos ex altos cargos por los delitos continuados de malversación y falsificación en documento oficial.

El desglose de gastos

Tras dar por cerrada la instrucción hace unas semanas, considera que ambos convinieron crear y gestionar esa caja B para poder realizar estos gastos echando mano del erario público. De las diligencias practicadas se deduce que Villén pagó con tres tarjetas, de las seis que llegó a disponer, gastos realizados en varios establecimientos.

En El Corte Inglés (113,90 euros), en discotecas (136,10), en estaciones de servicio (216,39 euros), en hoteles (1.805,39 euros y 715,28 euros) y en taller de vehículos (173,79 euros). Las cantidades más abultadas fueron destinadas a peajes (11.200,24 euros), restaurantes (21.005,76 euros) y establecimientos donde se practica la prostitución.

El gasto total en cinco prostíbulos alcanzó los 32.566 euros. El 20 de octubre de 2004 se pagaron 1.948 euros en el club don Ángelo, cuya historia contó aquí EL ESPAÑOL y, dos meses después, otros 830 euros en el mismo. El 17 y 18 de mayo de 2005, 1.691 euros en el Top Show de Sevilla; el 24 de mayo de 2005, 900 euros en el mismo establecimiento y el 8 de noviembre de 2005, 780 euros en el club La Casita de Sevilla. El 7 de abril de 2006, 1.120 euros en la Sala De Luxe de Córdoba; el 9 de abril de 2006, 270 euros en el mismo club.

También el 26 de marzo de 2008, 2.000 euros en el club Don Ángelo de nuevo; el 11 de abril de 2008, 1.931 euros en el club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz); el 3 de junio de 2008, 3.106 en el don Ángelo; el 10 de julio de 2008, 2.656 en el mismo, y el 22 y 23 de marzo de 2009 fueron 14.737 euros también en el citado local.

¿Y cómo lo hacían? Por la instrucción realizada, el juez cree que Villén desvió, durante años, fondos públicos mediante el pago de tarjetas bancarias. Después, con la ayuda de la directora financiera, amañaba las cuentas para simular un reintegro en metálico de las cantidades.

El titular del juzgado señala que, para aparentar las devoluciones, ambos acusados habrían simulado el retorno de anticipos, dietas, gastos, viajes... Incluso llegaron a añadir una factura falsa con fecha 18 de abril de 2008, que habría sido emitida bajo el concepto "comida de coordinación de proyecto". Su importe ascendía a 2.514,50 euros.

Para este amaño, el juez cree que los acusados habrían utilizado la caja de la dirección económica financiera de la Faffe, simulando supuestas reposiciones en metálico de aquellas disposiciones ilícitas que, en realidad, eran inexistentes. Así conseguían camuflar estos gastos como ingresos en la caja central, para su posterior inclusión

como tales en la contabilidad.

A Fernández le pesan hoy día dos condenas. Una primera de siete años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por 19 años por malversación y prevaricación por el caso ERE. Y una segunda de siete por las ayudas concedidas a la empresa envasadora de aceitunas Acyco.

En su declaración en el juzgado, Villén intentó hacer creer que el dinero que pagó en estos locales salió de su propio bolsillo, después de haber utilizado las tarjetas de la Faffe "por error". Por todos estos hechos, la Fiscalía le pide seis años de prisión.

Los trabajadores

Pero no es esta causa la única abierta en relación con la Faffe. El mismo juez está investigando las irregularidades en la contratación de 84 trabajadores. Entre ellas se encuentra Carmen Ibanco, la mujer del líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. 

Esas 84 personas fueron las señaladas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en la denuncia que formularon en 2018 como sospechosas de haber sido fichadas por sus vínculos personales y políticos con el PSOE, cuando gobernaban los socialistas en la Junta.

Entre ellos, además de la mujer de Espadas, están la mujer, la cuñada, un hermano y un sobrino de Villén; dos sobrinas de Gaspar Zarrías, exsecretario de Estado de Cooperación Territorial y exconsejero de la Junta, también condenado por el caso ERE, y otros dirigentes socialistas que habían perdido las alcaldías en sus localidades.