Lo que queda del 'caso ERE' once años después: 60 piezas investigándose y otros 60 juicios pendientes

Si ya el partido salió bastante tocado del batacazo electoral del pasado 19 de junio, aunque todos los dirigentes, incluido Pedro Sánchez, han cerrado filas en sus defensas, esta sentencia les ha supuesto otro duro golpe moral. Y puede seguir persiguiéndole durante un tiempo: los primeros espadas ya han sido juzgados y condenados, pero aún queda mucha tela que cortar.

En concreto, en la actualidad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hay más de 60 diligencias en investigación y existen otros 60 procedimientos abreviados pendientes de juicio. Algunos ya están en la Audiencia y señalados para los próximos meses.

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En total, han llegado a estar investigadas 500 personas entre excargos socialistas durante gobiernos anteriores; responsables de las empresas y entidades que recibieron las ayudas del denominado fondo de reptiles, mediadores y los intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo para cobrar esas ayudas.

De esos procedimientos, en más de la mitad de los casos, la instrucción está concluida y están a la espera de las calificaciones de las partes para su remisión a la Audiencia, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir que se abrieran más de 200 piezas en función del número de empresas que se beneficiaron de estas ayudas sociolaborales de manera arbitraria. Muchas de ellas se han archivado y otras ni siquiera han llegado a abrirse.

Sólo cinco juicios

A día de hoy, tras más de una década de esta compleja investigación, se han celebrado sólo cinco juicios. El primero, el denominado procedimiento específico —la pieza política— arrancó en 2017. El proceso judicial duró un año, la sentencia se conoció once meses después y hace 48 horas fue confirmada por el Supremo.

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El segundo fue el de las ayudas concedidas a la empresa conservera Acyco. En ese caso, la Audiencia Provincial condenó a siete años de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, también condenado en la pieza política de los ERE, junto al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

En el tercer juicio fue condenado a año y medio de prisión el empresario y exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, hermano del expresidente del Gobierno andaluz, José María Rodríguez de la Borbolla, por malversar ayudas por importe de 8,4 millones a un entramado de empresas del corcho vinculadas a él.

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El cuarto, que aún está pendiente de la sentencia, juzgó hace unas semanas a cinco beneficiarios de ayudas que supuestamente crearon una empresa denominada Novomag, de La Línea de la Concepción (Cádiz), para cobrar ayudas por valor de 420.708,47 euros. Su objetivo era saldar las deudas contraídas con otra empresa.

El último en ser juzgado fue el empresario catalán Carles Vandellós Blanch tras presuntamente vaciar su bollería de la localidad onubense de Nerva tras cobrar una ayuda de 147.913,72 euros.

En este caso, únicamente se sentó en el banquillo el supuesto beneficiario poque los ex altos cargos fueron excluidos por haber sido enjuiciados en la pieza política. Esta situación confirma el galimatías jurídico existente sobre esta macrocausa tras la aplicación del principio non bis in ídem, que impide enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos. Este principio se aplica en algunas piezas, en otras no.

En cualquier caso, desde la Audiencia de Sevilla confían en que cuando se emita la sentencia del Tribunal Supremo, previsiblemente en el mes de septiembre, se pueda clarificar la situación y determinar si afecta al resto de las piezas pendientes.

Esta sentencia del alto tribunal viene a confirmar la tesis que el magistrado Juan Antonio Calle detalló en el fallo de la Audiencia sobre cómo el Gobierno andaluz aprobó infinidad de modificaciones presupuestarias para cubrir un procedimiento ilegal. 

El objetivo de los promotores era mantener la paz social en un momento con miles de trabajadores de empresas afectadas por la crisis económica. El dinero, cifrado en 680 millones, salía de forma arbitraria de la partida presupuestaria 31L, también conocida como fondo de reptiles. La cifra de prejubilados beneficiados superó los 6.000 y, salvo a los casi 200 intrusos, la Justicia los considera como terceros de buena fe.

De hecho, el Gobierno andaluz continua pagando esta factura. El coste final que terminarán abonando los andaluces, a través de la Administración, rondará los 1.300 millones de euros, y lo hará hasta el año 2025. En esas fechas se estima que se jubilarán todos los trabajadores que aún están percibiendo estas rentas. 

Por su parte, el anterior Gobierno andaluz tuvo sobre la mesa su intención de recuperar el dinero defraudado a los andaluces, que asciende a los 680 millones. El proceso será largo y difícil y, en cualquier caso, hay que esperar a que la sentencia sea firme por parte del Supremo. Para ello, la Junta ya está estudiando varias vías. 

Los inicios

El caso comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez Mercedes Alaya abrió las primeras diligencias en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Lo hizo a raíz de las investigaciones iniciadas por las presuntas irregularidades detectadas en los ERE llevados a cabo en la empresa pública Mercasevilla.

La instrucción pasó por diversas fases a medida que Alaya escalaba por la supuesta pirámide de responsabilidades que iba apreciando hasta que llegó a Chaves y a Griñán. Pidió la imputación de ambos al ser aforados. Lo hizo el mismo día que Susana Díaz tomaba posesión como presidenta de la Junta tras la dimisión de Griñán en agosto de 2013.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Susana Díaz junto a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. EFE

En un primer momento, la Junta de Andalucía se personó en el caso como acusación particular. La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitó que Chaves, Griñán y compañía —en caso de ser condenados— se vieran obligados a reintegrar los cientos de millones hurtados. No obstante, un mes después, y coincidiendo con la orden de Susana Díaz de retirar a la Junta como acusación particular, el Ministerio Fiscal retiró aquella exigencia. Sí mantuvo esa petición el PP como acusación popular.

Primeros envíos a prisión

Varios ex altos cargos ya han pisado la cárcel. El grueso de las declaraciones comenzó en marzo de 2012 coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Fueron los primeros comicios en los que el PSOE perdería la mayoría absoluta, pero pudo gobernar con IU, evitando la presidencia del popular Javier Arenas tras obtener 50 diputados.

Uno de los primeros en declarar fue el ex director general de Trabajo desde 1999 hasta 2008, Francisco Javier Guerrero, y al día siguiente fue enviado a prisión como principal acusado. Falleció el pasado mes de octubre.

Unos días después Juan Francisco Trujillo, que fue su chófer, aseguró ante la juez que llegó a gastar hasta 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe. Lo hizo, según dijo, con el dinero de las ayudas públicas de la Junta que recibieron irregularmente sus empresas. Este juicio se celebrará en septiembre.

[A juicio el exchófer que dijo que gastó de ayudas de parados andaluces 25.000 euros al mes en cocaína]

El sábado de jornada de reflexión de las elecciones de 2012 y tras cuatro días declarando, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández corrió la misma suerte y también acabó en prisión. La juez consideró que había hecho "dejación absoluta" de sus funciones y permitió "el despilfarro continuado" de los fondos públicos.

El relevo de Alaya

Mercedes Alaya llevó las riendas de la investigación de esta macrocausa y de otras de corrupción hasta julio de 2015. En esa fecha dejó el Juzgado de Instrucción 6 tras conseguir una plaza en la Audiencia. Le sucedió María Núñez Bolaños, que decidió dividir la causa en piezas separadas, una cuestión a la que su antecesora siempre se había opuesto. 

El traspaso no estuvo exento de polémica. Alaya llegó a cuestionar la profesionalidad e imparcialidad de su compañera. En una entrevista en el diario ABC en mayo de 2018 llegó a decir que el PSOE y el PP votaron en el CGPJ apartarla a ella de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación.

La juez Núñez Bolaños pasó a estar en el ojo del huracán. Fue denunciada por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por "desatención y retraso" en la tramitación de las macrocausas que llevaba.

Mercedes Alaya en una charla en el Club Siglo XXI en una imagen de archivo. Efe

Todo ello, tras un informe elevado por los seis fiscales anticorrupción de Sevilla. En un auto judicial, la juez llegó a decir que algunos investigados en los ERE, "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas".

La denuncia fue archivada en septiembre de 2020 y unos días después Núñez Bolaños dio un paso al lado tras acordar un plan de actuación con el juez de refuerzo de su juzgado, José Ignacio Villaplana. Este se está encargando de las macrocausas y ella de las tareas ordinarias.

La muerte de Guerrero 

Otro punto de inflexión en esta macrocausa fue la muerte, en octubre de 2020, de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, conocido en El Pedroso, su pueblo donde fue alcalde, como El Marqués.

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Guerrero, considerado el cerebro de la trama, murió sin ninguna condena firme porque las dos sentencias dictadas contra estaban pendientes en el Supremo. Fue condenado a siete años de prisión en la pieza política de los ERE y a más de cinco años por la causa de los contratos fantasma en la empresa Umax. 

Guerrero llegó a estar inmerso en 147 piezas. De ellas, ya se habían archivado 90, y al morir toda la responsabilidad penal quedó extinguida, según confirmó a este periódico en aquellas fechas su abogado Rafael Ramírez-García.

No obstante, además de la causa de los ERE este juzgado continúa investigando varias piezas de distintas macrocausas como Invercaria, cursos de formación, las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe), o los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea.

De ahí que desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se planteen una situación de refuerzo distinta a la actual para que tal cantidad de procedimientos judiciales no se eternicen. Chaves y Griñán han conocido su sentencia firme nueve años después de su imputación.