Sánchez se comprometió por ley en 2018 a hacer 10 obras para salvar Doñana y no ha iniciado ninguna

Ese trasvase debía servir para contribuir a salvar Doñana, al evitar la sobreexplotación del agua subterránea en los alrededores del parque. Pero de las obras que debían llevar recursos a la comarca del Condado de Huelva no hay ni rastro

La guerra del agua abierta entre el Gobierno andaluz y el nacional aumentó los decibelios este jueves durante la jornada de pleno en el Parlamento autonómico, con aviso de Bruselas de por medio para evitar nuevos regadíos.

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Pero desde la Junta insisten en que lo que van a aprobar es una reorganización del suelo, es decir, acreditar que esas hectáreas dejen de ser de secano para que puedan recibir agua, siempre superficial y que excedan de la cuenca. De hecho, creen que si finalmente el Gobierno decide interponer un recurso al Tribunal Constitucional no prosperaría porque es su competencia.

Las obras pendientes

Según establece la ley de 2018 suscrita por el Gobierno de Sánchez, para que el trasvase fuera una realidad se declararon de Interés General del Estado un total de 10 obras: la construcción de la presa Pedro Arco, el desdoblamiento del túnel San Silvestre, el desdoblamiento de sifones 4 y 5 del canal del Piedras en Huelva, el del sifón Odiel, en 2ª fase, y el del sifón por la margen izquierda del Odiel hasta la galería forzada.

También el aumento de la capacidad de regulación de los depósitos de Huelva, el de la capacidad de regulación de la balsa de regulación del anillo hídrico, el de la de transporte del anillo hídrico entre los depósitos de Huelva y la balsa de regulación del mismo.

En la Demarcación del Guadalquivir, según la ley, deberían construirse además balsas de regulación e infraestructuras de distribución y obras para transporte y regulación del trasvase.

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Según han podido confirmar este periódico, el Gobierno únicamente ha adjudicado hasta la fecha las obras del desdoblamiento del túnel San Silvestre, que podrían iniciarse el próximo mes de junio tras varios años de espera, pero los propios agricultores y la Junta de Andalucía son escépticos.

Para esta construcción, en concreto, el Gobierno ha destinado una inversión de 73,5 millones de euros y tiene un plazo de ejecución hasta 2026. Este periódico se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para conocer el estado de esas infraestructuras, pero no ha obtenido respuesta debido a la densidad de la información requerida, según fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera.

La Junta sí ha iniciado las obras que en un principio le correspondían antes de que fueran declaradas de Interés General del Estado, como son los desdoblamientos de los sifones, por valor 3,7 millones de euros, la puesta en servicio del canal del enlace directo, por 10,5 millones y el aumento de Capacidad de los depósitos de cola del sifón del Odiel con un presupuesto de 17,5 millones.

Desde el Gobierno andaluz critican que tanto Pedro Sánchez como Teresa Ribera se muestren como defensores del espacio natural con el lema "Doñana no se toca", pero cinco años después no se haya puesto en marcha ninguna infraestructura y muchas no estén ni presupuestadas.

Desde la Junta también abundan en la necesidad de construir otra obra vital para el agua en Huelva. Se trata de la presa de Alcolea. En diciembre se recogieron 380 hectómetros cúbicos de agua de lluvia, sin embargo, la cuenta del Tinto, Odiel, Piedras sólo pudo almacenar 210 por falta de espacio y tuvo que abrir embalses ante la falta de espacio.

4 hectómetros para 800 hectáreas

El Gobierno andaluz ha hecho sus cuentas. Si finalmente se aprueba su ley y se recalifican para regadío unas 800 hectáreas de más de un millar de agricultores, se necesitarían 4 hectómetros cúbicos para abastecerlas. Por tanto, lamentan que "se haya perdido tanta agua" por la falta de esa infraestructura. 

Pero desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Gobierno central, aseguran que está prohibido que el agua trasvasada pueda usarse para regar nuevas zonas de cultivo. 

Además, subrayan que ya se trasvasan más de 7 hectómetros cúbicos, al sumar los 4,99 de un primer trasvase que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011.

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Aseguran también que estas asignaciones de recursos hídricos estarán limitadas a la sustitución de agua subterránea por superficial en zonas de regadío con derechos ya acreditados.

La ley del trasvase expresa, literalmente, que estas aguas en ningún caso podrán destinarse a la creación de nuevos regadíos, ni a la ampliación o modificaciones de las características de los existentes que impliquen un incremento de las superficies.

Es decir, que no podrán destinarse a las nuevas hectáreas que se recalifiquen. De ahí que la Junta esté dispuesta a solicitar que se modifique la ley del trasvase o que incluso se amplíe el actual con más obras. Desde el PSOE andaluz lo ven descabellado teniendo en cuenta la situación de sequía actual.

Otra cuestión que alegan desde el Gobierno andaluz es que el Ejecutivo central ha incumplido el artículo 4.3 de la ley. Este reza que, mediante orden ministerial, se creará una Comisión de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos con representantes de las dos Administraciones para, entre otras funciones, redactar las normas de explotación del trasvase, definiendo los volúmenes transferibles. 

Desde la Junta aseguran que esta comisión se creó en febrero de 2022 y que designó a sus representantes en junio de ese año, pero hasta la fecha no ha sido convocada ni una sola vez. Sin embargo, desde el Ministerio señalan que la asignación del recurso la realiza el organismo de cuenca a través del procedimiento establecido en la Ley de aguas.

Lejos de aplacarse, la guerra del agua aumenta su caudal a 44 días de unas elecciones municipales.