El Gobierno andaluz pide que toda persona con "enfermedad grave" tenga el mismo trato que Griñán

El Gobierno andaluz respeta la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la suspensión de la condena de seis años de prisión al expresidente andaluz José Antonio Griñán durante los próximos cinco por el cáncer de próstata que padece.

Sin embargo, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, el popular José Antonio Nieto, cree que esta decisión judicial sobre el expresidente condenado por el caso ERE abre "una nueva valoración" sobre este tipo de situaciones.

A su juicio, a partir de este momento, "todos los ciudadanos que tengan una enfermedad grave deben tener el mismo trato" que el también expresidente del PSOE.

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En un auto notificado ayer a las partes, el tribunal accedía de este modo a la solicitud de suspensión de la condena realizada por la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía, de 77 años de edad, en base al artículo 80.4 del Código Penal.

El mismo dispone literalmente que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

José Antonio Nieto ha apuntado que entiende que "había que tomar una decisión" y por parte del Gobierno andaluz respetan la tomada por dicho órgano judicial.

Ahora bien, el consejero ha insistido en que, a partir de ahora, se abre una nueva valoración de este tipo de situaciones para que todos los presos con enfermedad grave tengan el mismo trato que Griñán.

Los magistrados basan su resolución en el último informe forense sobre su salud, emitido el pasado 15 de junio, tras solicitar al Instituto de Medicina Legal hasta en tres ocasiones que concretara su diagnóstico. El mismo recomendaba que el expresidente de la Junta de Andalucía no entrara en prisión la padecer una enfermedad incurable.

Este dictamen fue emitido después de que el expolítico fuese sometido a un tratamiento de radioterapia. La Justicia lo ordenó "a fin de evaluar si persistía la situación de gravedad de la enfermedad o, por el contrario, se había modificado su estadio clínico".

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En su informe, la forense aclaró que "no todos los procesos cancerosos son iguales". Tampoco lo son las respuestas a las terapias. De ahí la necesidad de que el análisis de cada enfermo sea individualizado, recordaba la profesional.

Además, la forense destacó que un informe anterior, fechado el 24 de mayo, previo al tratamiento de radioterapia, ya advirtió de los problemas que supondría para la propia cárcel que Griñán ingresase en ella. "Tanto en las consultas programadas como no programadas, para el traslado al hospital de referencia, siendo los tratamientos, en general, externalizados", indicaba el dosier.

La salida de Viera

Ya hay otro condenado por el caso ERE fuera de la cárcel. Hace tres semanas, le fue aplicado el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario (que permite la clasificación de tercer grado de internos penados con padecimientos incurables) al exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera.

Ha sido el primero en abandonar la prisión y su salida ha podido allanar el camino al expresidente José Antonio Griñán para eludirla. También, al exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá para que le apliquen esa misma clasificación.

Este último cumple condena desde el pasado mes de abril diagnosticado de un sarcoma de partes blandas —un tipo de tumor maligno—, aunque sigue en segundo grado. La Audiencia ejecutó su pena porque su tratamiento puede ser dispensado en el centro penitenciario con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido.

No obstante, tanto Griñán como el resto de condenados siguen apurando todos los pasos para ser absueltos. Lo último, el recurso de amparo elevado ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia inicial condenatoria, que ha sido admitido a trámite con el voto particular de dos magistrados.

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Enrique Arnaldo y César Tolosa defienden que la "relevancia social" del caso no justifica estudiar el asunto, recordando que con Nóos y Gürtel no se hizo.

Los condenados por el caso ERE albergan otra esperanza: que el Gobierno les indulte. La ley que regula la medida de gracia no establece plazos y depende de la voluntad política. La fecha actual, al filo de unas elecciones generales, no les favorece, al ser un tema controvertido para el Ejecutivo central.