Las seis claves del pacto por Doñana, el primer gran acuerdo de la legislatura entre PP y PSOE

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagonizaron este lunes una bucólica imagen en pleno corazón del Parque Nacional de Doñana que hace unos meses era impensable.

Ambos visitaron durante casi dos horas algunas zonas del espacio para representarel acuerdo que supondrá la firma del que ha sido considerado el primer gran pacto de la legislatura entre PP y PSOE.

"Me encantaría que esta fuera la fórmula general entre el Estado y la Comunidad", señaló Moreno, aunque él mismo se dio un baño de realidad: "Depende de muchas cuestiones". En cualquier caso, aseguró que ha olvidado estos años de rifirrafe porque "bien está lo que bien acaba y esto es un acuerdo histórico en beneficio de Doñana y de Andalucía".

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El pacto se firmó en Almonte tras 55 días de intensas negociaciones, aunque en un principio el plazo se estipuló en un mes. El objetivo es crear un marco de actuaciones para preservar el parque que llevará consigo la movilización de 1.400 millones de euros y, al mismo tiempo, enterrar definitivamente la polémica proposición de ley autonómica que perseguía reordenar la superficie de regadíos sobre 700 hectáreas.

En resumidas cuentas, los agricultores de 14 localidades del entorno de Doñana  podrán cobrar ayudas de hasta 100.000 euros a cambio de renaturalizar o reforestar sus tierras de regadíos para evitar las presiones al acuífero ante la falta de agua y que Doñana se seque, aunque hay más claves. Las siguientes preguntas y respuestas pueden ayudar a entender el acuerdo firmado entre ambas administraciones.

1. ¿Cuándo surge el conflicto?

El problema surge en 2004. Entonces se hace una foto cenital de los cultivos de regadíos en el entorno de Doñana para reorganizarlos ante la situación agónica del acuífero principal del espacio. Diez años después -en 2014- únicamente se le permitió cultivar a quienes aparecieron en la instantánea.

Pero muchos agricultores aluden que la imagen no los recoge pese a que sí tenían actividad en sus explotaciones. Otros, que la Junta o el Gobierno les dio ayudas públicas para cultivar. "¿Cómo van a prohibir el cultivo de frutos rojos si la administración lo fomenta con dinero público?", se preguntaron en aquellas fechas.

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Por eso, hace dos años PP y Vox propusieron en el Parlamento una ley de reordenación de los regadíos en el entorno del parque natural con el fin de dar carta de legalidad a las tierras que quedaron fuera del acuerdo de 2014. También la zona suponía un granero de votos importante unos meses antes de la campaña electoral andaluza, y Doñana se convirtió en un arma electoral, cuya guerra perdió el PSOE.

Ante la propuesta, el Gobierno, los ecologistas y la Unión Europea se posicionaron en contra. Creían que era una agresión al parque. Los agricultores señalaban en cambio que ellos siempre han cultivado y que, además, estaban lejos de la zona protegida. No son ni preparque, aludían. 

2. ¿Por qué se firma el pacto?

Influyen varias cuestiones. Las principales son electorales y legales. Pese a que estaba casi cerrado el acuerdo hace al menos dos semanas, se ha esperado a terminar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Superado ese hito político, se le dio luz verde desde el Gobierno central para la firma. Desde Andalucía preferían también esperar por si se podía apretar más la negociación y por espaciar la toma de posesión de Sánchez con la foto del presidente de la Junta con la ministra Teresa Ribera. 

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¿Cambia el acuerdo la relación PP-PSOE?

Está por ver, pero desde luego es el primer acuerdo entre PP y PSOE de esta legislatura. Llega, además, tras un momento de mucha tensión entre ambos partidos por la Ley de Amnistía a los condenados o procesados por el golpe en Cataluña. 

El acuerdo abre además una ventana al diálogo. De hecho, el presidente de la Junta ha señalado tras la firma del acuerdo que le gustaría que el pacto Junta-Gobierno fuera "la fórmula general" para futuras cuestiones entre Andalucía y la Moncloa. 

¿Cuánto dinero hay sobre la mesa?

En total, 1.400 millones de euros hasta 2027. Ese dinero se repartirá de forma desigual. Quien más tiene destinado son los agricultores que abandonen el cultivo de regadíos y renaturalicen sus tierras durante, al menos, 30 años. Mantienen la propiedad, por lo que no es compra, pero dejan de cultivar fruto rojo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, tras la firma del acuerdo.. Junta de Andalucía

En total, cobrarán ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea en cinco años. De ese dinero, 70.000 euros saldrán del cupo del Gobierno central; 20.000, de la Junta; y los 10.000 restantes, de la Diputación de Huelva.

Quienes decidan pasarse al cultivo de secano tendrán 2.500 euros por hectárea y quien se haga de cultivo ecológico, 1.000. En ambos casos hay un compromiso de estar en esa actividad al menos cinco años. No obstante, se desconoce por el momento si habrá complementos en estos casos por parte de la Junta y de la Diputación.

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Además, el plan contempla fondos para la formación de empleo, acceso a la vivienda, conexión a internet de la zona, energías renovables, agricultura, pesca, servicios púbicos municipales...

¿Qué agricultores tendrán ayudas?

Todos. No hay límites. Eso incluye también, señalan fuentes judiciales conocedoras del pacto, a quienes han estado extrayendo agua de forma ilegal.

En el texto no se recogen condiciones más allá de tener una explotación de regadío en la zona afectada, que alcanza los 14 municipios en Huelva, Sevilla y Cádiz. 

No obstante, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico matizan: "Todo dependerá de lo que se establezca en las Bases reguladoras y del criterio de la Abogacía del Estado". Sobre esta cuestión se han mostrado en desacuerdo organizaciones ecologistas como Greenpeace.

¿Se soluciona el conflicto?

Parece que sí. La Junta se compromete ayer a retirar la ley de reordenación de regadíos del entorno de Doñana, como había anunciado. Los agricultores han indicado que acatan el acuerdo y el Gobierno central sostiene que se ha desactivado el problema.

Aún quedan, sin embargo, flecos. Por ejemplo la Unión Europea no se ha pronunciado y tiene un proceso de sanción abierto contra España. El acuerdo, sin embargo, muestra disposición y puede ayudar en esta cuestión. 

En todo caso, la Junta y el Gobierno llegan a la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebra desde este viernes, con los deberes hechos. Doñana está blindada y el agua protegida tras el cierre además, por parte de la Administración andaluza, de una ampliación histórica de 7.500 hectáreas con la reciente compra de la finca Veta La Palma.