El Gobierno andaluz quiere extender ahora "el espíritu de Doñana" a la lucha contra el narco

El Gobierno andaluz quiere seguir aplicando su vía andaluza, la que los mismos populares llaman del consenso y la moderación, para llegar a acuerdos con otras administraciones.

Esta semana lo han hecho hasta por tres vías. Una para reconducir el acuerdo de Doñana después de que el Ministerio lo dejara en stand by por un cambio en la legislación autonómica que podría afectar al parque.

Otra por la sequía con una reunión en san Telmo con la ministra Teresa Ribera y, una última, para consensuar con el Gobierno central un plan integral que aborde el problema del narcotráfico en el Estrecho desde una perspectiva conjunta para ser los más efectivos posibles. Todo ello tras la muerte de dos guardias civiles hace unas semanas en Barbate.

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El plan lo presentó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, esta semana en el Parlamento en una sesión especialmente convulsa y con la presencia de asociaciones de guardias civiles en la Cámara. 

La propuesta del Gobierno andaluz pasa por la creación de una mesa interadministrativa en la que Gobierno central, Junta, Diputación de Cádiz y ayuntamientos pongan en marcha un Plan Integral para el Campo de Gibraltar y una reunión inmediata de la Junta de Seguridad.

"El narcotráfico es un problema global que hay que abordar desde todos los puntos de vista, como el empleo, social, económico y el de inversiones, para poder superarlo", aseguró el consejero.

Para ello, ve fundamental que "los dos grandes partidos" se sienten y dialoguen para acometer las reformas legislativas que sean necesarias para endurecer las penas por agresión a agentes y delitos de narcotráfico. Incluyendo también a los colaboradores que ayudan con sus embarcaciones para aprovisionar víveres y combustible para los narcos.

Al respecto, el consejero propuso acciones muy concretas en todos los ámbitos, pero especialmente en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, como la ampliación de los catálogos de puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entiende que sus necesidades han cambiado mucho de las establecidas hace más de 20 años.

De esta manera, se reforzarían el personal operativo y los servicios de investigación con una nueva distribución de las unidades que tendrían incentivos profesionales, sociales, así como complementos por pertenencia en la zona.

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Por otro lado, Antonio Sanz defendió también que la Audiencia Nacional pudiera asumir los mayores delitos de narcotráfico, lo que beneficiaría sobre todo a la clase judicial de la zona. Y el establecimiento de una base marítima para la Guardia Civil y SVA en Barbate, lo que ayudaría considerablemente en las tareas de vigilancia gracias a la presencia de más agentes.

El consejero defendió que Cádiz y su provincia no son un destino más cuando se habla de seguridad y narcotráfico y, por ello, reclamó "acabar con los parches y ejecutar medidas excepcionales".

"El mejor homenaje que podríamos hacerle a David y a Miguel Ángel es tomar esas medidas que tanto tiempo llevan esperando nuestros agentes para que sus muertes no hayan sido en vano", remarcó el consejero.

La sesión fue especialmente convulsa por el tono elevado de algunos comparecientes, entre ellas la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal. La socialista sostuvo que el PP andaluz no tenía "credibilidad" y "tenía las manos manchadas" por narcotráfico mientras mantuviera en su cargo a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, con un "patrimonio millonario de dudosa procedencia".

Ese mismo día, a nivel nacional, el PP aprobó una reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Senado. Y En el Parlamento, fueron especialmente sentidas las intervenciones de los diputados de Por Andalucía, José Antonio Delgado, y de Vox, Benito Morillo, ambos guardias civiles de profesión, quienes también pidieron la dimisión del ministro. 

Antonio Sanz no lo pidió, aunque sí insistió en la declaración de Zona de Especial Singularidad porque traería el incremento de más y mejores medios para los agentes, como vehículos antiembestidas, medios de autoprotección y un mayor número de embarcaciones.

El acuerdo de Susana Díaz y Zoido

La medida recuerda al acuerdo de colaboración que firmaron la entonces presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz con el también andaluz ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en 2018. También estuvo presente Antonio Sanz como delegado del Gobierno.

Aquel encuentro precisamente fraguó el germen de OCON Sur, el grupo de élite de la Guardia Civil, con 150 hombres disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana, y que en 2022 fue desmantelado.

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