Los gerentes del SAS piden al juez una fianza de 15.000 euros a cada socialista personado en el caso de los contratos 'exprés'

Los tres gerentes señalados por el caso de los contratos de urgencia por el Covid en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) quieren evitar que el PSOE haga un uso "torticero" de la querella. Para ello han pedido al juez que imponga una fianza de 15.000 euros a cada socialista personado en la causa.

Esto supone que el grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía tendría que desembolsar hasta 450.000 euros para poder tener a todos los diputados del PSOE andaluz personados como acusación.

Se da la circunstancia de que el PSOE ya ha pagado una cantidad para presentarse la querella. Pero han sido solo 5.000 euros. Con esa cantidad han podido personarse los 30 diputados del grupo socialista.

EP Sevilla

Informes de Salud avalan los contratos del SAS que denuncia el PSOE por "evidentes razones de interés general"

Según explican fuentes del Gobierno andaluz, eso no es suficiente. Con un 'precio' tan bajo, entienden, el PSOE consigue hacer daño mediático en un caso en el que, insisten, no hay nada de ilegal. La denuncia es, subrayan, una forma de ataque político que no busca "indagar nada".

De hecho, insisten desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, todos los contratos se hicieron "dentro de la ley". Esto es algo que refrendan los informes que emitió en su momento la Administración andaluza y que argumentó que las contrataciones exprés se hicieron por "evidentes razones de interés general".

Pandemia de Covid

La fórmula de contratación, cabe recordar, se puso en marcha en 2020. En ese momento Andalucía -y el resto de mundo- vivía en medio de la mayor pandemia sanitaria de la historia moderna desde el VIH en los años 80. 

En ese contexto, han explicado varias veces desde la Consejería de Salud y Consumo, el SAS se acogió a un sistema de contratación 'exprés' para poder respuesta a la inmediatez que exigía la crisis sanitaria del Covid-19.

Esa forma de contratación rápida se mantuvo hasta 2023, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia de la ONU para la Salud, dio por terminada la pandemia del coronavirus. 

Sin embargo, desde el PSOE entienden que los contratos se extendieron hasta 2024. Señalan que no se paró la firma de convenios exprés un año después del fin de la crisis sanitaria. 

"Legales"

En la Junta desmienten esta cuestión. Explican que las operaciones que algunos centros sanitarios privados registran como de 2024 son, en realidad, contratos otorgados hasta 2023, cuando eran legales. Pero se trata de actos médicos que se realizan tras el fin de la normativa y se añaden o modifican a las partidas originales. Son "adendas", no nuevos contratos, insisten. 

Además, desde la Junta defienden que no es cierto que la Junta cambiase la forma de contratación para realizar esos contratos de emergencia, como insinúa el PSOE. De hecho, presumen de que se pasó de ninguna fiscalización a la comprobación posterior de los documentos y proveedores. Se añadió, por tanto, control financiero a los contratos Covid-19.

El PSOE no lo ve así. Señalan que los contratos eran ilegales desde el inicio y que el SAS no debería haberlos puesto en marcha, pese a los informes de la intervención que los avalaban. 

Investigación

Por ello, acudió a la Justicia. Ahora es el Juzgado número 13 de Sevilla el que investiga la cuestión en base a la documentación aportada por los socialistas y la que ha solicitado al Gobierno andaluz sobre la cuestión.

En la causa están señaladas tres personas, los tres últimos gerentes del SAS. Son ellos quienes han pedido que el PSOE tenga que pagar hasta 15.000 euros por querellante para evitar que salga "barato" acusar de cuestiones que, señalan, solo buscan el daño político y no aclarar la verdad del caso.