El mapa de la eutanasia en Andalucía: 57 muertes desde que la ley entró en vigor tras 108 peticiones

Tres años después de la entrada en vigor de la ley de eutanasia aún es una prestación desconocida para la mayoría de la población. Desde el 25 de junio de 2021, una persona que desee no seguir viviendo debido a un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante", como señala el texto legal, puede solicitar asistencia para morir con dignidad.

Después de 34 meses en el sur de España se han abierto hasta 108 expedientes, de los que se han aprobado 57 en todas las provincias. Donde más se ha solicitado ha sido en Málaga, cuyo acumulado alcanza casi los 40 casos, según los datos facilitados a EL ESPAÑOL por la Consejería de Salud.

La primera muerte por eutanasia legal a nivel nacional se produjo el 23 de julio de 2021. Se trataba de una mujer de 86 años residente en Durango (Vizcaya). La última, la de José Díaz, ocurrió a principios de esta semana en Huelva. Contaba con 33 años de edad.

[Muere al recibir la eutanasia el onubense José Díaz tras años de lucha para conseguirla]

El joven falleció tres años después de sufrir un accidente doméstico que le provocó una necrosis cerebral. En concreto, una intoxicación con metanol le dejó secuelas irreversibles como la pérdida de la vista, el habla y una movilidad mermada.

Su caso, quizás, haya sido uno de los más llamativos por la burocracia que ha padecido. La solicitó hace casi un año y nueve meses, hasta que un médico de su centro de salud tras muchas trabas accedió a tramitarle el expediente. El plazo medio debería ser unos 40 días, aunque en Andalucía asciende a los tres meses.

Pero ¿cómo se solicita la eutanasia? El primer paso es pedirla en el centro de salud. La solicitud tiene que hacerse por escrito y firmada por el paciente y la de un profesional sanitario.

Lo que ocurre es que muchos de estos sanitarios pueden declararse objetores. En octubre de 2021, la Consejería reguló mediante decreto la creación de la Comisión de Garantías y Evaluación y también el Registro de profesionales objetores de conciencia a la prestación de la ayuda a morir. Sin embargo, ese listado no es público, según la Asociación Morir Dignamente.

Médicos objetores

Isabel Torres, vocal de la junta directiva en Andalucía, asegura en conversación con este periódico que "muchos pacientes se encuentran la primera trabaja en el centro de salud". Cree que muchos sanitarios "son más objetores de conveniencia, que de conciencia".

Torres entiende que la burocracia es "muy engorrosa" y la Atención Primaria de por sí "ya está saturada". El problema de los plazos es que si se dilatan mucho, los solicitantes pueden fallecer antes de recibirla. "Entonces ya no es morir dignamente".

[El mapa de la eutanasia en España: 370 muertes desde que la ley entró en vigor; un tercio, en Cataluña]

También se tiene que realizar una segunda solicitud, acompañada por la firma de un segundo sanitario especialista en la enfermedad que se padezca, por si la persona se arrepiente. No obstante, Torres aclara que cuando se solicita suele ser una petición "muy meditada", aunque la ley permite aplazarlo entre dos o tres meses si el paciente quiere.

Torres destaca a su vez que en otras comunidades, como Navarra o Cataluña, el proceso es más ágil. Incluso han puesto en marcha protocolos y equipos médicos específicos.

En general, la edad media de los pacientes está en alrededor de los 67 años, aunque el más joven tenía 29 y, el mayor, 97. Los fallecimientos se reparten casi a partes iguales entre el hospital y el domicilio y la inmensa mayoría se tramita a través de la sanidad pública.

En los seis primeros meses desde la entrada en vigor de la LORE, solo hubo uno a través de una entidad privada. De hecho, desde la asociación denuncian la falta de colaboración de estas últimas señalando que las principales aseguradoras no han dado respuesta a las solicitudes recibidas.

El principal hueco a rellenar, no obstante, es qué pasa con las eutanasias que no se realizan. La asociación calcula que son más de mil las solicitudes efectuadas en todo el país, lo que implica que menos de un tercio se llevaría a término.