Las víctimas de la política de vivienda de Podemos: "Con 56 años y en paro me arrebatan la VPO"

Carmen B., divorciada y en paro, tomó una dolorosa decisión a sus 56 años: vender su vivienda para pagar los 20.000 euros que le restaban de una hipoteca que ya no podía afrontar. El plan consistía en saldar la deuda y, con el sobrante, comprar un piso más humilde para ella y su hijo de 28 años (también en paro). Al cumplir todos los requisitos pudo optar a una VPO de 73.000 euros en la calle Pintor Sabater de Valencia, y llegó incluso a dar la señal. Pero le surgió un contratiempo inesperado: la Conselleria de Vivienda que dirige Unides Podem. 

“Yo no me lo podía creer. Me advirtieron de que, al ser una VPO, la Generalitat Valenciana tenía que dar el visto bueno a la operación, pero que nunca se las quedaban”, relata Carmen a EL ESPAÑOL. En efecto, la autonomía llevaba años haciendo un uso residual del derecho de tanteo que le permite desde hace años recuperar las viviendas construidas por la administración pública. 

Pero, en la presente legislatura, con el vicepresidente y conseller Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) al frente de Vivienda, el tanteo se ha convertido en una herramienta muy utilizada para engrosar el parque público.

Según expone continuamente la conselleria, su objetivo principal son las operaciones entre sociedades. El tanteo ante compraventas entre particulares es “una excepción” que solo ejercen en “determinadas zonas muy tensionadas” -como Valencia, Alicante y sus áreas metropolitanas-. Pero una de esas excepciones ha privado a Carmen de comprar una VPO.

Meses de espera

“Y no solo me quedé sin la vivienda. Como tardaron mucho en contestarme, nos tocó pedir ayuda a la familia para que nos acogieran mientras resolvían si se la quedaban o no, viviendo sin nuestras cosas, con todos los muebles en un almacén que nos tocó pagar durante meses”, agrega Carmen.

Este es otro de los puntos que difiere del relato oficial de la Conselleria de Vivienda. El departamento presume de responder a notificaciones en plazos de “entre dos y tres días”, pero, en el caso de la operación de Carmen, agotó el plazo legal de 60 días con el que cuenta. “Fuimos notificados el 17 de junio de 2019 y comunicamos que nos la quedábamos el 17 de agosto”, precisan fuentes de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), que fue quien compró finalmente el piso.

El vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. EE

Carmen, tras lo ocurrido, afirma haberse sentido “totalmente abandonada” por la Generalitat Valenciana. “Me pareció increíble, aún no soy capaz de entender que, con 56 años y en paro, me arrebataran la VPO. Se supone que las VPO están para situaciones como la mía. Me hacía falta, iba a ser mi primera vivienda, y reunía todos los requisitos para comprarla”, cuenta.

“A mí me parece bien que compren viviendas para hacer alquiler social, pero no entiendo que tengan que fastidiar a otras personas necesitadas para las que se pensó la fórmula de la VPO”, agrega Carmen, que finalmente compró una vivienda libre por un precio superior, cercano a los 90.000 euros: “Acabé pagando más por un piso en la misma zona que estaba peor. Ya no pude disfrutar del precio de la VPO. Aunque tampoco me apetecía, porque podía pasarme lo mismo por segunda vez”.

Familia vulnerable

Según agrega la EVha, escrituró la vivienda tres meses y medio después de notificar a Carmen de que se la quedaba, el 2 de diciembre de 2019. Y pasaron siete meses más (casi 13 meses desde el intento de compra de Carmen) hasta que, a propuesta del Ayuntamiento de Valencia, se la adjudicaron el 7 de julio de 2020 a una familia vulnerable de 7 miembros: una pareja con un hijo mayor de edad, otros tres menores y un quinto en camino.

“Analizamos el expediente y concluimos que procedía adquirir la vivienda por tratarse de una zona muy tensionada en la que podríamos beneficiar a una familia vulnerable, como la que ahora la disfruta”, precisan fuentes de la EVha.

Al parecer, la entidad cuenta con cierto margen de maniobra para dejar pasar operaciones si detecta que el comprador también se encuentra en situación de necesidad, pero la liquidez con la que Carmen contaba tras haber vendido su vivienda original le restó puntos en este análisis.

Mónica Oltra, Ximo Puig y Rubén Martínez Dalmau, en la firma del acuerdo de Gobierno. EFE / PEP MORELL

“Me parece injusto, creo que deberían arreglar primero las que tienen vacías antes de hacer cosas como esta”, añade la afectada. En efecto, la Generalitat Valenciana tiene miles de viviendas deshabitadas, el grueso en mal estado y, muchas de ellas, okupadas (cerca de 1.300).

La actual Conselleria de Vivienda también ha redoblado los esfuerzos para reparar las viviendas que tiene en propiedad. En paralelo, no obstante, recurre a la controvertida fórmula del tanteo, con la que ahora puede interferir también en compras de vivienda libre (gracias a un nuevo decreto impulsado el pasado mes de junio).

En el marco de esta nueva política de compra, la Generalitat adquirió el pasado mes de junio 218 viviendas protegidas que Banco Sabadell se disponía a vender al fondo Cerberus. Lo hizo por un precio de 8,5 millones de euros (a una media de 39.000 euros por vivienda). En aquel caso, al tratarse de una gran operación entre entidades, la adquisición no impidió compras entre particulares.