La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana reconoció este miércoles a EL ESPAÑOL que prescinde de la gestión de Ribera Salud en el Hospital de Torrevieja sin ningún tipo de análisis de eficiencia que lo justifique. “No se ha hecho ningún informe, se realizarán a partir de ahora”, trasladaron fuentes oficiales del departamento.
Tal circunstancia no impidió el pasado martes a la consellera del ramo, Ana Barceló, enmarcar la decisión en el objetivo de “reforzar la sanidad pública, mejorar su calidad, eficiencia y universalidad”. La Generalitat, en consecuencia, está segura de que mejorará los datos de uno de los hospitales más eficientes de la Comunidad Valenciana -según la Sindicatura de Comptes- sin haber analizado todavía cómo lo logrará.
La hoja de ruta se trazará en los próximos meses. “A partir de ahora se inicia el proceso para establecer cómo y cuáles serán las normas de reversión. A la concesionaria se le ha solicitado la información para establecer esas normas”, agregó Sanidad a este periódico.
Esta operativa choca con lo afirmado inicialmente por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien aseguró que tomarían la decisión en busca de “la mayor eficiencia posible”. También con el funcionamiento de la propia administración pública cuando licita un servicio sanitario, que exige a los aspirantes que detallen en una plica su plan de calidad, la oferta asistencial a la que se comprometen o el calendario de inversiones que realizarán.
45 millones
Se da además la circunstancia de que la Generalitat Valenciana ignora un informe realizado ex profeso sobre la eficiencia del Departamento de Salud de Torrevieja. Lo elaboró la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, y concluyó que se trata de una de las áreas “más eficientes” a la hora de evaluar “conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia”.
En concreto, determinó que la asistencia integral de la población atendida es un 30% más barata que el gasto que supone la gestión pública de los hospitales valencianos, lo que representa un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales para la Generalitat. Pero la consellera, sin manejar magnitudes alternativas, desdeña las del organismo autonómico.
“El informe de la Sindicatura de Comptes iba referido a la gestión de la concesión durante los años 2003-2016, y no tenía en cuenta determinadas premisas que eran necesarias. No podemos comparar cosas distintas, no podemos comparar una sociedad privada, una empresa privada que legítimamente tiene derechos evidentemente de obtener un beneficio económico, con una administración cuyo beneficio es seguir protegiendo e invertir en la salud de todos los valencianos”, manifestó la consellera.
El sobrecoste de Alzira
Cabe reseñar además que la Generalitat Valenciana tiene un mal precedente con la reversión del Hospital de Alzira, donde también operaba Ribera Salud. Tal y como reveló este periódico, la reversión de este hospital está suponiendo un sobrecoste de, al menos, 76 millones de euros.
Esta cifra se obtiene de los informes oficiales de evolución del gasto y coste de la Dirección General de Régimen Económico e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de Comunidad Valenciana, a los que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
En concreto, el sobrecoste se observa al comparar 2017, el último ejercicio completo de Ribera Salud; con 2019, el primero completo de gestión pública. El gasto en personal fue el principal responsable del sobrecoste, ya que pasó de 113 millones en 2017 a un total de 172 millones en 2019 (un 52,2% más). Todo debido a que se contrataron unos 806 profesionales más.
Pese a estas incorporaciones, el tiempo medio de las listas de espera empeoró. En enero de 2018, a solo unos meses de la reversión, era de unos 57 días en La Ribera, mientras que en enero de 2020, antes de la pandemia, esta demora llegaba a los 78 días -21 días más-.
Ximo Puig y Ana Barceló.
Se trata de los datos oficiales que remiten de forma reglada todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana, pero Barceló también los puso en duda el pasado martes. “Depende de a quien escuche usted puede que tenga una información no del todo cierta, y si escucha directamente a la administración tendrá otra información”, afirmó.
La dirigente justificó las contrataciones por encontrarse con “una carencia de recursos humanos para atender las necesidades”, y se centró en los datos de reclamaciones. “El número de quejas que recibíamos cuando La Ribera estaba gestionada por la concesión y el número de quejas que tenemos ahora hemos pasado de un 38% a un 18%”, subrayó.
“He de decirles que hemos incrementado el número de intervenciones quirúrgicas, tenemos menos ingresos, hemos aumentado las urgencias, las consultas externas y las pruebas de radiología, y la forma en que se comunicaba a las personas los resultados de algunas pruebas como las mamografías para la detección del cáncer”, agregó -sin referirse en ningún momento al sobrecoste ni al incremento de las listas de espera-.
Crítica sindical
Precisamente este miércoles los sindicatos alertaron de problemas en el Hospital de Alzira por la pandemia. CCOO advirtió de que la situación del Servicio de Urgencias está “al borde de la saturación” y ello “sin que haya llegado el aumento de la presión asistencial por los procesos catarrales y gripales del invierno”.
Según concretó la organización, el número de pacientes que acuden diariamente para ser atendidos a Urgencias es de entre 250 y 300, “un volumen de personas al que con mucha dificultad se le puede prestar una asistencia sanitaria de calidad, a pesar del interés y las ganas que le ponen todos los profesionales que allí trabajan”.
CSIF, en la misma línea, denunció el cierre intermitente de la Unidad de Preingresos y exigió su apertura permanente, “sobre todo en la situación actual de pandemia y teniendo en cuenta la saturación de Urgencias, ya que en la última semana este servicio ha tenido una media de 20 personas pendientes de ingreso a diario”.