Conservadores, socialistas, verdes y liberales se han puesto de acuerdo en Europa para exigir el condicionamiento de las próximas ayudas económicas a un mecanismo basado en el artículo 2 del Tratado de la Unión. Este punto garantiza el "respeto al Estado de derecho" en los países miembros. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez maniobra en España para laminar el consenso con la oposición que requiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fue la propia Iratxe García, presidenta del grupo socialista en la Cámara europea, quien hace apenas una semana defendió esta postura con argumentos como "tenemos que ser muy cuidadosos con la salud de nuestras democracias" o "la democracia se conquista cada día".
La división de poderes es una de las premisas que apuntala el mencionado artículo 2. Y su incumplimiento se contempla cinco más adelante, en el artículo 7. De él se desprende la capacidad de la Unión para "enviar avisos" y "sancionar al país" que viole estos principios.
La novedad pasa por ligar este precepto a la concesión de las ayudas para paliar los efectos del coronavirus. Una acción de la que forma parte, sin ambages, la delegación socialista española. En conversación con este diario, varios de sus miembros insisten en que la reforma del CGPJ es perfectamente "democrática" y que se trata de un mero "remedio al bloqueo".
La Unión Europea ya se mostró beligerante, por ejemplo, contra Polonia debido a una reforma similar, que también suponía la politización de su órgano de gobierno judicial. El Ejecutivo de Varsovia se enfrenta a una sanción.
Tal y como informó EL ESPAÑOL, todas las asociaciones de jueces excepto la progresista Jueces y Juezas para la Democracia van a pedir ayuda a Europa para frenar las intenciones de Sánchez e Iglesias. Un camino que ya está explorando Ciudadanos.
Adrián Vázquez, eurodiputado liberal y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señala esa "incongruencia" entre la reforma del Gobierno y la postura de los socialistas en el Parlamento Europeo, firmes defensores del "Estado de derecho".
"La preocupación es tremenda"
"La preocupación aquí es tremenda. Esa reforma da muestra de una deriva iliberal que erosiona los fundamentos europeos. Vamos a intentar trasladar a todos los grupos lo que está sucediendo en España", relata Vázquez a este diario desde Bruselas.
Inés Arrimadas, desde la tribuna, informó a Carmen Calvo del plan que ahora desmiga Vázquez. "Es una indignidad, lo llevaremos a Europa. Lo frenarán", dijo la presidenta de Ciudadanos. "Este tipo de cosas en Bruselas no se toman a la ligera. El artículo 7 impide que los Estados democráticos vayan en dirección contraria", apostilla el eurodiputado.
Juan Fernando López Aguilar, actual eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia, rebate a Vázquez y reitera que el caso polaco "nada tiene que ver" con la reforma española: "Allí, el Gobierno se impuso a golpe de martillo. Se alcanzó la mayoría de un solo color, por vía de urgencia, sin escuchar a nadie y sin admitir enmiendas".
Aguilar reconoce que la "hipótesis preferible" es la mayoría cualificada exigida hoy por la ley, pero culpa al PP de que se haya llegado "a esta situación": "El remedio es muy fácil. Que se sienten a negociar mañana mismo". ¿Eso no es un chantaje? "No. El chantaje es el que impone el PP, que se niega a renovar las instituciones que un día nombró".
El debate en Europa ya está garantizado. Los liberales ya han registrado una pregunta en el Parlamento con la que darán cuenta a la Cámara de la reforma judicial que pretenden Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.