Cuatro productoras, entre ellas la de Francis Puig -hermano de Ximo Puig-, han sido sancionadas por pactar precios para repartirse adjudicaciones de À Punt. Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes del sector audiovisual, que precisan que las sociedades afectadas fueron notificadas este miércoles de la resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana. El organismo ha analizado el comportamiento de este 'cártel audiovisual' a partir de una denuncia de la propia radiotelevisión pública.
Se trata de Comunicacions dels Ports SA -la firma de Francis Puig- y de las sociedades Kriol Produccions SL, Canal Maestrat SL y Visualiza SL. Todas ellas, según advirtió À Punt, pactaron precios con el objetivo de repartirse corresponsalías comarcales en un concurso público. En concreto, la radiotelevisión pública detectó que cada una de las empresas presentaba la mejor oferta en una de las pujas. A su vez, también coincidían importes en las ofertas al alza presentadas por el resto.
La Consejería de Economía de la Generalitat Valenciana, departamento controlado por Compromís del que pende la mencionada Comisión de Defensa de la Competencia, guardó silencio este miércoles sobre el sentido del dictamen del organismo.
La resolución no será pública hasta que todos los afectados consten oficialmente como notificados -tienen un plazo de diez días para acceder a la misma-. Además, las firmas contarán con diez días más para solicitar la protección de datos en el dictamen que se haga público, de modo que este podría no estar disponible hasta final de año.
Cuantía significativa
Pero la información sobre la resolución definitiva, que se reafirma en los argumentos de la resolución provisional que fue remitida previamente a las empresas, ya circulaba este miércoles entre las distintas productoras, tal y como pudo constatar este periódico.
La sanción económica -al menos la que se impone a una de las firmas- es de una cuantía significativa para tratarse de adjudicaciones que no llegaron a producirse, pues À Punt detectó el comportamiento de las empresas durante el proceso y no formalizó con ellas los contratos.
Por lo que respecta al propio Francis Puig, el hermano del presidente valenciano aseguró este miércoles a EL ESPAÑOL no haber accedido a “ninguna comunicación”. El empresario, no obstante, agregó que “en caso de que haya una sanción no será firme”. “Tendremos la posibilidad de alegar”, subrayó.
En efecto, las productoras podrán recurrir la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero deberán hacerlo mediante un procedimiento contencioso-administrativo, pues la resolución del organismo sí será firme.
Ximo Puig, en una entrevista concedida a Nord Televisió, canal de su hermano Francis Puig.
La Comisión decidió investigar estos hechos al apreciar hace un año “indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC”. “La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de las autoridades españolas de defensa de la competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados”, argumentó entonces.
En este proceso invitó a las firmas a colaborar. “Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a las autoridades competentes su detección”, indicó.
Pero tal colaboración, en caso de haberse producido, no parece haber sido suficiente para evitar una sanción que deja en una situación comprometida al presidente valenciano, Ximo Puig, por tratarse de una multa a su hermano por una conducta fraudulenta para hacerse con un contrato de su administración.