El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Castellón ha admitido la personación del PSOE en la nueva causa abierta contra Carlos Fabra. Los socialistas, en consecuencia, ejercerán de acusación popular contra el expresidente de la diputación con el PP.
Así lo confirma un auto del juez Jacobo Pin firmado el pasado cuatro de febrero. "Se admite la personación de la procuradora Sra. Diez de la Gala, en nombre y representación del PSOE, en ejercicio de la acción popular, quedando condicionada la misma a la prestación de fianza por importe de 3.000 euros", dispone en su escrito el magistrado.
Tal circunstancia se produce pese al intento por impedirlo por parte de uno de los empresarios investigados, cuyas alegaciones han sido rechazadas por el juez.
"En relación a las alegaciones formuladas en contrario por la representación procesal de Don Fernando Roig Alfonso, indicar que no pueden ser atendidas, puesto que se trata de meras alegaciones de parte, exponiendo una serie de supuestos requisitos internos del partido político interesado, con referencia a sus propios estatutos, sin indicar qué extremo concreto de estos se incumple con la presente solicitud de personación", argumenta Jacobo Pin.
El Juzgado de Instrucción 4 investiga a Carlos Fabra por los supuestos delitos de cohecho, uso de información privilegiada como particular y como funcionario público, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En concreto, el juez analiza el origen de los flujos económicos que manejaba el político así como una presunta ocultación de patrimonio con el propósito de esquivar al fisco, para no cumplir con la sentencia de su condena por el llamado Caso Fabra.
Los investigados
Según el magistrado, pese al impago de su deuda con la Agencia Tributaria -que en la actualidad aún supera los 900.000 euros- Fabra ha manejado "una media mensual de ingresos en efectivo de más de 19.000 euros", cuya procedencia es el objeto de la presente investigación.
Entre los 27 investigados se encuentran tres conocidos empresarios de Castellón por haber realizado transferencias de dinero al político castellonense. Se trata de Fernando Roig, presidente de Grupo Pamesa y del Villarreal CF; Enrique Gimeno, presidente de Facsa; y Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa, la antigua Lubasa.
También se encuentran imputados Daniel Vicente Latorre, administrador de la firma de gestión de residuos Reyval -ahora Intercity Development-; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Carlos Fabra; así como familiares del expolítico del PP y personal que estuvo a su servicio.
La causa, iniciada en junio de 2017 tras una denuncia de Fiscalía, la han impulsado investigaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) y de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) adscrita a la Policía Nacional.