El Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha condenado a 3 meses de cárcel a un hombre y una mujer (E. C. L. y S. B. O.) por no llevar a sus hijas al colegio durante un año por la Covid-19. Así consta en el fallo al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, una sentencia de conformidad contra la que, en consecuencia, no cabe recurso.
Los hechos probados recogen que las menores, nacidas en 2007 y 2014, se perdieron el curso completo 2020/21, correspondiente a segundo de la ESO y primero de primaria, respectivamente. Por lo que respecta a la hija menor, esta "no adquirió un nivel mínimo de lectoescritura". La mayor, por su parte, "tan solo asistió escasos días a clase".
El escrito subraya además que los padres "impidieron" la escolarización de sus hijas "con la excusa no justificada de evitar que las menores pudieran contagiarse de la enfermedad y transmitirla a su madre, quien padece bronquitis asmática". Sin embargo, afea que la dolencia de la progenitora "no supuso obstáculo alguno para que el acusado pudiera salir a desarrollar su jornada laboral con normalidad".
Por último, el fallo concluye en sus hechos probados que "la situación descrita no fue corregida por los acusados a pesar de la intervención del Programa Municipal de Absentismo Escolar del Ayuntamiento de Valencia y los numerosos requerimientos efectuados desde este servicio".
La Fiscalía pedía una pena de cuatro meses y 15 días que, fruto del acuerdo con los acusados, fue reducida en un tercio hasta los mencionados tres meses de cárcel para cada progenitor. Al ser inferior a dos años y carecer ambos de antecedentes penales, no deberán ingresar en prisión.
"Libertad individual"
La madre de las niñas, S. B. O., renunció a realizar declaraciones al ser preguntada al respecto por este periódico. Por su parte, el presidente de la Plataforma Libre Elección Educativa de la Comunidad Valenciana, Paco Jaén, consideró la sentencia "una injusticia" y "un peligroso precedente que atenta contra la libertad individual".
Según afirmó, "imponer una pena de cárcel por esta cuestión es absolutamente desproporcionado". "No se trata de un caso de absentismo escolar, sino el de una paciente de riesgo que actúa para proteger su salud e intenta sin éxito que la administración le proporcione alternativas no presenciales para la educación de sus hijas".
"Solo desde noviembre de 2021 se han infectado de Covid-19 650.000 niños de menos de diez años, algo que podría haber tenido consecuencias letales para esta mujer si el virus hubiera entrado en su casa", argumenta.
Para Jaén, "llama la atención que la administración haya doblegado a su antojo desde 2020 sus propias normas para responder a esta pandemia, pero coarte la libertad individual para enfrentarse a la misma".
"Nuestra asociación, que representa a miles de personas en circunstancias similares, reclama que las autoridades ofrezcan alternativas a la educación presencial para las familias que lo necesiten", concluyó.