El juzgado de Valencia que investiga el reparto de subvenciones públicas a empresas del sector audiovisual vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat y líder del PSOE valenciano Ximo Puig, ha retomado la causa con la citación de dos de los principales investigados.
Según consta en la diligencia, avanzada por Las Provincias y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado ha citado a declarar el próximo 23 de mayo a Francis Puig para que aclare cómo accedió a las ayudas públicas. Dos días después, el 25 de mayo, declarará uno de sus socios, Juan Enrique Adell.
El juzgado investiga un supuesto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental. Esta causa nace de la denuncia del Partido Popular por las presuntas irregularidades cometidas por las empresas del hermano de Puig, Comunicacions dels Ports y Mas Mut Prodruccions, para conseguir subvenciones de la Generalitat Valenciana, Cataluña y el Gobierno de Aragón.
En unos casos eran fondos públicos para el fomento del uso del valenciano, para publicaciones en catalán, ayudas a la contratación de jóvenes o para el desarrollo de zonas rurales. Este grupo de productoras ya fue sancionado por la comisión de la Competencia del Gobierno valenciano por pactar precios para ganar un concurso de À Punt, la televisión pública valenciana puesta en marcha por el Consell de Puig.
De hecho, tal y como publicó este diario, las productoras dejaron rastro de su pacto de precios "en el grupo de Whatsapp llamado ESAP", según la resolución de Defensa de la Competencia. Los mensajes fueron requisados por el organismo al inspeccionar las instalaciones de Kriol Produccions y Canal Maestrat, ambas de los hermanos Adell Bover. "Una pregunta ¿vais a rebajar mucho el importe? para los lotes de 25.000 euros lo veo muy justo", escribió uno de los participantes sobre las licitaciones de la radiotelevisión pública valenciana.
En este chat intervienen representantes de Comunicacions del Ports SA, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL, según precisa el documento. "Lo que veo es que los costes máximos por servicio no son para echar cohetes. Si se baja mucho.... nos sale rana", agrega la misma persona.
A esta le responde otro participante con una recomendación: "Nos dijeron en el departamento de asesoramiento jurídico que iban a fijarse solo en el coste unitario servicio, no en el presupuesto total, en el cual debíamos poner el máximo", expone esta segunda persona tras, al parecer, haber departido con alguien de la cadena.
Tras esta intervención, un tercero reconoce de nuevo conversaciones entre las tres firmas: "Han publicado hoy unas aclaraciones al pliego. Pegadles un vistazo, pero vienen a decir lo que explicasteis el sábado por whatsapp".