Mónica Oltra atribuye su situación a la "cacería" de una empresa, el Ateneo Mercantil y Paco Camps

Mónica Oltra insistió este jueves en que sus problemas judiciales no son más que una "cacería" política contra ella. Lo hizo esta vez apoyándose en una fotografía para señalar directamente a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP, y a Alberto de Rosa, director ejecutivo en Europa de Centene Corporation (el grupo propietario de Ribera Salud).

Una vez más, la vicepresidenta valenciana obvió el asunto esencial (los acontecimientos que han llevado a un juez a pedir su imputación) para centrarse en lo accesorio (las personas que han emprendido las acciones judiciales contra ella).

Como viene informando EL ESPAÑOL, el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia solicitó que Mónica Oltra declare como investigada al considerar que existió una "instrucción paralela" en su conselleria para desacreditar a la menor tutelada de la que abusó sexualmente su exmarido, que era educador en el centro de menores de la víctima. Dos informes encargados por la Generalitat concluyeron que la niña se inventaba un abuso sexual que sí acreditó después la Justícia.

"No existió en sede de conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos", aseveró el juez en uno de los pasajes más duros de su auto.

Pero Mónica Oltra ofreció este jueves un enrevesado relato alternativo. "En toda cacería se ha de seguir la pista del dinero. Y en este caso la pista del dinero nos lleva a un 'camino de rosas', eso sí, con muchas espinas", expuso la vicepresidenta antes de lanzar una larga pregunta.

"¿Qué tendrá que ver el expresidente de la Generalitat de un partido condenado por corrupción, con Ribera Salud, con una fundadora de Vox querellante y exhibicionista de Maite por espectáculos televisivos, el Ateneo Mercantil, y un exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial?", preguntó.

A continuación respondió ella misma. "Pues mire, el nexo de unión es el dinero y, desde luego, la cacería hacia mi persona. Ribera Salud, que por la reversión de las políticas del Botànic -que ya no permite hacer negocios con la salud- ha perdido ingresos millonarios. Alberto de Rosa es su director. El senador actual del PP, expresidente de la Audiencia Provincial y exconseller de Justicia con el señor Camps -últimamente muy activo en Twitter-", expuso, sin precisar que este último es Fernando de Rosa.

"Ribera Salud, que ofrece trabajo en un hospital a punto de revertir para después hacer en el Ateneo Mercantil el espectáculo y la grosera exhibición de la víctima. Ateneo Mercantil al frente del cual está la señora Carmen de Rosa", agregó. "Unan los puntos. Unan los puntos", concluyó mientras exhibía una fotografía de "el señor Camps, el señor Alberto de Rosa y la señora Cristina Seguí, la querellante que está detrás de toda la cacería que han montado ustedes". Los tres aparecen juntos en la estación del AVE.

En efecto, la familia De Rosa ha dado cobijo a la víctima. Ribera Salud dio un empleo a Maite, la joven abusada, en el Hospital de Torrevieja; y el Ateneo Mercantil acogió un evento para recaudar fondos en su beneficio, en el que participó Cristina Seguí, una de las querellantes contra la vicepresidenta y su equipo. Y esta última comparte abogado con Francisco Camps.

La intervención de Mónica Oltra fue aplaudida al unísono por los diputados de Compromís, pero no fue tan respaldada por los socialistas. Algunos sí lo hicieron tímidamente. Otros ilustres se abstuvieron, como el portavoz socialista, Manolo Mata, o el propio presidente, Ximo Puig.

No dijo nada más Oltra en su intervención. No hubo respuesta para la diputada del PP, Elena Bastidas, que había preguntado expresamente por los "indicios sólidos de encubrimiento en el abuso sexual a una menor tutelada".

El auto que solicita la imputación de Oltra indica exactamente que existen "indicios de que en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra". Por ello pide que declare como investigada al ser, "a la sazón, consellera y, por tanto, responsable de la conselleria y superior jerárquicamente de los funcionarios que tenían conocimiento de lo verbalizado por la niña".

Los dos informes que encargó la conselleria, lejos de constatar el abuso, desacreditaron a la víctima. Mientras tanto, la investigación judicial al educador, Luis Eduardo Ramírez Icardi, avanzó de una manera muy distinta. El Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía sí creyeron a la chica. También el juzgado y la Audiencia de Valencia, que condenaron a Ramírez Icardi a 5 años de cárcel. La sentencia concluyó que, "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".