Mónica Oltra rearma su defensa y ficha a un exjuez en el caso de los abusos de su exmarido a una menor

La vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha pedido personarse en la causa abierta por los tribunales para esclarecer su gestión como consellera en el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por su exmarido, Luis Eduardo Ramírez.

Oltra lo hace incluso antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncie sobre su futuro judicial. La vicepresidenta ha comunicado formalmente que quiere acceder a las pruebas practicadas en los últimos meses y que su defensa estará dirigida por el exmagistrado valenciano, Daniel Sala, y el penalista Miguel Ferrer, según han confirmado fuentes judiciales a EL ESPAÑOL.

Sala y Ferrer son dos pesos pesados de la abogacía valenciana y la líder de Compromís busca sobrevivir en política ganando este pleito. La maniobra le permite seguir ganando tiempo y avanzarse a los tiempos judiciales para rearmar su defensa. Además, tendrá acceso por adelantado a información procesal muy valiosa para intentar salir indemne del proceso.

El juez Vicente Ríos concluyó que Oltra debía "ser oída como investigada" y remitió al TSJ de Valencia una exposición razonada con "hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y los demás investigados en la causa". La investigación trata de determinar si el equipo de Oltra ocultó el caso y montó una investigación "parajudicial", según estimó la Audiencia de Valencia, para restar credibilidad al testimonio de Maite, la víctima.

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar de la Oliva, todavía no ha entrado en el fondo de los hechos y ahora deberá discutir si se declara o no competente porque Oltra sigue aforada. El tribunal no ha comunicado aún a las partes la fecha de la deliberación, según han confirmado fuentes de las defensas.

Punto muerto

La investigación está ahora en punto muerto y la defensa de Oltra ha aprovechado este momento procesal para tener acceso al sumario, buscar las debilidades de las acusaciones y preparar a fondo su posible interrogatorio.

La líder de Compromís defiende que ha dado todas las explicaciones pertinentes sobre este asunto. Pero una cosa es un discurso político y otra declarar en un juzgado, de ahí el interés por tener acceso a las acusaciones concretas cuanto antes. El TSJ ya ha autorizado el acceso a la información enviada por el juzgado.

Oltra ha confiado este papel a un exmagistrado, Daniel Sala, avalado por diez años de experiencia en diversos juzgados de Valencia y Barcelona. Como juez, destaca su labor en diversos juzgados de primera instancia, de lo penal y también con competencias exclusivas en violencia de género. Un trabajo que le ha permitido un conocimiento transversal del derecho y del funcionamiento de los órganos judiciales, según destacan reconocidos despachos de Valencia por los que ha pasado.

"Elefante blanco"

Mónica Oltra está aforada y, por tanto, cuenta con privilegios jurisdiccionales. En otras circunstancias, la dirigente ya habría pasado por el juzgado. Pero ningún juez ordinario puede interrogarla. Solo por ejercer un cargo público, goza del derecho de ser juzgada por un tribunal distinto al que corresponde a cualquier ciudadano normal.

Mónica Oltra podría ser imputada en semanas y abrirle otra crisis al socialista Ximo Puig a un año de elecciones. La líder de Compromís ha avanzado que no dimitirá, pero en Compromís y el PSOE cada vez más voces matizan que todo dependerá del transcurso de los acontecimientos.

El PP ha elevado su presión en los últimos días y ha anunciado que va a aportar dos instrucciones de la conselleria de Igualdad que, según el partido, obligaban a denunciar a la Fiscalía el abuso en el momento de conocerlo, pero no se hizo. Compromís respondió que el asunto no tiene ningún recurrido y acusó a los populares de "hacer el ridículo".

La portavoz del PP, María José Catalá, reprochó este jueves a Puig que, pese a los últimos cambios en el Consell, siga manteniendo a la vicepresidenta en el cargo. "El elefante blanco sigue en el salón", le afeó el PP durante la sesión de control semanal.

En la causa figuran 13 personas investigadas, entre altos cargos y funcionarios, que ahora se han visto arrastrados al TSJ de Valencia por la petición de imputación de la vicepresidenta.