La Policía irrumpió el lunes en la conselleria de Mónica Oltra y el juez abre una pieza secreta

La Policía Judicial irrumpió el pasado lunes en la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Valencia en busca del expediente original de la niña tutelada abusada por el marido de Mónica Oltra, exvicepresidenta y ex consellera de Igualdad.

Según han confirmado fuentes del TSJ de Valencia a EL ESPAÑOL, la Policía entró en las oficinas de Oltra de orden del juzgado de Instrucción 15 de Valencia, el primer órgano judicial que propuso la imputación de la dirigente de Compromís.

El objetivo de la diligencia, que no fue una entrada y registro han precisado fuentes jurídicas, era recabar el expediente original de la menor que sufrió los abusos sexuales. Estos hechos se investigan en una pieza separada declarada secreta y desconocida hasta ahora, según han puntualizado fuentes conocedoras de la investigación.

[Mónica Oltra aplicaba el 'yo sí te creo' en abusos a menores salvo cuando el denunciado fue su marido]

Mónica Oltra dimitió de todos sus cargos por sorpresa este martes y sin convocar a los medios de comunicación. La dirigente en ningún momento hizo mención a la petición de información solicitada por el juzgado y se limitó a insistir en la teoría de la "cacería política".

Además del expediente de la niña abusada, la Policía Judicial también se interesó por los protocolos de actuación de la Conselleria sobre la actuación de la Administración en denuncias de abusos sexuales a menores tuteladas, según estas fuentes.

El juez Vicente Ríos es quien ha ordenado ampliar la investigación que afecta a Oltra en una pieza separada. En abril, el magistrado envió al TSJ de Valencia una exposición razonada en la que relataba los supuestos indicios de criminalidad que existen contra Oltra.

En su auto, el magistrado hizo un repaso por la actuación de los funcionarios desde que la menor manifestó por primera vez los abusos, en febrero de 2017, y concluyó que "en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra".

También puso en duda la elaboración del "expediente informativo" en la misma línea que defendió la Audiencia Provincial. El juez consideró que su objeto fue "emprender una investigación al margen de la que se sabía, a ciencia cierta, que ya habían iniciado primero la Fiscalía y luego el Juzgado de Instrucción, con un fin que no era otro que determinar la certeza de las declaraciones formuladas por la adolescente".

"Es decir, una investigación paralela a la judicial carente aparentemente de todo sentido y que comportaba el empleo de recursos públicos, humanos y materiales", aseguró el juez.

"Se han acordado y practicado numerosas diligencias de investigación de carácter documental y se ha oído a todos los investigados no aforados", razonó el instructor en ese momento. Ríos interrogará a Oltra después de que la exvicepresidenta haya perdido el aforamiento al renunciar también a su acta de diputada. 

La resolución recogía que "existen indicios racionales, serios y fundados de participación de Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat en los hechos objeto de las presentes diligencias".

El juez destacó que "cuando tuvieron lugar los hechos (...) Ramírez era el marido de la vicepresidenta y consellera, bajo cuya tutela se encontraba entonces Maite y, por ello, superior jerárquicamente de todos los Funcionarios Públicos que tuvieron relación con los hechos ahora investigados".

Así, el instructor consideró que no resulta ya posible “progresar en la investigación ordenada” sin que la vicepresidenta del Consell “sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas”. Ahora la Fiscalía Superior ha apoyado este criterio.

El juzgado abrió esta investigación tras una denuncia y una querella por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por la menor, representada en el procedimiento judicial por el líder del partido de extrema derecha España 2000, José Luis Roberto.