La contrastada trayectoria de los seis jueces y fiscales del 'caso Oltra' desmonta la teoría de la conspiración

Mónica Oltra presentó el martes su dimisión con los "dientes apretados" porque considera que su imputación es fruto de una cacería de la extrema derecha.

La exlíder de Compromís insiste en el complot porque el ultraderechista José Luis Roberto, líder de España 2000, defiende a la menor abusada. La Abogacía de la Generalitat Valenciana no la representó en el primer juicio celebrado en 2019 y el despacho de abogados de Roberto se ofreció a defenderla cuando cumplió la mayoría de edad.

A la causa se han sumado otras acusaciones, como Vox o una organización vinculada a una de sus fundadoras. Pero cuando el juez Vicente Ríos empezó a investigar, en 2022, pasaron a desempeñar un papel testimonial.

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El caso Oltra es también un duelo entre grandes juristas. En las defensas figuran los abogados más cotizados de Valencia, como Javier Boix o Vicente Grima, y los jueces y fiscales que han revisado el caso gozan de un reconocido prestigio, imparcialidad y contrastada capacidad de trabajo.

Muchos de ellos han participado en las grandes investigaciones contra la corrupción de dirigentes del PP, y sus resoluciones han sido eufóricamente aplaudidas años atrás por Mónica Oltra y por su partido, Compromís.

El nuevo juez

Vicente Ríos es el primer juez que pidió imputar a Oltra en abril y el que la interrogará después de que haya perdido su aforamiento tras su dimisión. Es el nuevo juez del caso. 

Por sus manos han pasado destacadas investigaciones contra la corrupción que afectaron a dirigentes del PP, como el caso Emarsa, considerado el mayor caso de corrupción de la Comunidad Valenciana por la cantidad de dinero público desviado a través de una depuradora: 23,5 millones de euros.

Ríos es un juez metódico y muy disciplinado. De él destacan sus compañeros la capacidad de autocontrol y su pasión por las instrucciones judiciales. Es uno de los magistrados más veteranos de Valencia y ha llevado a juicio a los ultraderechistas acusados por las agresiones ocurridas en el centro de la ciudad el 9 de octubre de 2017, día de la Comunidad Valenciana.

Juntó al juez estará Jaime Cussac, un veterano fiscal de la Audiencia de Valencia que también tiene asignados los asuntos que llegan al juzgado de Ríos. En 2008 se estrenó en la Sección del Jurado.

En julio de 2021, pidió archivar provisionalmente la investigación porque la sentencia condenatoria de Luis Eduardo Ramírez, el exmarido de Oltra, no era firme. No obstante, la Audiencia de Valencia concluyó que los hechos, aunque relacionados, eran diferentes y siguió adelante con el caso. Cussac se ha negado a las peticiones de archivo que han planteado los imputados tras declarar.

Experta en menores 

El caso Oltra ha pasado por los principales cargos de la judicatura y Fiscalía valenciana. La primera que informó a favor de la imputación de Oltra fue Teresa Gisbert, fiscal superior. Nieta del último alcalde republicano de Valencia, feminista y experta en menores, el escrito de Gisbert dejó muy tocada a la exlíder de Compromís.

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También defendió activamente la celebración de un juicio por la tragedia del Metro de Valencia y reconoció públicamente la labor periodística para que se escuchara a las víctimas.

Gisbert conoce perfectamente el funcionamiento de los centros de menores y las obligaciones y deberes de la Administración con los tutelados. De hecho, en su escrito puso el énfasis en que la niña abusada por el ex de Oltra tenía 14 años, y se detuvo en la gravedad que supuso no haber trasladado la denuncia a la Justicia.

"El hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo", afirmó.

La fiscal superior recordó en su escrito que "el tutor está obligado a velar por el tutelado, poniéndose en grave peligro la formación de la menor". En cambio, Oltra ha defendido en las últimas semanas que el escrito está plagado de conjeturas y acusaciones sin pruebas.

El paso por el TSJ

La sala que confirmó la imputación de Oltra está presidida por Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de Valencia. De la Oliva dirigió el tribunal que dictó la primera sentencia del caso Gürtel en España y condenó a la expresidenta de las Cortes Valencianas por el PP, Milagrosa Martínez, condenada a 9 años de prisión por la pieza separada de los contratos de Fitur.

De la Oliva es una juez discreta y sin ego. Huye de los focos y su etapa se ha caracterizado por un perfil bajo. En 1987 fue nombrada magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia.

De la Oliva formó tribunal con los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres. Ferrer, natural de Madrid, fue el magistrado que sustituyó a José Flors, el juez de los trajes de Gürtel, y fue nombrado ponente del caso Oltra. Ferrer tenía que interrogar a Oltra el próximo 6 de julio, pero ha perdido la competencia del caso.

Mientras, Torres ha sido durante años fiscal Anticorrupción de Valencia y contó con el apoyo de los partidos que integran el Gobierno valenciano, incluido Compromís, para que fuese propuesto como candidato a magistrado en el TSJ de Valencia. Torres ha dirigido multitud de investigaciones contra la corrupción en la etapa del PP.

El tribunal coincidió y la decisión se tomó por unanimidad. En el auto de imputación, el tribunal consideró la existencia de "una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja (…) o bien proteger la carrera política de la aforada".

"Cierto que no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada, pero sí que concurren unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, tanto por la persona a quien directamente beneficiarían como por la propia relación que presentan con la evolución del proceso penal que trataron de obstaculizar", razonó el tribunal.

Esta afirmación es a la que se ha agarrado Oltra en los últimos días para insistir en que no hay pruebas. Pero el TSJ recordó que los "indicios plurales" son suficientes para porceder a su interrogatorio.