Los nueve agravios de Pedro Sánchez que irritan a los jueces y crean alarma en Bruselas

Pero las causas que explican la desafección se remontan a 2020, cuando el Ejecutivo quiso cambiar el régimen constitucional de mayorías para elegir a los vocales del CGPJ, una medida nunca vista que puso en pie de guerra a los jueces y causó una gran alarma en la Comisión Europea. ¿España en la senda de Polonia?

Luego vinieron la restricción de las competencias del CGPJ en funciones con una reforma legal cuya constitucionalidad está cuestionada; la negativa rotunda del Gobierno a devolver a la Judicatura la elección de los 12 vocales del Consejo que deben ser jueces y magistrados, pese a las admoniciones de las instituciones europeas; y el enfrentamiento entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia por la negativa a reforzar órganos judiciales colapsados. 

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Lo que sigue es una relación de las actuaciones del Gobierno que son percibidas como agravios por jueces y fiscales.

Burlar la mayoría reforzada

En octubre de 2020, PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que las Cámaras pudieran elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta si en una primera votación no hubieran podido ser designados por la mayoría reforzada de tres quintos que exige la Constitución.

La medida, considerada una vulneración flagrante de régimen constitucional previsto para el órgano de gobierno de los jueces, pretendía soslayar la necesidad de alcanzar un acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ.

El Gobierno recibió varios avisos de la Comisión Europea de que ése no era el tratamiento adecuado para el CGPJ en un Estado de Derecho. Y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa llegó a enviar una carta para advertir con rotundidad a Pedro Sánchez de que esa modificación se apartaba claramente de los estándares aceptables sobre la composición de los consejos nacionales de la Judicatura.

Tras la contestación interna y las desaprobaciones externas, el Gobierno acabó dejando en suspenso la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.

Sin nombramientos

Sánchez optó entonces por cercenar las competencias del CGPJ alegando que estaba en prórroga de mandato. La medida, también novedosa, se aprobó por el trámite de urgencia y obviando el informe del órgano de gobierno de los jueces, que pidió, sin éxito, poder expresar su criterio.

El Gobierno volvió a desoír en ese punto a la Comisión Europea, que ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que las modificaciones que afectan al Poder Judicial deben consultarse con las instituciones afectadas y con la Comisión de Venecia. 

El aspecto más relevante de la reforma fue la prohibición de que el Consejo General del Poder Judicial hiciera los nombramientos discrecionales que le corresponden: jueces del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores y audiencias y los dos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. 

La reforma fue impugnada por el PP y Vox ante el TC, que el pasado septiembre admitió a trámite los recursos. Desde entonces no ha hecho el más mínimo intento de resolverlos y ello pese a que, como se ha visto poco después, esa modificación legal bloquea la propia renovación del Tribunal Constitucional.

El pasado 12 de junio terminó el mandato de cuatro magistrados del TC cuya renovación corresponde al Gobierno y al CGPJ. Pero este último se encuentra con las manos atadas desde marzo de 2021 en virtud de la reforma promovida por el propio Ejecutivo.

Pensada para presionar al PP, cuya mayoría en el CGPJ quedaría inutilizada al desactivarse la principal competencia del Consejo, la reforma no ha logrado su objetivo: socialistas y populares siguen sin pactar la renovación pendiente desde diciembre de 2018.

Lo que sí ha conseguido es poner en serios aprietos a varias Salas del Tribunal Supremo, donde ahora mismo se acumulan 14 vacantes que no pueden ser cubiertas. Hay, además, otros 48 puestos judiciales discrecionales pendientes de nombramiento.

El CGPJ y el propio Tribunal Supremo no han dejado de advertir -sin éxito- del perjuicio que esta situación representa para los ciudadanos que tienen asuntos judiciales pendientes.

La contrarreforma

El PSOE ha presentado el pasado viernes en el Congreso una nueva reforma exprés para rectificar el error de haber prohibido al CGPJ designar a dos magistrados del TC.

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Esa restricción se ha vuelto en contra del Gobierno, deseoso de llevar a cabo la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional, sobre todo porque logrará dar un vuelco a este órgano: la actual mayoría conservadora por 7 votos a 5 se convertirá en mayoría progresista en esa misma proporción.

Sánchez está especialmente irritado con el Tribunal Constitucional, que ha tumbado todo el andamiaje legal construido por el Gobierno para la pandemia del coronavirus.

Estos varapalos, unidos al hecho de que el TC tiene sobre la mesa varias leyes sensibles (desde la de educación a la del aborto), ha motivado que el presidente del Gobierno tenga prisa por renovar este tribunal.

El levantamiento del veto -sólo para los nombramientos del TC, no para los del Tribunal Supremo- ha causado malestar en el propio TS y en el CGPJ, que prepara una respuesta.

El sistema de elección

El Gobierno está empecinado en mantener el sistema de elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, pese a la evidente politización que conlleva.

En todos los informes del GRECO de los últimos años se viene reclamando un cambio del sistema de designación para que los 12 consejeros judiciales sean elegidos por sus pares.

El último informe fue el pasado septiembre, cuando este organismo del Consejo de Europa volvió a instar a las autoridades "a que apliquen sin demora la recomendación" sobre el cambio del sistema de elección. También lo reclaman las cuatro asociaciones judiciales.

En abril de 2021, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders se pronunció en el mismo sentido. "Necesitamos un compromiso de realizar una reforma estructural para que el CGPJ se ajuste a los estándares europeos, lo que significa que al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares. Esta es la posición que defiende el Consejo de Europa y también nosotros para todos los Estados miembros", dijo.

Es el mismo mensaje que ha repetido hace 12 días en Madrid la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.

A las instancias europeas no les vale la fórmula actual, en la que los jueces votan una bolsa de pre-candidatos de los que luego salen los 12 finalmente elegidos por el Congreso y el Senado. Europa exige que no haya "ninguna interferencia política" en la designación de los miembros del Consejo que deben proceder de la carrera judicial.

Órganos colapsados

A la restricción de las competencias del Consejo General del Poder Judicial se ha sumado una política del Ministerio de Justicia en la que, por primera vez, se están denegando los refuerzos que solicita el Tribunal Supremo para hacer frente a una situación en la que al extraordinario número de asuntos pendientes se añade la falta de magistrados.

Pilar Llop negó primero letrados de apoyo a la Sala Civil, aunque se desdijo tres meses después a la vista de las cifras sobre los asuntos pendientes.

También rechazó articular medidas de apoyo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, si bien luego ha prometido atender la petición de letrados y de una secretaría.

La pasada semana, y pese a las iniciales reticencias, el Ministerio ha aceptado renovar las medidas de refuerzo implantadas en Juzgados y tribunales que tienen un colapso estructural.  

Una fiscal política

La decisión de Pedro Sánchez de nombrar a la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado como fiscal general se ha convertido en un "mal de origen" que lastra toda su gestión.

Ese nombramiento ha sido percibido por la carrera fiscal como el intento de tener bajo el control del Gobierno al Ministerio Público. El resultado se ha traducido en un resultado espectacular de la Asociación de Fiscales, la más crítica con Delgado, en las elecciones al Consejo Fiscal del pasado mayo.

La asociación próxima a Delgado, la Unión Progresista de Fiscales, ha quedado reducida a dos de los nueve puestos (tenía 4). La UPF no ha obtenido ningún representante en las elecciones al Comité de Ética.

Para colmo, el PSOE impulsó una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en una norma ajena (la ley concursal) y sin oír ni al Consejo Fiscal ni al CGPJ.

La modificación legal buscaba que Delgado y los futuros fiscales generales se conviertan automáticamente en fiscales de Sala al término de su mandato. Y, además, habilitar a la fiscal general para que informe al Gobierno de cuantos asuntos considere de interés.

Esa reforma ha sido entendida por la carrera como un peligroso y rechazable incremento de la politización del Ministerio Público.

La falta de apoyos parlamentarios ha llevado al PSOE a retirar esa modificación. 

El juez del CNI

La forma en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abordado la última crisis con los nacionalistas catalanes a propósito del espionaje con el sistema Pegasus también ha generado malestar en el Tribunal Supremo.

Sánchez no ha dudado en autorizar la exhibición de los autos del magistrado Pablo Lucas, que controla las peticiones de escuchas que realiza el CNI, para salvar su propia posición ante ERC, al que necesita en el Congreso.

"Los asuntos de los que se ocupa el servicio secreto son delicados y hay que manejarlos con cuidado", explicaron en el Tribunal Supremo. "Si la pauta es que los autos van a acabar siendo dados a conocer por razones contingentes será difícil que otros servicios secretos confíen en el CNI, que es un organismo imprescindible". 

La ausencia del Rey

En septiembre de 2020 el Gobierno dio indicaciones a Felipe VI para que se abstuviera de viajar a Barcelona para presidir la entrega de despachos a los nuevos miembros de la carrera judicial.

Fue la primera vez que el rey no estaba presente en esa ceremonia. Las inconsistentes razones de seguridad que esgrimió el Gobierno no lograron disipar la idea de que, a pocas fechas del aniversario del 1-O, el Ejecutivo no quería soliviantar a ERC -cuyo apoyo para los presupuestos estaba intentando conseguir- con la presencia de
Felipe VI en Cataluña.

El mismo día de la entrega de despachos se supo que el monarca había llamado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para decirle que "le hubiese gustado" estar con los jueces en Barcelona.

Los indultos del 'procés'

Nueve meses después, en junio de 2021, el Gobierno acordó indultar a los nueve políticos independentistas catalanes condenados por el proceso separatista unilateral llevado a cabo en el otoño de 2017.

El cumplimiento de la condena por delitos de sedición y malversación de fondos públicos dictada por el Tribunal Supremo quedó, así, desactivado.

El Gobierno no atendió los informes de la Sala Penal y de los fiscales del Supremo, que coincidieron en que no había razones de justicia ni equidad para el perdón de las penas.