La familia de Rita Barberá seguirá investigada en el caso del cobro de sobornos de cargos del PP y PSOE

La Justicia ha rechazado los primeros intentos de los investigados en el caso Azud para anular las pruebas y la causa abierta por el supuesto reparto de sobornos millonarios a cargos de PP y PSOE en Valencia durante 20 años. El proceso seguirá adelante.

La Audiencia provincial de Valencia ha tumbado los recursos presentados por la familia de Rita Barberá y ha respaldado la investigación practicada por el juzgado en secreto desde el año 2017.

José María Corbín, cuñado de la dirigente del PP, y las sobrinas de Barberá solicitaron anular la apertura de las diligencias tras acusar a la Fiscalía Anticorrupción de tener una finalidad "espuria" en su denuncia.

Sin embargo, el tribunal ha confirmado todos los autos que dieron origen al caso y destaca "el incremento patrimonial poco común de la empresa Corbín Abogados", propiedad de José María Corbín. 

La Audiencia de Valencia recuerda que la Agencia Tributaria inició una investigación tras "aparecer un despacho de abogados utilizado como instrumento previsible para canalizar y dar cobertura a ingresos que por su origen, cantidad y reiteración de circunstancias obligan a poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales". 

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"No se está por tanto en sospechas", puntualiza el tribunal, sino "en datos de tesorería muy notable, con gran liquidez que llama la atención a la AEAT".

Según la Audiencia de Valencia, las reservas del bufete de Corbín "pasaron de 374.569 euros de 2007, a los 2.484.648´39 euros de 2013, que se repite en 2014 y a lo que confluyen las notas apuntadas del vínculo de parentesco, de la doble condición de empresas como clientes principales de Corbín Abogados y como prestadores de servicios al ente local afectado".

Este volumen de facturación se alcanzó pese al "escaso personal" que ha trabajado en el despacho. Los ingresos fueron disminuyendo de forma paulatina desde los 1,2 millones de 2007, a los 44.914 y 40.205 euros de los ejercicios 2014 y 2015, año en el que Barberá perdió la Alcaldía de Valencia.

"La capacidad profesional del recurrente y consiguiente generación de recursos supera con mucho la media del común de los abogados", recoge la resolución. 

Finalidad "espuria"

El cuñado de la exalcaldesa de Valencia y sus tres sobrinas acusaron a la Fiscalía Anticorrupción de tener una finalidad "espuria" y negaron que formasen parte de una organización criminal.

La familia recurrió a la Audiencia para que anulara el caso y denunció que el hecho de ser parientes de la dirigente del PP no es un indicio delictivo. En este sentido, alegaron que "nos encontramos, claramente, en una investigación viciada desde su comienzo, ejecutada de manera absolutamente prospectiva y sin argumentos iniciales".

Sin embargo, el tribunal ha rechazado todas estas consideraciones y reitera que la supuesta actividad delictiva se basa "en la creación de un patrimonio poco habitual".

Los magistrados añaden que concurren las notas de proximidad con el órgano de decisión de adjudicaciones públicas y con las relaciones comerciales o de prestación de servicios a empresas vinculadas, a su vez, con la administración local dirigida por el familiar del investigado".

Además de Corbín, en el caso figuran como investigadas su mujer Asunción Barberá y las tres hijas del matrimonio, una de ellas asesora del PP en Valencia.

La investigación partió de una denuncia anónima que llegó a la Agencia Tributaria en febrero de 2016, medio año después de que Barberá perdiera la Alcaldía de Valencia y con Mariano Rajoy (PP) al frente del Gobierno.

Barberá ya era senadora. La denuncia anónima recogía que "la familia Corbín Barberá tienen un gran gasto ordinario, amplían (sic.) posesiones que producen vértigo, tienen varios inmuebles y las hijas compran inmuebles cuando no tienen ingresos".

"Hacienda somos todos, unos más otros, por eso pido que se revisen los ingresos de la familia Corbín Barberá, cuñada y negociador de Rita Barberá, ya que no cuadran con sus posesiones. Seguro que si investigan esta denuncia saca tajada", añadía el escrito anónimo.

Pagos al PSOE

Además del reparto de comisiones, el juzgado también investiga si grandes empresas de la construcción pagaron facturas electorales del PSOE para intentar arañar votos al PP en las elecciones de 2007.

La dimisión del portavoz socialista en Valencia el pasado mes de mayo, el abogado Manuel Mata, para defender al constructor acusado de pagar las comisiones, el empresario Jaime Febrer, obligó a Ximo Puig a remodelar su Gobierno.

Febrer también habría financiado a cargos del PP y Mata ha intentado en los últimos meses que la información extraída de direcciones de correos vinculadas al cuñado de Barberá no forme parte del sumario. Para ello, el ex número dos de Puig invocó la sentencia del Tribunal Supremo del denominado caso Naseiro, del 18 de junio de 1992, para que el caso se anulara. 

El caso Naseiro es la primera investigación judicial abierta en España por sospechas de corrupción en la financiación del PP.

El proceso judicial surgió un año después de que José María Aznar se hiciera con la Presidencia del partido y las conversaciones grabadas revelaron una supuesta trama de sobornos a cambio de recalificaciones y venta de terrenos.

Supuestamente, el objetivo de los integrantes era obtener beneficios personales y dinero negro para financiar al PP. Pero las pruebas se declararon ilegales y los investigados salieron indemnes del caso. 

Finalmente, la Audiencia de Valencia también ha rechazado estos argumentos y el caso seguirá adelante.