El revés de Sánchez a Ximo Puig tras su 'rebelión fiscal': le deja a la cola en financiación e inversiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había anunciado una financiación récord para los territorios en el presente 2023, con un total de 134.000 millones de euros, un 24% más que en el presente 2022. En efecto, las cantidades rebasarán sobremanera las de ejercicios anteriores, también en la Comunidad Valenciana. El problema es que el reparto se realizará con el mismo modelo caducado que mantiene, año tras año, a la Comunidad Valenciana como la peor tratada por el Estado.

Según los datos revelados por el diario Levante-EMV, el incremento en la Comunidad Valenciana será del 26% hasta alcanzar los 13.449 millones de euros. En consecuencia, la inversión media por habitante será de 2.651,52 euros, 616,67 más que en 2022, lo que representará el mayor incremento autonómico en términos absolutos.

El mismo, sin embargo, mantiene a la región a la cola en materia de financiación. La media española se encuentra en los 3.012 euros por Habitante, 360 euros más por ciudadano. Las cifras encajan con las previsiones que maneja la Conselleria de Hacienda, si bien el departamento no las reconocía este jueves como oficiales.

Ximo Puig accedió al poder en 2015 con la reforma de la financiación autonómica entre sus principales reclamaciones, entonces contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP). En 2018 llegó al poder Pedro Sánchez y prometió acabar con esta discriminación, fruto de un modelo de reparto caducado desde 2014. Pero nunca ha cumplido con su promesa, y todo apunta a que expirará la legislatura sin que el agravio sea corregido.

Trampa presupuestaria

La Generalitat Valenciana ha tratado de enmendar este escenario por la vía de los hechos, mediante una trampa presupuestaria. Incluye cada año en sus cuentas una "partida reivindicativa" de alrededor de 1.300 millones a cuenta de la reforma de la financiación que debería llevar ese dinero a sus arcas.

Pero, al no llegar este montante, se traduce todos los ejercicios en un déficit estructural que engorda su ya galopante deuda. Al cierre del segundo semestre, la Comunidad Valenciana debía 54.260 millones, el equivalente al 45,8% de su PIB. El Estado, eso sí, accede a aliviarla a través de su Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un parche provisional con el que Ximo Puig llegará, salvo sorpresa, al fin de su segundo mandato.

Este es, en cualquier caso, un problema crónico que sufre la Comunidad Valenciana. Pero la infrainversión presupuestaria del Estado en la autonomía en absoluto era un asunto previsible, y menos entre gobiernos del mismo signo político y de cara a un año electoral. "Creo que todos coincidimos en que las inversiones previstas no son lógicas y en que hay que buscar una solución", reconocía este jueves el propio Puig.

El pasado 7 de octubre el presidente autonómico ya consideró que Alicante sufre un "decalaje" que "hay que subsanar". Se trata de la única provincia española en la que el Estado invierte menos de cien euros por habitante. En concreto, la portación es de 85,48 euros por ciudadano, muy por debajo de la media nacional, que se encuentra en los 283 euros, según datos del Instituto de Estudios Económicos INECA. 

En cifras globales, los PGE "se acercan bastante" a lo que pide el Estatuto Valenciano, porque la región recibe entre el 9 y 10 por ciento del montante global, en sintonía con su porcentaje de población. Pero, dentro de la autonomía, Alicante ha sido muy perjudicada en el reparto, hasta el punto que Castellón recibirá en 2023 más inversión del Gobierno que Alicante con 1,3 millones de habitantes menos.

El inexplicable agravio hacia Alicante se ha producido tras el desmarque de Ximo Puig en política fiscal que tanto molestó a Pedro Sánchez. El presidente valenciano se convirtió en el primer mandatario socialista en apostar por una deflactación del IRPF para combatir la inflación, lo que provocó un sonado enfado en el líder del Ejecutivo central.

Ximo Puig y Pedro Sánchez, en Valencia. EE

Como informó EL ESPAÑOL, pocas horas antes del anuncio de Puig, Sánchez mantuvo una dura discusión con él sobre la bajada de impuestos. En esa discusión, el presidente del Gobierno expresó su rechazo a la medida en términos muy contundentes. Pese a todo, el barón socialista siguió adelante y anunció su rebaja fiscal en el debate de política general, la cita parlamentaria más importante del año en Les Corts.

Se trata, según defendió Puig, "de una reforma que afecta a las personas que tienen más dificultades en un momento de carestía de la vida e inflación". La Generalitat "no puede dar una solución definitiva, pero sí puede ayudar", destacó, al tiempo que aseguró que "no es una rebaja fiscal" a las personas que no tienen dificultades económicas "o para intentar deslocalizar", sino "para beneficiar a las personas que tienen más dificultad".

La rebaja fiscal, sin embargo, beneficia a la clase media. Como precisó este periódico, perdona 50 millones de euros en impuestos a las rentas de entre 30.000 y 60.000 euros brutos anuales. El propio comunicado oficial de la Generalitat Valenciana daba cuenta de que se trata de una bajada muy amplia. Tanto es así que afecta "al 97,4% de la población".

En concreto, las tres medidas desglosadas por Ximo Puig "beneficiarán a 1.344.000 contribuyentes" con "un ahorro medio de más de 100 euros por contribuyente y un ahorro global de 149 millones a las familias". De este montante total, "dos terceras partes benefician a las rentas inferiores a 30.000 euros", destacó Ximo Puig.

Es decir: cerca de 100 millones se los ahorrarán quienes cobren menos de 30.000 euros. Pero los casi 50 restantes supondrán una rebaja de impuestos para quienes perciben retribuciones que distan mucho de los emolumentos más humildes. Todo ello, siempre y cuando sus socios de Compromís y Podemos no impidan su aprobación, tal y como están intentando.