Ilustración de Francisco Martínez, conocido como Paco 'Peseta'.

Ilustración de Francisco Martínez, conocido como Paco 'Peseta'. Guillermo Serrano

Comunitat Valenciana CASO AZUD

Paco 'Peseta', el trabajador del PSOE valenciano que confirma la financiación ilegal: "Mantengo lo dicho"

"Ahora estoy de vacaciones", dice a EL ESPAÑOL. El PSOE valora incluir su nombre en el listado de trabajadores candidatos a ser prejubilados. 

31 diciembre, 2022 20:22
Valencia

Francisco Martínez lleva más de 40 años como trabajador del PSOE valenciano y pronto se habría jubilado sin hacer ruido. Pero un giro del destino le ha convertido en los últimos días en el típico personaje secundario que acaba resultando clave en una gran historia.

Porque esta historia no es menor: es la de la presunta corrupción del PSOE en Valencia, el de la financiación ilegal para pagar campañas e ir dopado a las elecciones. Las que están en tela de juicio son, en concreto, las de 2007 y 2008.

Francisco Martínez, al que sus compañeros llaman cariñosamente desde hace décadas Paco 'Peseta', porque siempre ha controlado hasta el último céntimo en los pagos e ingresos, era gerente del PSPV-PSOE esos años.

Paco 'Peseta' reveló a los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso Azud que, en efecto, el partido se financió de manera ilegal y, al hacerlo, ha puesto patas arriba al socialismo valenciano. 

Por primera vez, alguien de dentro reconoce que se aceptaron sobornos para promocionar las candidaturas de las cabezas de lista en aquellas elecciones, primero al Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, en 2007, y un año después al Congreso de los Diputados, María Teresa Fernández de la Vega.

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Fernández de la Vega y Alborch compartiendo escenario en 2008.

Fernández de la Vega y Alborch compartiendo escenario en 2008. EFE

Paco 'Peseta', un hombre discreto y de partido, declaró en realidad el pasado mes de octubre como testigo por estos hechos, pero es esta semana cuando han trascendido sus palabras a la opinión pública.

Ahora, en una breve conversación con EL ESPAÑOL, se reafirma en lo dicho a los investigadores: "Mantengo mi testimonio. He hecho la declaración y la mantengo tal cual".

No es difícil aventurar que su situación laboral ha pasado a ser incómoda, pero prefiere no hacer conjeturas sobre su futuro: "Yo sigo trabajando en el partido... Ahora mismo estoy de vacaciones, y bueno, cuando las termine será momento de valorar todo".

El PSOE valora incluir su nombre en el listado de trabajadores candidatos para ser prejubilados. Las negociaciones podrían retomarse tras la Navidad, según diversas fuentes conocedoras del proceso. Pero puntualizan que en ningún caso se debería a esta declaración y que la opción todavía no está encima de la mesa.

Francisco Martínez señaló al histórico tesorero socialista y exvicepresidente de Bancaja, José María Cataluña, como el responsable de la caja B que durante años manejaron los socialistas valencianos con el dinero procedente de grandes empresas.

Según su testimonio, Cataluña "contrató a los proveedores para las campañas del 2007 tanto municipales como autonómicas, porque tenía la capacidad para poder hacerlo". Además, indicó que el extesorero sabía que los trabajos de las campañas "no los iba a pagar el partido, sino cualquier otra empresa".

Cataluña ha perdido muchísima influencia con Ximo Puig al frente del PSPV-PSOE, pero proceden de la misma familia política, y el secretario de Organización de aquellos años, Vicente Sarrià sigue entre los mandos del partido y es diputado del PSOE en el Congreso.

Estructura 'Gürtel'

El sistema descubierto por los investigadores era similar al de Gürtel: empresas que reciben contratas de la Administración y, después, a través de terceras empresas, asumen las facturas relacionadas con la promoción de las campañas electorales.

Martínez explicó que empezó a trabajar para el PSOE en los 80 y, con el paso del tiempo, en torno al año 2000, fue nombrado gerente, cargo que desempeñó hasta el año 2012. 

Mitin celebrado en la plaza de Toros de Valencia durante la campaña de las elecciones de 2008.

Mitin celebrado en la plaza de Toros de Valencia durante la campaña de las elecciones de 2008.

La dirección socialista conocía que había sido interrogado, pero muchos cargos se han mostrado sorprendidos con la contundencia de sus afirmaciones.

El PSOE afronta con inquietud su nuevo escenario mediático y judicial. Ximo Puig insiste en que son hechos de hace 15 años y que suspendió de militancia al histórico José María Cataluña y al resto de cargos investigados.

"En aquel momento había una legislación diferente respeto a la financiación de los partidos. No hay ninguna persona directamente implicada que esté en este momento militando en el Partido Socialista", repite Puig cada vez que le preguntan.

[Ximo Puig: "Reunirse con empresarios no es signo de corrupción sino de normalidad"]

Pero el cortafuegos no está resistiendo y los argumentos muestran debilidades. En Madrid, los ministros socialistas empiezan a verse obligados a responder por el escándalo y, en Valencia, el presidente se enfrenta cada día a las preguntas de la prensa.

"Tenemos un problema y es grave", reconocen cargos socialistas consultados por este periódico, "porque presentamos la querella contra el PP por lo mismo que estábamos haciendo nosotros".

Ximo Puig es uno de los tres cargos socialistas que firmó la querella de Gürtel que presentó el PSOE valenciano y que permitió reabrir el caso en Valencia. La consecuencia de aquella denuncia fue la celebración del juicio contra Francisco Camps, del que resultó absuelto por un jurado popular, pero el resto de juicios han acabado en condenas.

Puig firmó la querella a regañadientes, según mantienen fuentes del partido, y la federación valenciana ni siquiera tenía el consentimiento del entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, la decisión generó un cisma entre la dirección autonómica y la nacional.

El PSOE valenciano justificó entonces la denuncia con la afirmación "tenemos que ser fuertes con los fuertes". Ahora el caso Azud es un bumerán que se le ha vuelto en contra.

El tiempo que ha trascurrido desde que se cometieron los hechos, 15 años, juega a favor de los investigados. Los delitos electorales o están prescritos o no eran delito en ese momento. Pero el juzgado mantiene las diligencias abiertas por un supuesto cohecho, pues la Fiscalía Anticorrupción atribuye los pagos a una dádiva a cambio de facilitar los negocios de los empresarios.

Este delito todavía no estaría prescrito y permite continuar con la investigación pese a las dificultades que se están encontrando los investigadores para obtener nuevas pruebas al haber transcurrido tanto tiempo.

Además del cohecho, se investigan supuestos delitos de delitos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

En estas circunstancias, el testimonio de Francisco Martínez, Paco 'Peseta', ha caído como una bomba.