Los funcionarios que entraron al expediente de Rocío Carrasco: "Íbamos a asesorar a otras mujeres"

Los funcionarios acusados de acceder sin ninguna justificación a datos confidenciales de Rocío Carrasco Mohedano y Antonio David Flores han defendido este jueves que lo hicieron para asesorar a otras mujeres víctimas de la violencia de género y que no se difundió ninguna información.

Ambos han justificado el acceso al expediente por motivos profesionales y han subrayado que "íbamos a asesorar a otras mujeres". En este sentido, los acusados han explicado que recibieron varias llamadas de mujeres asegurando que se "sentían identificadas" con el testimonio de la hija de Rocío Jurado tras la emisión de la serie documental en la que relató supuestos episodios de malos tratos.

"Recibí la llamada de una usuaria que hacía referencia directa a ella, que su situación era igual, pero yo no conseguía entender a qué se refería. Acudí a la base de datos para ver si Rocío Carrasco constaba como víctima y orientarme, y si existía o no orden de protección", ha relatado uno de los acusados, de profesión psicólogo.

[Juzgan a dos funcionarios por acceder al expediente de Rocío Carrasco y Antonio David Flores]

La segunda funcionaria acusada, de profesión trabajadora social, ha mantenido la misma versión. "Entré para contextualizar la situación y ver qué estaba pasando, nunca hubiera podido predecir que esa consulta desencadenara estas consecuencias", ha lamentado.

La Audiencia de Valencia ha juzgado este jueves a los dos primeros funcionarios acusados de acceder a la información policial sobre la expareja.

Los dos funcionarios acusados en el juicio que se ha celebrado en Valencia.

Según la Fiscalía, los acusados accedieron presuntamente el 22 de marzo de 2021, sin justificación alguna, al sistema integral de violencia de género del Ministerio del Interior, Viogén, para consultar los datos personales correspondientes a la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco tras la emisión en televisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La Fiscalía acusa a ambos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y pide para ellos sendas penas de tres años y medio de prisión, así como una multa de 18 meses a razón de 10 euros diarios y seis años de inhabilitación absoluta.

Tras el interrogatorio, el ministerio público ha elevado sus conclusiones a definitivas y ha cuestionado la actuación de los funcionarios. 

"Sabían lo que se iba a encontrar y no entendemos cómo eso va a ayudar a otras personas que dicen que se sienten identificadas con lo que había contado una mujer la noche anterior en televisión", ha remarcado la Fiscalía.

"Sin intención"

Durante la declaración, el psicólogo acusado ha insistido en que accedió a los datos únicamente por motivos profesionales y para acceder a Viogén no tuvo que sortear contraseñas ni piratear nada: "Lo hice en el ejercicio de mis funciones", ha repetido.

Al respecto, el presidente del tribunal ha pedido al acusado que volviera a explicarse, pues no entendía por qué necesitaba consultar el expediente de Rocío Carrasco para, como psicólogo, asesorar a otras posibles víctimas.

El acusado ha respondido que era importante para "saber si en ese caso había algún nivel de riesgo podía ser útil para entender si las posibles víctimas que nos llamaban también podían tener atribuido el mismo nivel de riesgo. Podía recomendarles que hicieran la denuncia pertinente para obtenerlo".

Por otra parte, la funcionaria ha dicho que la consulta a Viogén se hizo "sin intención" de difundir sus datos y que no recibieron formación para acceder al sistema.

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