Ximo Puig reduce a 35 horas la jornada laboral de 78.000 empleados públicos a dos meses de elecciones

Así se ha acordado ya para un total de 60.000 sanitarios, tal y como anunció este lunes el consejero valenciano de Sanidad, Miguel Mínguez (PSPV-PSOE). Pero también se está negociando para otros 18.000 funcionarios del conjunto de la Administración autonómica, según las cifras que precisa UGT-PV a EL ESPAÑOL.

Todos ellos reciben esta buena nueva a solo dos meses de las elecciones autonómicas. Se da la peculiar circunstancia de que el primer acuerdo anunciado es el que afecta al personal estatutario de la sanidad valenciana. Se trataba del más complejo de abordar, porque su reducción de jornada será la más costosa para la Generalitat Valenciana debido al elevado número de trabajadores en este sector.

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Pasarán de las 37,5 horas de media a la semana que realizan actualmente a las prometidas 35. Y ello requerirá la contratación de alrededor de 2.500 nuevos profesionales, según estiman fuentes sindicales. La Conselleria de Hacienda del Gobierno valenciano, consultada por este periódico, carecía este lunes de datos oficiales sobre el coste presupuestario de este movimiento, considerado "electoralista" por parte de la oposición.

El mismo se produce tras el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos UGT y CCOO para facilitar la rebaja de la jornada semanal a 35 horas. La misma estaba vetada hasta la fecha para las Administraciones que no cumplían con sus objetivos de déficit. Pero ahora sí se puede implantar la reducción, incluso si el organismo que lo hace ha sobrepasado el nivel de deuda anual que tenía permitido.

18.000 funcionarios

A este pacto nacional se acogió UGT-PV para solicitar, el pasado enero, que se llevara a la práctica para el cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica, compuesto por cerca de 18.000 trabajadores. En concreto, solicitó "implantar en el ámbito de la Administración del Consell y su sector público la jornada laboral de las 35 horas y cumplir así con los acuerdos alcanzados a nivel nacional con el Gobierno de España".

El propio sindicato concretó entonces que sólo la normativa estatal impedía este avance laboral "a pesar de estar recogido normativamente a través del decreto 42/2019 sobre condiciones de trabajo". "En su artículo 4 establece dos tipos de jornada laboral con carácter general: de 35 horas y de 37 horas y treinta minutos semanales", subrayaba el sindicato sobre el texto autonómico que ya abría la puerta a esta decisión.

"Pese a esta regulación, la jornada de 35 horas como tal no se ha aplicado porque estaba condicionada a que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto", remarcó.

El sindicato no había obtenido hasta la fecha una respuesta. Pero en la última Mesa Técnica de Función Pública, tal y como reveló este lunes Valencia Plaza, los representantes de la Conselleria de Justicia y Función Pública se mostraron favorables a aplicar también la reducción de jornada a este colectivo, que en la actualidad también trabaja 37,5 horas semanales.

Preguntadas al respecto, fuentes del departamento que lidera Gabriela Bravo (PSPV-PSOE) subrayan que la decisión lleva tiempo adoptada, desde que se contempló en la normativa autonómica, y que su puesta en marcha sólo depende del visto bueno de la Conselleria de Hacienda, que reconoce a este periódico estar haciendo estimaciones sobre el impacto de la misma.

Acuerdo "muy encaminado"

Fuentes sindicales ven el acuerdo "muy encaminado". Consideran que la consumación de esta medida con el personal estatutario de Sanidad (60.000 empleados) es el precedente idóneo para que ocurra lo mismo con los 18.000 funcionarios.

Varias son las razones que les llevan a pensarlo. En primer lugar, que se trata de una medida más fácil de adoptar. En el caso de la Sanidad, donde el grueso del empleo es de atención al público, va a poder materializarse contratando a 2.500 nuevos trabajadores, y se estima que la necesidad de personal será muy inferior con los trabajadores de función pública, porque sólo alrededor de 4.000 realizan atención al público. En este caso, las contrataciones necesarias podrían ser de únicamente de centenares.

Y, en segundo lugar, también empuja a dar el paso el agravio comparativo que supondría no brindar a los funcionarios el mismo trato que a los sanitarios. Máxime si se tiene en cuenta que, en muchos casos, se trata de compañeros de trabajo. En los consorcios hospitalarios, por ejemplo, hay muchos trabajadores de la función pública que están en estos momentos fuera del acuerdo. Y lo mismo ocurre con los funcionarios de la Conselleria de Sanidad, sin ir más lejos.

A todo ello hay que sumar las inminentes elecciones autonómicas, previstas para el 28 de mayo. Los comicios siempre empujan a los políticos a contentar a sus trabajadores antes de la cita con las urnas, más si cabe cuando ya se ha atendido esta misma demanda en el caso de otros empleados.