La Fiscalía pide 8 años de cárcel para cargos de PSOE y Compromís por colocar a afines en puestos ficticios

Novedades en el llamado caso Alquería. Tal y como informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez instructor Miguel Ángel Casañ ha dictado la apertura de juicio oral contra los 15 investigados en la causa. Entre ellos se encuentra el expresidente socialista de la Diputación de Valencia y actual alcalde independiente de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

La Fiscalía, a su vez, trasladó también este martes su escrito de acusación, en el que solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para los cinco directivos, tal y como informó Valencia Plaza. Les atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

El juez los responsabiliza de crear nueve "cargos ficticios" en la empresa pública Divalterra para colocar a afines de PSOE y Compromís en el marco del reparto de poder de ambos partidos de gobierno a partir de 2015.

Se trata, además del propio Rodríguez, de su jefe de gabinete, Ricard Gallego; su asesor Manuel Reguart, el entonces gerente de Divalterra, José Ramón Tíller; y la cogerente de la firma Agustina Brines. Esta última es la única de los cinco directivos nombrada a propuesta de Compromís.

A su vez, la Fiscalía Anticorrupcióon solicita seis años de prisión y 12 de inhabilitación para siete de los supuestos contratados irregularmente por falsedad documental y cooperación necesaria.

Se trata de Josep Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri Llopis , Salvador Femenía y Víctor Jiménez.

Y pide también seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para el entonces secretario y letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y para el cogerente Xavier Simó. En estos casos, por falsedad documental y prevaricación.

"Cargo simulado"

Tal y como explicó el juez en su auto de procesamiento, los nueve altos cargos “ocupaban un cargo ficticio, simulado, al que acceden por pactos políticos de reparto de puestos”.

Según el magistrado, fueron nombrados directivos “por cuestiones meramente de pertenencia o simpatía respecto de un partido político, que se había repartido el poder en función de los resultados electorales y no en los criterios legales requeridos”.

Miguel Ángel Casañ cifró en 1,1 millones la presunta malversación por estas contrataciones, calculada mediante la suma de los sueldos de los ocho dirigentes que permanecieron en sus puestos -uno de ellos renunció-. En caso de haber completado la legislatura 2015/2019, el montante habría ascendido a cerca de dos millones.