La jueza decreta la prisión incondicional para Rubio y Grau por "riesgo de destrucción de pruebas”

La jueza que investiga el caso Azud ha condenado a prisión incondicional al exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de Valencia, el popular Alfonso Grau. La investigación trata de destapar una supuesta trama de mordidas a cambio de favores urbanísticos durante el gobierno del PP de Rita Barberá en Valencia.

Según ha informado esta madrugada en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) otros tres empresarios han sido encarcelados: Joaquín P. R., Jaime F.R. y Mónica M. G.

Los 13 detenidos por el caso Azud se enfrentaron a una declaración judicial el pasado sábado. Tras el acto, la jueza encargada de la investigación decidió la prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco de ellos "al apreciar riesgo de destrucción de pruebas", según ha comunicado el TSJCV.

Libertad provisional para 8

Los otros 8 detenidos, que comparecieron ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, han quedado en libertad provisional con medidas cautelares. Según han informado las mismas fuentes se ha procedido a la retirada de pasaportes, tienen prohibido salir fuera de España y están obligados a acudir semanalmente a la sede judicial para comparecer. Uno de ellos es José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia.

Los trece acusados fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, desarrollada entre el jueves y el viernes. Las provincias de Alicante, Valencia, Madrid y Ciudad Real fueron testigos de 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019. La primera detención del caso fue la de José María Corbín, abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, y en ella se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, según informa el TSJCV.

Rafael Rubio

El que era subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta el pasado jueves, Rafael Rubio, también ha ingresado en prisión. La delegada del Gobierno, Gloria Calero, lo cesó de su cargo en el momento de la detención.

Rubio, que ya fue concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, fue nombrado subdelegado del Gobierno valenciano el 1 de julio de 2020. Por lo que el cargo le ha durado menos de un año.

Por otro lado, el consejo de administración de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se reunirá el próximo lunes por la tarde para analizar la situación. Puesto que su responsable jurídico, José Luis Vera, fue uno de los detenidos este jueves, y ahora se encuentra en libertad provisional con medidas cautelares.