El Grupo Municipal Popular pasa a la ofensiva en el asunto de los sobresueldos que, según denunció la Agencia Valenciana Antifraude, ha repartido de forma irregular el Ayuntamiento de Valencia de Joan Ribó (Compromís). "Exigimos la devolución inmediata a las arcas municipales de los 772.000 euros de sobresueldos cobrados ilegalmente por concejales de Compromís y PSPV entre 2015-2019", manifestó la formación, que niega que estar beneficiándose de tales emolumentos extraordinarios en la presente legislatura 2019-2023. "Nuestra retribución sí es legal", aseguran.
La polémica versa sobre la retribución de los ocho concejales con dedicación parcial de la corporación. Entre 2015 y 2019 estuvieron todos en el Gobierno, porque Ribó cedió los de dedicación exclusiva a la oposición. Pero les atribuyó un complemento salarial que Antifraude considera irregular por vulnerar la 'Ley Montoro'. Para el presente mandato cambió de estrategia. Ribó situó las ocho dedicaciones parciales en la oposición, cuya retribución también ha sido cuestionada por el organismo fiscalizador. En concreto, alerta de que cobran el 93,14% del salario de la dedicación exclusiva cuando deberían percibir el 75%.
Pero los concejales del PP aprecian una clara diferencia entre ambas retribuciones. "En este mandato las retribuciones del Grupo Popular y demás concejales de la oposición son acordes a la normativa legal, según se configuró y ha ratificado mediante dos claros informes del Secretario Municipal del Ayuntamiento de Valencia", destacan, y apuntan que sus salarios "sí representan el 75% respecto a la retribución máxima, que es la que percibe el alcalde".
El partido, tras descartar inicialmente acudir a los tribunales por esta cuestión, afirma ahora que sí está estudiando "todas las vías jurídicas posibles" para que se recupere la cantidad repartida la pasada legislatura por el Ejecutivo local de Ribó. Acudirán a la Justicia, aseguran, si los ediles del equipo de Gobierno no devuelven los 772.000 euros.
En concreto, el PP local solicita "que la Junta de Gobierno municipal y, en particular, su alcalde, una vez conocida la ilegalidad respecto al período 2015-2019, reclame sin más dilación el reintegro inmediato de dichas cantidades cobradas ilegalmente por concejales de Compromís, PSPV y Podemos entre 2015-2019". "Y en caso de no ser devueltas, que interponga las acciones judiciales para recuperar el menoscabo producido a los recursos públicos", solicitan.
A continuación, y "en caso de no hacerlo", el Grupo Municipal del PP advierte de que "está ya estudiando las medidas oportunas". "Además confía en la actuación del Ministerio Fiscal para evitar cualquier posible malversación de fondos públicos y/o prevaricación si el alcalde y su Junta de Gobierno eluden reclamar el retorno a las arcas municipales de ese dinero público", manifestaron.
De los ocho concejales de la oposición con dedicación parcial desde 2019, cuatro son del Partido Popular. Se trata de Santiago Ballester, Juan Giner, Julia Climent y Carlos Mundina. Otros tres son de Ciudadanos: Fernando Giner, el portavoz de la formación en la ciudad, Rafael Pardo y Javier Copoví. El octavo es el concejal de Vox José Gosálbez.
Incumple la Ley 27/2013
Según desglosó en su escrito Antifraude, la norma incumplida durante la primera legislatura (2015-2019) fue la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (derivada de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, más conocida como 'Ley Montoro'). La misma, en sus artículos 1.18 y 1.19, introdujo límites al régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales y limitó el número de cargos con dedicación exclusiva, según recordó el organismo.
Pero el consistorio liderado por Compromís, que gobernó la pasada legislatura junto a PSPV-PSOE y València en Comú -la marca valenciana de Podemos-, buscó una fórmula para sortearla. "Formalmente acreditaba que no sobrepasaba el límite de 25 concejales con dedicación exclusiva. Pero, de facto, su efecto práctico fue que el Ayuntamiento de Valencia retribuyó a 31 concejales con el mismo importe en términos cuantitativos", según expuso el ente fiscalizador que dirige Joan Llinares.
Para Antifraude, el sistema de sobresueldos que implantó el gobierno de Ribó "violenta la voluntad expresada en la norma de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos". La investigación se centró en las cantidades percibidas por cinco concejales de Compromís, tres de PSPV-PSOE y dos de València en Comú. En total, cobraron de las arcas municipales los mencionados 772.000 euros.
Los ediles de Compromís fueron Sergi Campillo (actual vicealcalde de la ciudad) Giuseppe Grezzi, Gloria Tello, Pilar Soriano y Consol Castillo. Del PSPV-PSOE lo percibieron la hoy vicealcaldesa Sandra Gómez, Anaïs Menguzzato (actual gerente de FGV) y Vicent Sarrià (diputado del PSOE en el Congreso en estos momentos). Por lo que respecta a València en Comú, lo recibieron Neus Fábregas y María Oliver, que en la actualidad es subdirectora de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) que gestiona Podemos.
Cálculo de Antifraude sobre los sobresueldos percibidos por cada concejal. EE
Antifraude indicó sobre el denominado oficialmente "complemento de especial responsabilidad" que "ni se motivaron, ni se detallaron, ni se han acreditado las competencias específicas de los tenientes de alcalde en esa legislatura 2015-2019 que justifican la aplicación del complemento".
También afeó que el Ayuntamiento no acreditara "por qué se cuantificó en un 25% adicional", un porcentaje que, según advirtió, "equipara las retribuciones con el régimen de los concejales con dedicación exclusiva". El organismo argumentó además que "a los tenientes de alcalde ya se les retribuía por la responsabilidad". "Esa responsabilidad va implícita en el cargo y, por eso, sus retribuciones son en un porcentaje por el sueldo del alcalde", recalcó.
A su vez, llamó la atención sobre un absurdo generado con este sistema. "Esos tenientes de alcalde podrían compatibilizar su actividad pública con otras actividades privadas", todo pese a percibir "de facto" una retribución "equivalente al 100%" de dedicación exclusiva. También recordó Antifraude que la norma estatal dice textualmente que el límite máximo que se impondrá en el régimen de dedicación parcial lo establecerá el total recibido "por todos los conceptos retributivos", de modo que no cabe la posibilidad de introducir un complemento como el aplicado.
El cambio de 2019
Por otra parte, la Agencia Valenciana Antifraude llamó la atención sobre el cambio introducido por el Ayuntamiento de Valencia en la legislatura actual, la 2019-2023, en la que suprimió este complemento a la vista de su irregularidad y buscó una fórmula alternativa. Consistió en concentrar el grueso de los ediles con dedicación exclusiva en los grupos políticos que conforman el Gobierno local.
Para elevar el sueldo a los que tenían dedicación parcial -todos ellos en la oposición- los retribuyó con el 93,14% del salario de la exclusiva, cuando debían cobrar realmente el 75%, según Antifraude. La diferencia a su favor es de cerca de 12.400 euros al año.
"Esta legislatura el pleno aprobó que los concejales con dedicación exclusiva percibirán un importe anual de 68.171,04 euros, y los miembros con una dedicación parcial del 75% percibirán una retribución bruta anual de 63.500,22 euros", expuso el organismo. Antifraude lamentó que tal circunstancia se produjo "sin que haya justificación sobre esta cuantía, que supone el 93,15% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva".
La entidad de Joan Llinares aseveró al respecto que "no hay proporcionalidad entre el importe de la retribución y el porcentaje de dedicación". En efecto, el 75% del salario con dedicación exclusiva sería de 51.128,28 euros brutos anuales, de modo que el importe extra que perciben hasta los 63.500,22 euros es de un total de 12.371,94 euros brutos anuales más por concejal. Entre los ocho el montante total ascenderá a los 396.000 euros al cierre de la legislatura.
"Para los miembros de la corporación 2019-2023 con una dedicación parcial del 75% se está abonando una retribución que excede con mucho el 75% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva", insistió Antifraude al respecto. La agencia consideró que esta práctica estaba "alterando el criterio de proporcionalidad al salario de la dedicación exclusiva tal y como estaba recogido en las otras legislaturas".