El Caso Taula, y en particular la llamada pieza del pitufeo, le ha estallado al renovado PP valenciano. El nuevo presidente del partido, Carlos Mazón, y en particular la nueva lideresa en la ciudad, María José Catalá, serán quienes sufran el posible impacto electoral del presunto blanqueo de capitales de 2015, por el que fueron procesados este martes tanto el propio partido político como 49 cargos de Rita Barberá.
El auto de procedimiento abreviado ha visto la luz nada más y nada menos que seis años después de que comenzara la investigación. La resolución supone el fin de la instrucción y el paso previo a la apertura de juicio oral, circunstancia que genera para el PP un campo de minas judicial de cara a los comicios de 2023.
La gravedad de los hechos es el principal problema de los populares. El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga una supuesta trama de corrupción en la que habrían participado varias administraciones y que consistiría en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales.
En concreto, la pieza del pitufeo analiza la posible contribución al blanqueo de capitales por parte de nueve de los diez ediles del PP de la legislatura 2015-2019. También procedente de decenas de asesores del grupo municipal.
Tampoco ayuda al partido la llamativa mecánica del supuesto blanqueo. El papel de los imputados habría consistido en aportar mil euros cada uno para contribuir a la campaña electoral de las elecciones de 2015. La presunta trama se los habría devuelto después en dos billetes de 500 euros. El exvicealcalde Alfonso Grau habría ejercido de recaudador, y la que fuera secretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster, habría administrado esos recursos, según los investigadores.
Sin ediles de la época
El PP argumenta que apartó a todos los concejales imputados en esta causa. Ninguno de los actuales ediles de María José Catalá está implicado en el caso, si bien es cierto que dos de los investigados, Cristóbal Grau y María Ángeles Ramón-Llin, son en la actualidad asesores del PP, el primero en el Ayuntamiento y la segunda en la Diputación de Valencia. A su vez, otros dos de los asesores imputados, Luis Salom y Cristina Diego, siguen ejerciendo como tales.
Fuentes del PP replican que "se trata de trabajadores, no de cargos políticos", y subrayan que su listón está "más alto que el de Compromís o PSOE". "Representantes públicos como Rubén Trenzano, Enric Nomdedeu o Rafael Rubio siguen o han seguido en sus puestos pese a estar imputados o procesados", argumentan. El partido comunicó este martes que solo los dará de baja de militancia si se les abre juicio, y que, en tal caso, será una comisión de garantías la que decida si han de cesar de sus puestos de trabajo.
La lentitud en la instrucción de este caso supone que sea Catalá quien tenga que hacerle frente de nuevo, precisamente la dirigente que ya tuvo que reconstruir el grupo municipal del PP tras el terremoto político de la presente investigación en 2016. Los 9 concejales imputados mantuvieron el acta y dejaron a los populares fuera de juego durante toda la legislatura. Pese a todo, Catalá armó una candidatura que, junto a Ciudadanos y Vox, se quedó a un solo concejal de arrebatar el poder a la izquierda en 2019.
En el presente mandato, con 8 concejales ya trabajando a pleno rendimiento en el pleno municipal y la renovada confianza en su figura por parte de Pablo Casado y Teodoro García Egea, Catalá aspira a mejorar su resultado y conformar gobierno en 2023. Pero el pitufeo del Caso Taula, tras seis años inactivo, ha entrado en erupción y dificultará su objetivo en Valencia.
Rita Barberá e Isabel Bonig, en una imagen de archivo. EE
También a nivel autonómico. Fue Isabel Bonig quien trató de reflotar al partido con este caso como principal rémora. Fueron tiempos difíciles en los que el PP respaldó una reprobación a Barberá en las Cortes Valencianas, decisión de la que después ella misma se arrepentiría. Bonig, como Catalá, tampoco logró el vuelco electoral en 2019, y acusó un mayor desgaste que le costó la confianza del partido. El PP apostó por Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, que será quien lidie en adelante con los reproches políticos de esta causa.
En el ámbito nacional, se da la peculiar circunstancia de que Pablo Casado, que en 2016 era portavoz del PP, fue uno de los dirigentes más críticos con Rita Barberá. Cuando esta se negó a dejar el Senado, fue el hoy presidente del PP quien le pidió que diera "un paso atrás". "No tiene dignidad", llegó a afirmar.
Tras la muerte de la exalcaldesa, que falleció solo tres días después de declarar ante el Tribunal Supremo por esta misma causa, el PP obvió su ofensiva y se centró en elogiar la gestión de la dirigente. Tanto es así que hace solo 15 días, en el cierre de la Convención Nacional del PP, el propio Casado pidió a Mazón y Catalá que recuperen en Valencia "la grandeza de Rita Barberá".
2007, 2011 y 2015
El auto del magistrado Víctor Gómez Saval acuerda procesar a las mencionadas 49 personas y al PP, y reabre las actuaciones contra el exconcejal Miquel Domínguez que en su día se asignaron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por su condición de aforado.
Son tantos porque la causa, además de lo ocurrido en 2015, investiga también los comicios municipales de 2007 y 2011. En concreto, son un total de 17 los concejales investigados por blanqueo. Se trata de Ana María Albert, Vicente Aleixandre, Mayrén Beneyto, Lourdes Bernal, Félix Crespo, Vicente Igual, Juan Vicente Jurado, Francisco Lledó, Alberto Mendoza, Alfonso Novo, María Jesús Puchalt, Ramón Isidro Sanchis, Juan Eduardo Santón, Silvestre Senent y Beatriz Simón, además de los mencionados Grau y Ramón-Llin
El juez, en cambio, decide el sobreseimiento libre en relación con los concejales fallecidos María José Alcón y Emilio del Toro, y también sobresee provisionalmente la causa por malversación a la Beatriz Simón. A su vez, da veinte días a Fiscalía y las acusaciones para que soliciten el archivo o apertura de juicio y presenten escrito de acusación. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.
Para el magistrado, de la investigación realizada se desprende "de un modo diáfano" que el PP de Valencia ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos "muy superior a la establecida legalmente", y muy especialmente en la de 2007. Lo habría hecho mediante procedimientos "clandestinos" de financiación que vulneraban los límites de la LOREG y la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP).
Alfonso Grau, en una imagen de archivo. EE
Según el instructor, fue una sobrefinanciación articulada "exclusivamente" en el "ámbito local" del partido, que "se confundía plenamente" con la actividad política y económica del grupo municipal en el Ayuntamiento. Se trata, añade, de una actividad "opaca, aparentemente, a la estructura nacional del Partido Popular", que fue llevada a cabo por "pocas personas" en el círculo "más estrecho" de confianza de la entonces alcaldesa, Rita Barberá.
Para el magistrado, los hechos relativos a las elecciones municipales de 2007 revisten indiciariamente los caracteres de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un delito de cohecho impropio, de los que sería autor Alfonso Grau.
En el caso de la campaña de 2011, señala que los hechos analizados suponen un delito de cohecho pasivo impropio en la persona Alfonso Grau, y de blanqueo de capitales en el que habrían incurrido tanto este como García Fuster.
Por último, señala que los relativos a la campaña electoral de 2015 presentan caracteres indiciarios de blanqueo de capitales, del que serían presuntos autores todos los concejales, asesores del grupo municipal y miembros del PP de esa época que efectuaron el ingreso de los mil euros a requerimiento de García Fuster, a excepción de una de las asesoras, que devolvió el dinero recibido.