La Confederación del Segura detecta 114 pozos ilegales en dos años en el entorno del Mar Menor

Cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se desplazó a Murcia para anunciar que el Gobierno invertiría 382 millones de euros en la recuperación ambiental del Mar Menor, también anunció que en marzo de 2022 estarían "eliminadas" las 7.485 hectáreas de cultivos ilegales que hay en el Campo de Cartagena.

EL ESPAÑOL ha podido saber que tras la visita de Ribera, un total de 23 productores agrícolas han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura la asistencia de un agente de medio ambiente, con el objetivo de proceder a la desconexión voluntaria de sus puntos ilegales de riego.

Los citados agricultores dejarán de producir irregularmente en 512 hectáreas del entorno marmenorense, lo que demuestra que la advertencia de la ministra caló, junto a la presión de las inspecciones de campo que está realizando la CHS con ocho agentes de medio ambiente, dos guardas fluviales y seis técnicos para lograr el objetivo marcado en marzo. De hecho, algunos productores prefieren dar ya el paso, admitiendo ellos la ilegalidad, antes de arriesgarse a formar parte de alguno de los 239 expedientes sancionadores que el organismo de cuenca ha enviado a la Fiscalía por usar agua sin autorización en 3.646 hectáreas.

"Empieza a haber conciencia entre los agricultores porque piden la clausura voluntaria de sus puntos de riego ilegal", según corrobora la Confederación del Segura. Prueba de ello es que la Consejería de Agricultura suma 49 expedientes de inicio del procedimiento de restitución de cultivos por parte de otros tantos productores.

Tal cambio en la conducta de aquellos que venían vulnerando la normativa de uso de agua y nitratos, se ha producido después de que le vean las orejas al lobo en forma de multas a los dueños de otras fincas. La Confederación le ha notificado al Gobierno regional: 187 expedientes sancionadores que son firmes en vía administrativa y que afectan a la friolera de 2.727 hectáreas. Otro hito en la ambiciosa meta de desmantelar los cultivos ilegales que se ha marcado la ministra que, dicho sea de paso, despierta pocas simpatías entre el sector agrario murciano.

Salmuera desde los pozos

Todos estos datos facilitados por el organismo de cuenca a EL ESPAÑOL corroboran el relato de ecologistas y activistas: la agroindustria ha disfrutado de barra libre en el Campo de Cartagena, hasta que la albufera sufrió en agosto una anoxia que se saldó con quince toneladas de peces muertos.

Al ecosistema se le ha inyectado salmuera a través de pozos con desalobradoras: entre enero de 2020 y diciembre de 2021, el personal de la CHS ha detectado 114 desalobradoras distribuidas en fincas agrícolas y conectadas al Acuífero Cuaternario, que vierte sus aguas subterráneas en el Mar Menor.

Esa cifra se torna todavía mayor si retrocedemos más años, elevándose a 211 las desaladoras ilegales precintadas en la franja litoral y a 126 el montante de pozos sellados. "Durante muchos años, las desalobradoras han sido una fuente voluminosa de flujos contaminantes al Mar Menor porque concentran todo el nitrógeno contenido en las aguas que se desalobran del Acuífero Cuaternario", apunta Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Esta doctora en Biología no exagera puesto que la Guardia Civil ha desarrollado sonadas operaciones para atajar una práctica extendida entre los agricultores: la desalobración clandestina para garantizar recursos hídricos a sus plantaciones de lechugas, apio, brócoli, habas, pimiento y cítricos. Prueba de ello es la 'Operación Chancuatro' que destapó una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en la Comarca del Campo de Cartagena, en la que estaba implicada una empresa dedicada a instalaciones eléctricas y automatismos.

Una desalobradora habilitada en una furgoneta que fue intervenida por la Guardia Civil.

Los tres responsables de la citada mercantil ofrecían un paquete completo de servicios a empresarios agrícolas del entorno del Mar Menor. De forma que les instalaban desalobradoras para captar recursos de acuíferos: la maquinaria la habilitaban en zulos construidos en el subsuelo, incluso en remolques o furgonetas para facilitar su transporte por las explotaciones.

Vías de contaminación

El paquete contemplaba un servicio de mantenimiento y suministro de productos para eliminar la salinidad del agua subterránea. Una vez depurada, se generaba la salmuera, un rechazo con un alto porcentaje en sal y productos químicos, que era inyectado en pozos ilegales y vertido a través de ramblas, incluso a salmueroductos que desembocaban en el endeble ecosistema del Mar Menor.

Esta trama destapada por la Guardia Civil en marzo, se saldó con 63 personas investigadas por delitos medioambientales tras la inspección de 52 fincas, donde se precintaron 60 plantas desalobradoras y 42 pozos.

Las cifras de la 'Operación Chancuatro' son otro buen botón de muestra de la proliferación que -desde 2018- se viene produciendo de la desalobración y los pozos ilegales en el sector agrícola. Todo ello, en una región, calificada como la huerta de Europa, pero a la misma vez, castigada por su secular sequía meteorológica y los recortes al Trasvase Tajo-Segura. 

"Las hectáreas que se riegan con agua de las desalobradoras contaminan por dos vías: en primer lugar, aportan fertilizantes con nitrógeno y fósforo, y en segundo lugar, para obtener esa agua desalobran un agua subterránea generando una salmuera con elevadas concentraciones de nitratos y nutrientes", tal y como alerta, de forma didáctica, Julia Martínez, doctora en Biología. 

"Justamente se desalobra por los nitratos del Acuífero Cuaternario: eso es un plus de contaminación a la entrada sobrevenida de fertilizantes agrarios". La consecuencia es un efecto dominó en el ecosistema del Mar Menor: el crecimiento masivo de microalgas impide el paso de la luz en la columna de agua, provocando una 'sopa verde' que aniquila las praderas marinas y amenaza con extinguir varias especies.

"Todas las desalobradoras paradas"

"Hasta que no cortemos la entrada de nutrientes y se mejore la vegetación de los fondos no será posible recuperar el ecosistema", zanja la directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Desde la Confederación del Segura aseguran que por la vía de las desalobradoras ya no llegan nitratos ni nutrientes al Mar Menor: "Todas las desaladoras están paradas".

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en la Región de Murcia, José Miguel Marín. Coag

En la actualidad, hay 113 expedientes sancionadores propuestos por la CHS por el uso de desalobradoras ilegales. "En el Campo de Cartagena ya no se mueve un reloj sin que lo sepamos", advierte la CHS. La crisis ambiental que padece el Mar Menor, causada por el urbanismo sin control de los años de la burbuja inmobiliaria y por los vertidos de las 7.485 hectáreas de cultivos ilegales, provoca víctimas colaterales porque 'pagan justos por pecadores': los agricultores que cumplen la ley por los que la incumplen. La imagen del sector agrario murciano, uno de los motores de la economía autonómica, se ha visto perjudicada por todas estas irregularidades que está tratando de atajar el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Agricultura.

Deslocalización de empresas

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en la Región de Murcia, José Miguel Marín, ha aprovechado el balance anual de Coag, para verbalizar esta situación ante los medios: "Es muy necesario levantar el mantra y la criminalización sobre la agricultura del Mar Menor".

Marín alerta de una deslocalización de empresas debido a algunas de las situaciones que se han vivido a causa de esta crisis ambiental, como la decisión de la cadena alemana de supermercados Aldi de poner en cuarentena los contratos con el sector. A lo que se suma la escasez de recursos hídricos del nuevo plan de cuenca del Tajo que recorta los aportes del Trasvase Tajo-Segura. "Si hay una disminución de las hectáreas regables se perderá empleo", reflexiona el líder de la organización agraria.

El presidente de Coag defiende que "hay que minimizar las corrientes de opinión" que achacan, "sin ningún tipo de criterio ni fundamento", la culpa de la degradación de la albufera a la agricultura. "El sector agrícola del Campo de Cartagena es una parte de la solución porque ha invertido mucho dinero en investigación y desarrollo".