Dolores Delgado vuelve a favorecer a la minoritaria UPF para ser fiscal de Sala, la categoría más alta

La fiscal general, Dolores Delgado, ha vuelto a inclinarse por un candidato de la UPF para cubrir una vacante de la primera categoría, en este caso creada por la marcha de Miguel Ángel Torres Morato al Tribunal de Cuentas como consejero.

Siete de los ocho ascensos a la categoría de fiscal de Sala decididos por Delgado desde su llegada a la Fiscalía General han recaído en afiliados a la UPF, a la que ella misma pertenecía antes de ser nombrada por el Gobierno para su actual cargo. Se trata de Álvaro García, Esmeralda Rasillo, María José Segarra, Félix Pantoja, Eduardo Esteban, Teresa Peramato y ahora Martín-Granizo. Sólo uno de los ascendidos, Jesús Tirado, pertenece a la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Los cinco vocales de la AF apoyaron a Luis Rueda, no asociado, tras argumentar que es teniente fiscal del Tribunal de Cuentas desde 2007 mientras que Martín-Granizo no tiene ninguna experiencia en esta jurisdicción. Con anterioridad, Rueda estuvo cuatro años en la Secretaría Técnica y uno en la Fiscalía Anticorrupción.

Martín-Granizo sacó el mismo número de votos (cuatro de los vocales de la UPF y uno de la fiscal inspectora, María Antonia Sanz). Delgado justificó su opción destacando la "amplia experiencia" del candidato en el ejercicio de la jefatura y la gestión de equipos y su "visión transversal de la carrera", a la que ha servido durante 40 años. Ha sido fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Palencia (cargo que ostentó con cinco fiscales generales), fiscal superior de Castilla y León entre 2006 y 2015 y desde hace seis años fiscal del Tribunal Supremo.

Vuelco ideológico

Con la preferencia dada a los miembros de la UPF Delgado está a punto de lograr el vuelco ideológico de la Junta de Sala, que tiene ya casi tantos miembros de esa asociación como no afiliados a ninguna. Sólo ocho de los 35 fiscales de Sala actuales pertenecen a la AF.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene pendientes de resolver recursos de José Miguel de la Rosa y de la Asociación de Fiscales en los que se sostiene que en los nombramientos están primando razones de "afinidad ideológica" por encima del mérito y la capacidad. Esas impugnaciones se dirigen contra la designación del exdirigente de la UPF Eduardo Esteban como fiscal de Sala de menores, una jurisdicción en la que carecía de toda experiencia.

La postergación de candidatos de la AF en la política de nombramientos discrecionales discurre en dirección opuesta a lo que sucede con órganos de la Fiscalía que son fruto de la elección democrática de la carrera, como acaba de suceder con la Comisión de Ética del Ministerio Público.

Comisión de Ética

La votación para elegir a los seis fiscales que formarán parte de esa Comisión, en la que han participado 823 fiscales (el 32% de la carrera), ha dado como resultado que los más apoyados son todos ellos miembros de la Asociación de Fiscales: Consuelo Madrigal (516 votos), Antonio Mateos (342), Marta Valcárce (218), Diana Lanseros (212), Avelina Alía (194) y Vicente Garrido (185).

La UPF ha presentado una queja a la junta electoral acusando a la AF de jugar con ventaja. De acuerdo con las normas, las candidaturas eran personales -las asociaciones no podían presentar listas- y la campaña de petición de voto estaba circunscrita a los días 2 a 7 de diciembre.

Con posterioridad a ese plazo, la Asociación de Fiscales envió únicamente a sus asociados un correo interno para indicarles quiénes de los candidatos eran miembros de la AF.

La UPF reclama de la junta electoral un pronunciamiento sobre si la AF "realizó una campaña activa entre sus asociados para que se votase solamente a los candidatos de su asociación, poniendo en clara desventaja al resto de candidaturas personales y limitando así sus posibilidades de llegar al resto de compañeros más allá de sus contactos personales, rompiéndose claramente el principio de igualdad".

La Unión Progresista de Fiscales ha lamentado "que un órgano tan necesario como la Comisión de Ética del Ministerio Fiscal (demandado por instituciones como GRECO), haya sido utilizado para ser copado en su totalidad por la Asociación de Fiscales, sin que en la misma estén presentes todas las sensibilidades y diferencias existentes en la carrera fiscal".

Fuentes de la Asociación de Fiscales niegan que el correo enviado a sus afiliados fuera  "campaña" ni haya interferido en el proceso electoral, ya que "en él se animaba a la participación y no se pedía el voto a favor de nadie".

Desde la AF se subraya que la composición de la Comisión de Ética "es fruto de lo que la carrera ha querido" y se sostiene que la queja de la UPF supone "una falta de respeto a los fiscales, que son personas adultas y con criterio y no se dejan manipular por un 'mail'".

Por su parte, fuentes de la Fiscalía General dudan de que el correo de la AF denunciado por la UPF haya tenido influencia en el resultado. Ello se pone de manifiesto, a su juicio, por dos datos.

En primer lugar, la Asociación de Fiscales tiene 587 afiliados, pero la candidata más votada, Madrigal, ha obtenido poco más de 500 y el que menos, Garrido, 185. Ello significa, según estas fuentes, que la asociación mayoritaria no ha logrado movilizar a todos sus afiliados.

En segundo lugar, los candidatos pertenecientes a la AF que concurrieron a la elección fueron muchos más de seis, por lo que si algo hizo el correo denunciado es incrementar la competencia entre ellos mismos. Ello explica que Madrigal (única candidata a la Comisión de Ética por la categoría de fiscal de Sala, ya que no se presentó nadie de la UPF ni no asociado) obtuviera 516 votos, pero la fiscal que resultó elegida por la categoría de abogada fiscal, que concurrió junto a otros candidatos de su misma asociación, logró algo más de 200.