La Delegación del Gobierno pide la lista de implicados en el asalto de Lorca para multarles

Las multas podrían oscilar desde los 800 euros hasta los 3.000 euros. Cada vez son mayores las consecuencias a las que podrían enfrentarse los implicados en el ya conocido como asalto al 'Capitolio de Lorca'. A las responsabilidades legales por las que tendrían que responder todos aquellos que sean arrestados en el marco de la investigación abierta por la Policía Nacional, ahora se suman las sanciones económicas que quiere proponer la Delegación del Gobierno para todos los participantes en el boicot al Pleno de este lunes, en el que se iba a debatir una moción que afectaba a las granjas de cerdos.

EL ESPAÑOL ha podido saber que la Delegación del Gobierno ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Lorca solicitando el listado, con nombres y apellidos, de todos aquellos que resulten identificados y detenidos en el marco de la investigación policial con el objetivo de abrirles un expediente sancionador por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana. De forma que no solo podrían verse delante de un juez, en calidad de investigados, sino que además también tendrían que rascarse el bolsillo.

La Policía Local y la Policía Nacional está trabajando a destajo en el visionado y análisis de los vídeos sobre los altercados vividos este lunes durante el boicot al Pleno, con el objetivo de proceder al arresto de cada uno de los implicados en los incidentes ocurridos en el Centro de Desarrollo Local para impedir una modificación del Plan de Ordenación Urbana que pone coto a la actividad porcina.

Las cámaras de seguridad del hall de las citadas instalaciones municipales captaron la entrada violenta de decenas de manifestantes, que rompieron por la fuerza el cordón policial. Todo ello, para impedir que se votase la modificación del plan urbano que aumenta la burocracia para montar nuevas granjas de cerdos y ampliar las existentes, además de elevar, de 1.000 a 1.500 metros, la distancia que deben guardar las explotaciones respecto de los núcleos de población de las pedanías de Lorca, equiparándolas a la franja fijada para el casco urbano.

Este miércoles, según indican fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL, la cifra total de detenidos por la Policía Nacional asciende a 7: todos ellos ganaderos, y previamente identificados por la Policía Local, por supuestos delitos de atentado a agente de la autoridad y desorden público. Los siete han quedado en libertad tras prestar declaración en la Comisaría de Lorca.

El martes se produjo el primer arresto. Un ganadero arrepentido, que supuestamente cogió por el cuello a un policía durante el asalto, y que fue detenido por un presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad tras acudir voluntariamente a Comisaría. "De momento, ha quedado en libertad con cargos, y próximamente comparecerá en sede judicial", según detallan las mencionadas fuentes. Solo 24 horas después, se han producido seis nuevos arrestos.

Críticas de la Moncloa

En la investigación se barajan varios presuntos ilícitos:  amenazas, coacciones, atentado a los agentes de la autoridad, desorden público... Algunos de esos ganaderos que ahora están en la diana policial tienen granjas porcinas, pero otros se está tratando de esclarecer si su actividad está ligada a otros sectores, como el caprino, vacuno y ovino, con lo que no tendría sentido que hubiesen participado en un desorden público motivado por una moción que en la práctica no afectaría de ninguna forma a su actividad profesional. 

"Puede ser que entre los identificados haya ganaderos a los que no les afectaba la modificación urbanística". En caso de que sean dueños de explotaciones sin cerdos, se confirmaría la tesis que manejan tanto PSOE como Podemos de que las protestas del lunes fueron alentadas por bulos movidos supuestamente desde el PP y Vox para calentar los ánimos del sector, muy molesto desde que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en The Guardian, criticó a las macrogranjas: "Exportan carne de mala calidad de animales maltratados".

El boicot al Pleno de Lorca ha sido tildado por la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, como una "agresión a la democracia". Las críticas de la ministra de Política Territorial han tenido recorrido en la Región de Murcia, ya que el portavoz del PSOE, Francisco Lucas Ayala, ha registrado una declaración institucional en la Asamblea, para que la suscriban todos los partidos.

El objetivo de esa declaración es que se retraten PP y VOX, ya que en los vídeos aparecen cargos políticos de esas formaciones, que son electos en otros municipios, y que por tanto, no tenían nada que ver con la moción que se iba a debatir en la ciudad lorquina. Valgan como ejemplo:la alcaldesa de Fuente Álamo, la popular Juana María Martínez, que se hizo 58 kilómetros de carretera para asistir a una protesta por una moción que no influye a su Alcaldía, o la edil de Vox en el Ayuntamiento de Alcantarilla, Aurora Ortega, que también se hizo 60 kilómetros en coche.

Declaración institucional del PSOE

Por todo ello, en la declaración institucional del PSOE a la que ha accedido EL ESPAÑOL se expone lo siguiente: "La Asamblea Regional condena los actos violentos y el asalto por la fuerza de un grupo de manifestantes del sector porcino, al edificio municipal donde se iba a celebrar el Pleno ordinario del municipio de Lorca". 

El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Francisco Lucas Ayala.

"Hoy se ha intenato agredir, coaccionar la libre deliberación y el libre voto del máximo órgano de representación del Consistorio lorquino, lo que supone un grave atentado a la democracia que, lamentablemente, pasará a la historia negra del municipio de Lorca y de la Región de Murcia (...). Las actitudes violentas se han producido tanto en la puerta del edificio donde se iba a celebrar el Pleno, como en el interior, donde estas personas tras superar varios cordones policiales han llegado a invadir las instalaciones municipales, haciendo uso de la fuerza, enfrentándose y agrediendo violentamente a los agentes de policía (...)", prosigue el escrito.

El mencionado documento agradece la labor de los policías locales y nacionales que trataron en vano de contener a los manifestantes, al tiempo que pide que se pronuncie el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras:

"Exigimos a todas las fuerzas democráticas de la región que condenen sin ningun tipo de 'peros', una agresión intolerable de la soberanía del pueblo de Lorca. Y en especial al presidente de la Región, que no puede permanecer ni un minuto callado ante un ataque a la democracia de tal calibre. (...) No podemos hacer normal lo que en otros lugares y en otras democracias sería simplemente ilegal, inmoral y antidemocrático".