Ribera anuncia 102M adicionales para recuperar el Mar Menor y reclama implicación a López Miras

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ejercido un doble papel en la visita que ha realizado este viernes, a San Pedro del Pinatar, a las instalaciones del Instituto Español de Oceanografía, con el objetivo de conocer el estado de la albufera y de trasladar a los colectivos implicados en qué punto se encuentra el 'Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor'. De un lado ha ejercido de 'poli bueno', para los colectivos ecologistas y vecinales, y de otro, de 'poli malo', en este caso para el sector agroalimentario y el Gobierno de la Región Murcia.

En primer lugar, Ribera ha sido el 'poli bueno' al anunciar que se eleva de 382 millones de euros a 484 millones, el presupuesto que hace tres meses detalló durante la presentación en Murcia del 'Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor'. Este incremento presupuestario del 26% se traducirá en 102 millones de euros adicionales, como consecuencia de las medidas que el Ministerio ha incorporado al citado documento tras someterlo a un periodo de exposición pública.

"Desde el principio insistimos en que la estrategia de recuperación ambiental del Mar Menor necesitaba de una amplia participación, es la sociedad que vive en este espacio la que debe sentir un especial protagonismo, y en el mes que estuvo sometido a exposición pública el documento, se recibieron más de 600 alegaciones, de las que el 50% eran aportaciones de ciudadanos", según ha detallado la ministra.

"El incremento del presupuesto obedece al aumento en 22 millones de euros para actuaciones de restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y 20 millones destinados a facilitar incentivos para la diversificación de actividades en el ámbito agrario", tal y como ha explicado Ribera. "Otros 62 millones se dedicarán a depuración, saneamiento y soluciones basadas en la naturaleza".

El Consejo de Ministros ha declarado de interés general las principales actuaciones recogidas en este documento marco y Ribera ha expuesto algunos ejemplos: "La creación de un cinturón verde; la restauración de emplazamientos mineros peligrosos, que están abandonados cerca de la franja litoral; la renaturalización de las ramblas; la creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, y la renovación de la impulsión de la Rambla del Albujón para reducir aportaciones de aguas en malas condiciones al Mar Menor".

Tal incremento presupuestario y las mencionadas medidas se entroncan con el papel de 'poli bueno' que la ministra suscita entre colectivos vecinales y ecologistas con los que tiene buena sintonía. El papel de 'poli malo' para los representantes del sector agroalimentario y el Gobierno autonómico, que preside Fernando López Miras, lo ha mostrado en la segunda parte de su comparecencia, después de anunciar la aprobación de dos reales decretos de protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos y excedentes de fuentes agrarias.

La ministra, este viernes, preparando su comparecencia ante los medios en el Instituto Español de Oceanografía. Badía

"Hemos avanzado de forma relevante en la vigilancia y control del dominio público hidráulico", según ha remarcado, justo antes de pasar a exponer la friolera de expedientes sancionadores abiertos contra explotaciones agrícolas que carecen de licencia para regadío frente al litoral marmenorense. Prueba de ello es que desde 2018 se han ejecutado 283 expedientes sancionadores por uso privativo de aguas sin autorización.

"La superficie que ha sido objeto de resolución sancionadora asciende a 4.917 hectáreas [de cultivos ilegales] y la superficie con expediente abierto afecta a 2.400 hectáreas: 203 expedientes han sido remitidos al Gobierno de Murcia y 249 a la Fiscalía", ha enumerado la titular de Transición Ecológica. Todo ello ha llevado a la ministra Ribera a lanzar dos mensajes al Ejecutivo que preside López Miras. El primero: "La implicación del Gobierno murciano es determinante".

Y el segundo, en clara alusión al carpetazo que la Fiscalía ha dado a la denuncia interpuesta por la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente contra su Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Segura, a cuenta del episodio de anoxia que sufrió el Mar Menor el pasado agosto. "Es clave sentar las bases de confianza y trabajo conjunto, esto pasa por trabajo conjunto, más que por eventuales querellas archivadas hace poco".

Inspecciones sobre el terreno

También ha mandado un recado al sector agrícola y ganadero, al remarcar que "están trabajando sobre el terreno", tanto los inspectores como los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura. De hecho, la ministra del PSOE ha avanzado una inspección adicional, desde la Rambla de Mendoza hasta Cabo de Palos, en la franja de 1.500 metros que discurre paralela al Mar Menor.

 "Seguimos impulsando las medidas para reducir el exceso de nutrientes, provocados por la agricultura, por la ganadería o por la presión urbanística". Tal es el aumento de la labor fiscalizadora que se está produciendo desde que este verano murieron 15 toneladas de peces en la albufera, por falta de oxígeno, que ya se han cerrado 52 expedientes por abandono voluntario de alguna actividad agrícola ilegal en el entorno marmenorense -a pesar de que es un espacio protegido-.

Esto supone que agricultores y empresas agrícolas próximos a la franja litoral, en previsión de ser sancionados económicamente, optaron por abandonar la actividad ilícita en 1.007 hectáreas. Precisamente, una de las inyecciones adicionales del presupuesto, por importe de 20 millones de euros, va destinada a ofrecer incentivos al sector agroalimentario, que son complementarios a la Política Agraria Común, y cuyo objetivo es la diversificación de actividades. 

La ministra Teresa Ribera y el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Las peticiones de López Miras

El único punto que genera dudas, en la hoja de ruta que se ha marcado el Ministerio, es cumplir con la eliminación de las 8.000 hectáreas de regadío ilegal existentes en el Campo de Cartagena. En la visita que Teresa Ribera llevó a cabo en noviembre, con el objetivo de presentar este documento marco, dijo literalmente esto: "En marzo de 2022 estarán resueltos los expedientes y eliminadas esas 8.000 hectáreas, salvo que recurran a los juzgados". Y precisamente, tres meses después, la ministra ha admitido que las 8.000 hectáreas no estarán eliminadas el próximo mes, pero ha insistido en que el trámite de los expedientes sancionadores sí estará cerrado.

"La tramitación administrativa estará lista, pero eso no significa que se puedan llevar a cabo las ejecuciones porque se pueden presentar recursos en los tribunales por parte de los afectados". Tras la visita al Instituto Español de Oceanografía, la ministra se ha reunido con el presidente murciano, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban. El jefe del Ejecutivo ha reclamado a la ministra "parar los vertidos por la Rambla del Albujón, algo en lo que insiste el Comité Científico, y que constituye una de las heridas más importantes por las que se desangra el ecosistema".

López Miras ha enfatizado que esa medida es "competencia" del Ministerio y ha alertado de que por la Rambla del Albujón entran 80 litros de agua contaminada por segundo. "Si no conseguimos parar ya esta entrada de vertidos, el resto de medidas a medio y largo plazo no servirán". Durante la reunión, el presidente autonómico ha avanzado a la ministra la creación de un Comité de Seguimiento del Mar Menor, con reuniones periódicas para dar cuenta del estado actualizado del ecosistema. 

Las reacciones críticas a la visita de Ribera desde el sector agrícola no se han hecho esperar. El líder de Coag en Cartagena, Vicente Carrión, ha exigido que "se pongan en marcha ya las actuaciones del Ministerio porque en el sector si que estamos cumpliendo con la legislación: hace falta que de inmediato, se intervenga en el acuífero cuaternario porque el nivel del agua ha subido dieciséis metros".

Por su parte, Fernando Gómez, de Proexport, ha lamentado que en el documento de actuación "no hay nada para ayudar a los agricultores en la transición ecológica y ellos son los grandes señalados en esta crisis ambiental". También ha reclamado una actuación en el acuífero cuaternario para frenar la entrada de nitratos en la albufera. 

Críticas a la Junta de Andalucía

La guerra política por la ordenación agrícola al norte de la Corona Forestal en el Parque Nacional de Doñana, también ha tenido un especial protagonismo, durante el periplo de la ministra por tierras murcianas. "En lo que respecta a Doñana, me parece una barbaridad y una irresponsabilidad enorme lo que plantea el Partido Popular, Vox y Ciudadanos", según ha arremetido la titular de Transición Ecológica.

Imagen de un yegüerizo en el Parque Nacional de Doñana. Fernando Ruso

Ribera se ha opuesto frontalmente a la proposición de ley de esos partidos que modifica algunos de los artículos del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío, que están ubicadas al norte de la Corona Forestal.

"Doñana supera con creces la importancia local, incluso nacional, es uno de los espacios emblemáticos más importantes a nivel mundial y lo que se plantea no solo afecta, desde el punto de vista ambiental, sino que parte de una premisa, es imposible, y además es percibido con gran irritación por parte de la Comisión Europea", tal y como ha reflexionado, sin dejar de cargar las tintas contra la Junta.

La ministra ha aprovechado su comparecencia en San Pedro del Pinatar para recordar al presidente andaluz, Juanma Moreno, que el Reino de España fue condenado por el insuficiente mantenimiento de Doñana. "Esto es utilizado como excusa para no dar una respuesta real a las personas afectadas en una zona donde tradicionalmente se ha vivido de la agricultura, y que necesitan una solución, pero no se puede esconder la incapacidad con dar respuesta a algo en lo que no tienen competencia, ya que el plan hidrológico corresponde a la Confederación y al Gobierno. Por tanto, es tan imposible que si eso sigue adelante el Gobierno recurriría esa ley [de la Junta de Andalucía] ante el Tribunal Constitucional".