Murcia y Alicante se alían contra el Plan del Tajo: "Sánchez ha creado una deuda histórica del agua"

Un informe de la Universidad de Alicante advierte de que el Plan del Tajo 2022-2027, supondrá un recorte de 105 hectómetros a las aportaciones hídricas del Segura, vía trasvase, y eso se traducirá para Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana en la pérdida de 27.314 hectáreas agrícolas, un lucro cesante de 5.692 millones de euros y la destrucción de 15.322 empleos. Este informe será uno de los tres que aportarán el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante ante el Consejo de Estado para oponerse a la subida de los caudales ecológicos del Tajo.

Tales documentos han sido expuestos por el catedrático Joaquín Melgarejo, de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, este lunes, en el Palacio de San Esteban, como antesala a la intervención que han protagonizado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para anunciar la firma de un acuerdo para diseñar una estrategia común -a nivel técnico y judicial- contra la subida de caudales ecológicos del Plan del Tajo.

"Hemos tenido que reunirnos porque el menoscabo, el maltrato y el desprecio que decisión tras decisión está tomando el Gobierno de España con la Región de Murcia, Alicante y la Comunidad Valenciana, ya roza límites insoportables", tal y como ha explicado López Miras sobre la reunión convocada con Mazón, después de que el Consejo Nacional del Agua avalase el Plan del Tajo para que se eleven los caudales ecológicos: a 8,65 metros cúbicos por segundo, en Aranjuez, a 17,25 en Toledo, y a 18 en Talavera de la Reina. "Esa propuesta supone un recorte del 50% al Trasvase Tajo-Segura y directamente esta comunidad no puede subsistir así".

El Consejo de Ministros tiene la última palabra para aprobar -o no- el Plan del Tajo que tanto gusta al Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page. De modo que los populares López Miras y Mazón han decidido pasar a la acción, constituyendo un frente común, plasmado en un acuerdo institucional que deja fuera a la Generalitat Valenciana después de que el Ejecutivo de Ximo Puig se abstuviese en el voto que emitió en el Consejo Nacional del Agua sobre el Plan del Tajo.

De hecho, el responsable de la diputación alicantina ha denunciado que los socialistas murcianos y valencianos se han convertido en "cómplices" de "la estrategia de acabar" con el trasvase. "No puede ser que el presidente Puig se calle ante uno de los mayores atropellos a su tierra". 

El documento que han firmado López Miras y Mazón establece que a partir de ahora, todas las acciones administrativas y judiciales que se emprendan en defensa del trasvase ante la Moncloa, el Consejo Nacional del Agua y el Tribunal Supremo, serán consensuadas por el Gobierno de la Región de Murcia y la Diputación de Alicante. La hoja de ruta a seguir por ambas instituciones consistirá en coordinar las labores técnicas de los informes y de las alegaciones que vayan a presentar ante el Consejo de Estado, para evitar la subida de los caudales ecológicos del Tajo.

De momento, este lunes, se ha expuesto el contenido de tres informes de la Universidad de Alicante sobre el impacto de la nueva planificación hidrológica del Tajo en el acueducto con el Segura, así como de la gestión que ha desarrollado el Gobierno de Pedro Sánchez con el trasvase en esta legislatura.

"En las últimas veinte ocasiones en las que el Trasvase Tajo-Segura  ha estado en nivel 3 [situación hidrológica excepcional], por distintas razones no suficientemente justificadas, se han reducido los caudales para la cuenca del Segura", tal y como ha explicado Joaquín Melgarejo. El catedrático también ha apuntado que en los 43 años que suma esta infraestructura hídrica, la media histórica de cesiones de agua para riego ha sido de 200 hectómetros cúbicos en la zona del Levante, pero en el periodo 2021-2022 el Ejecutivo ha recortado esa media a 141,5 hectómetros.

Tales estadísticas han llevado a Carlos Mazón a asegurar que el Gobierno central no gestiona el acueducto con criterios técnicos: "Hay una hoja de ruta política, sin base, sin rigor, que quiere acabar con el Trasvase Tajo-Segura por razones fuera de la legalidad, de la solidaridad hídrica y de ningún rigor medioambiental". El presidente de la Diputación de Alicante ha zanjado que "el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por reducir las cesiones de agua para Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana".

Mazón ha llegado a culpar a Sánchez de "crear una deuda hídrica histórica" con esas tres autonomías, que se suma a la del sistema de financiación autonómica. "Los informes acreditan que se ha creado una deuda histórica del agua con Murcia y la Comunidad Valenciana, por el agua que se nos ha escamoteado todos estos años de la ministra Ribera y el presidente Sánchez, sin justificación alguna, de manera arbitraria e injusta".

En la misma línea se ha pronunciado Fernando López Miras, al criticar que desde la Moncloa de entre los más de cuarenta trasvases que hay en el país, solo se ataca al del Tajo-Segura: "La realidad es que cada vez que hay que tomar una decisión, el Gobierno de España siempre decide perjudicar a los mismos, al Levante español".

López Miras y Mazón, este lunes, en una reunión con el catedrático Joaquín Melgarejo de la Universidad de Alicante. Badía

El presidente murciano ha defendido este acuerdo institucional con la Diputación de Alicante, ya que a su juicio, la subida de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo no está justificada: "Es inexplicable tomar una decisión de esta trascendencia sin aportar un solo informe técnico o científico que avale que subir los caudales ecológicos, lleva un beneficio directo sobre el estado medioambiental del río Tajo".

Este acuerdo institucional también prevé coordinar acciones legales y dar traslado de toda la información a las comunidades de regantes y agricultores de ambos territorios, los cuales están afectados por el futuro del trasvase. "El Gobierno de España tiene la responsabilidad de diseñar la planificación hidrológica del país y debe garantizar como establece la Constitución que todos los españoles tengan agua en las mismas condiciones", según ha reclamado López Miras, antes de insistir en que la redacción actual del Plan del Tajo supone "un menoscabo para nuestros territorios".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha calificado de "hecatombe" la posibilidad de perder 15.322 empleos, vinculados al campo, si el Consejo de Ministros da luz verde a la subida de los caudales ecológicos del Tajo, a cambio de reducir las aportaciones de agua para regadío en el Segura: "Sería algo parecido a la desaparición de la planta de Ford en la Comunidad Valenciana".