López Miras acusa a Sánchez de causar "una fractura" entre territorios con el nuevo Plan del Tajo

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha realizado este jueves su primera comparecencia de calado en 2023 para anunciar que el Gobierno de la Región de Murcia ha enviado al Consejo de Estado un informe con sus alegaciones contra el nuevo Plan del Tajo. La planificación hidrológica está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros, por ello, López Miras ha recurrido al máximo órgano consultivo de la Moncloa para evitar "un recorte del 50%" al Trasvase Tajo-Segura.

"Lo que hemos enviado es un documento elaborado con una base jurídica, técnica y científica que pone de manifiesto la invalidez de la planificación hidrológica del Gobierno central, principalmente, por dos motivos: por contener defectos de forma en su tramitación y por ser incompatible con la ejecución del Plan de Cuenca del Segura", tal y como ha argumentado el jefe del Ejecutivo autonómico, al inicio de su intervención en el Palacio de San Esteban.

El dictamen que emita el Consejo de Estado sobre la planificación hidrológica no es vinculante para el Gobierno, pero López Miras busca que este órgano con relevancia constitucional se posicione contra la tramitación del Plan del Tajo. Todo ello, para presionar a Pedro Sánchez de cara al Consejo de Ministros donde se abordará la planificación hidrológica, que incluye el nuevo Plan de Cuenca del Tajo donde se prevé aumentar los caudales ecológicos, a cuenta de recortar las aportaciones hídricas que llegan al trasvase para regar fincas agrícolas en Murcia, Alicante y Almería.

"Esto lo venimos denunciando desde el año 2018, cuando el propio Pedro Sánchez prometió en Albacete poner fin al Trasvase Tajo-Segura: una pretensión que ha llevado al extremo mediante decisiones de dudosa legalidad, nula transparencia y que está provocando una fractura entre comunidades que se aleja del consenso que desde hace años demandamos en materia hídrica", según ha reflexionado López Miras, en tono duro y preelectoral porque en mayo de 2023 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en la Región de Murcia.

"Esta no es una guerra entre comunidades autónomas: la planificación hídrica de España depende del Gobierno central y debe garantizarla en condiciones de legalidad, justicia, equidad y constitucionalidad, y recortar el trasvase no es la vía para hacerlo porque es recortar las oportunidades de futuro de los murcianos, alicantinos y almerienses".   

EL ESPAÑOL ha accedido al documento con las alegaciones que el Gobierno de Murcia ha presentado al Consejo de Estado y uno de los argumentos de peso, contra el Plan del Tajo, se sustenta en que su tramitación supone "una infracción del principio de jerarquía normativa". Y ello, debido a que el Real Decreto con el que la Moncloa pretende aprobar los planes hidrológicos no respeta los límites y condiciones establecidos en normas que tienen rango de ley, es decir, que son superiores.

El nuevo Plan del Tajo prevé incrementar los caudales ecológicos a partir de 2027. De forma que se pasaría de los actuales 6 metros cúbicos por segundo, a 8,65 metros cúbicos, lo que se traduciría en un recorte de 105 hectómetros en las aportaciones que recibe la Cuenca del Segura, a través del trasvase, para regar explotaciones agrícolas en Murcia, Alicante y Almería. Tal aumento se quiere aplicar en base a un Real Decreto que es inferior a la Ley de Aguas, donde vienen establecidos 6 metros cúbicos para los caudales ecológicos en el tramo de Bolarque-Aranjuez.

De forma que en las alegaciones del Gobierno de Murcia se advierte al Consejo de Estado de que esa subida de los caudales "afecta el aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo y Segura y, en consecuencia, a las condiciones hidrológicas de esta transferencia autorizada y regulada por sus leyes especiales". De hecho, López Miras, este jueves, por enésima vez, ha vuelto a denunciar que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está actuando con el Trasvase Tajo-Segura "con criterios políticos, ideológicos y electoralistas".  

Otro de los argumentos de peso que se expone desde el Palacio de San Esteban contra el Plan del Tajo, es "la ausencia de la obligada coordinación de los planes hidrológicos del Tajo y Segura", lo que en la práctica conllevaría un "impacto" sobre los balances hídricos, asignaciones, reservas, déficits y el estado ecológico de las aguas en la demarcación del Segura que afectaría a Murcia, Almería y Alicante.

En las alegaciones también se denuncia ante el Consejo de Estado que el texto del Real Decreto que se debatió y aprobó el 29 de noviembre, en el pleno del Consejo Nacional del Agua, no tiene nada que ver con el enviado al Consejo de Ministros. "Los cambios introducidos por el Ministerio después del Consejo Nacional del Agua alteran sustancialmente los contenidos sometidos a participación pública durante las fases de Esquemas Provisionales de Temas Importantes y alegaciones al proyecto de plan hidrológico, por lo que la falta de transparencia y la inseguridad jurídica es manifiesta", tal y como recogen las alegaciones.

De hecho, el Ejecutivo murciano advierte de que se han producido "deficiencias de tramitación, inseguridad jurídica y falta de transparencia", por el cambio en la Disposición Adicional Novena del citado Real Decreto, donde se desliga el recorte previsto por el Gobierno de España a la evolución ecológica del Tajo. "Estamos ante una situación insólita y una demostración más de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura, sí o sí, con informes técnicos favorables o sin ellos", según ha insistido el popular López Miras.

Durante su comparecencia, el presidente de Murcia ha aprovechado para anunciar que se sumará a la manifestación convocada el 11 de enero, en Madrid, por parte del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). Esta será la primera gran protesta de 2023 contra la Moncloa y estará protagonizada por agricultores y regantes de Murcia, Alicante y Almería. 

"El siguiente paso es cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura", según ha asegurado López Miras, para justificar su presencia en la capital del España donde estará acompañado por el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, que este jueves ha seguido la rueda de prensa del presidente murciano, sentado entre los periodistas. "Es la hoja de ruta del Gobierno: van a cambiar las reglas que fijan el agua que tiene que llegar a Murcia, Almería y Alicante".

"Esto es muy grave porque o los paramos, con recursos contenciosos administrativos, con alegaciones y con toda la presión social y política, o recortan el trasvase".