La celebración de un referéndum 'a la canadiense' será la propuesta estrella del PSC para la ponencia política del próximo 5 y 6 de noviembre. La dirección del partido ha plasmado en el texto de esta ponencia una idea que ya habían lanzado en varias ocasiones algunos dirigentes socialistas catalanes: una ley de claridad como la que se aprobó en Canadá para determinar bajo qué condiciones Cataluña se podría separar de España si así lo votan sus ciudadanos.
El PSC, sin embargo, considera esta solución como el último cartucho de una serie de medidas previas que deberían evitar cualquier referéndum. Los socialistas defienden esta consulta pactada en el caso de que fracase una reforma constitucional en la que debería establecerse "el pleno reconocimiento del carácter nacional de Cataluña, de sus derechos históricos y de la singularidad de su autogobierno". El documento afirma que esta reforma constitucional ha de ofrecer el marco de un "acuerdo bilateral entre Cataluña y España" que debería ser refrendado posteriormente por "el pueblo de Cataluña".
Las idas y venidas del PSC respecto a la autodeterminación de Cataluña han situado al partido en una posición complicada respecto al proceso soberanista. En 2012 incluyeron en el programa una consulta "acordada, legal y pactada". Esa propuesta, no obstante, desapareció en el programa de 2015.
Los malos resultados de los últimos comicios obligan al partido a decidir qué rumbo debe tomar así como a encarar una posible renovación de sus dirigentes. La ponencia que se votará en noviembre vuelve a reivindicar el perfil catalanista que tradicionalmente ha defendido el PSC. El texto habla del "reconocimiento claro y limpio de la nación catalana por parte de la sociedad española" y de la defensa de un "marco competencial que comporte el pleno autogobierno".
El ejemplo canadiense
El ejemplo de las consultas celebradas en Quebec ha sido reivindicado en varias ocasiones por parte del independentismo catalán. Esta región de Canadá celebró sendos referendos de autodeterminación en 1980 y 1995. Estas consultas no estaban previstas en la Constitución, pero su celebración fue posible gracias al acuerdo de las fuerzas políticas.
Después del referéndum de 1995 -en el que el 'no' a la secesión se impuso al 'sí' por el estrecho margen del 1,16% de los votos- el Parlamento canadiense decidió aprobar la llamada Ley de Claridad. Según esta norma, una zona del país se puede separar siempre y cuando se celebre un referéndum con una "pregunta clara" y en el que se imponga una "mayoría clara". También prevé la opción de que determinadas zonas quieran seguir formando parte del país. En ese caso se debería prever una posible división del territorio separado entre zonas canadienses y zonas independientes.
La Cámara de los Comunes de Canadá tiene la última palabra en dos aspectos esenciales del referéndum: decide si la pregunta es suficientemente concreta y tiene la facultad de determinar qué se entiende por "mayoría clara". Si bien la ley no especifica qué porcentaje debe votar a favor de la secesión, si que precisa que debe ser una mayoría reforzada (superior al 51% de los votos).