PNV y PSOE sellan una ley de víctimas de abusos policiales que acabará en el TC

El PNV ha cerrado con el PSE-EE el dictamen del proyecto de ley de víctimas de abusos policiales que reconocerá y reparará a los damnificados producidos por las FSE o elementos incontrolados durante el periodo democrático comprendido entre 1978 y 1999.

Su acuerdo permitirá la aprobación de la ley en pleno el 28 de julio, aunque sobre su entrada en vigor pende la amenaza de un previsible recurso tras la advertencia de inconstitucionalidad hecha llegar al Parlamento Vasco por el Ministerio del Interior.

Los nacionalistas han vuelto a apoyarse en los socialistas, a quienes habían dejado de lado en los últimos meses hasta constituir un nuevo eje PNV-EH Bildu para sacar adelante las leyes municipal, de turismo o de muerte digna.

El PNV ha optado en este caso por el PSE-EE y marginado de la negociación a la coalición abertzale a pesar de que fueron sus votos los que han permitido que el proyecto culmine su tramitación parlamentaria. EH Bildu se opuso a la ampliación del plazo de las enmiendas , solicitado por PP y UPyD y apoyado por el PSE-EE, lo que en la práctica hubiera significado aplazar una de las leyes estrella del Gobierno Urkullu a la próxima legislatura.

El acuerdo con los socialistas ha sido posible después de que el PNV aceptara o transaccionara la práctica totalidad de las 31 enmiendas presentadas por el grupo de Idoia Mendia, al que llamó a negociar tras el pleno del pasado viernes, en el que fueron desestimadas las enmiendas a la totalidad del proyecto presentadas por PP y UPyD, que denuncian su inseguridad jurídica compartiendo la versión del Gobierno central.

Ambos grupos han elevado su pacto a la ponencia, reunida este jueves, donde han rechazado 80 de las 83 enmiendas de la coalición abertzale.

El portavoz jeltzale, Iñigo Iturrate, ha justificado la elección de socio porque “ha sido el consenso PNV-PSE el que ha impulsado las políticas de paz y convivencia” y con “los extremos” –en alusión a EH Bildu y PP- “es difícil encontrar un carril central”.

La ley de víctimas de abusos policiales es continuación del Decreto de 2012 aprobado por el Gobierno de Patxi López, que tuvo una segunda parte en otro de 2013, con Urkullu ya de lehendakari, aunque algunos de sus artículos fueron anulados por los tribunales por falta de solidez jurídica, extremo que se pretende ahora enmendar.

DESCARTADO EL TÉRMINO DE REPRESIÓN ILÍCITA

La aportación socialista ha hecho que la ley cambie de nombre y que se sustituya el término de “represión ilícita”por el “ de motivación política” para situar el contexto en el que se produjeron las víctimas a las que se pretende reparar. Argumenta el PSE-EE que lo ilícito es el uso del poder o la violencia ejercida, pero no la actuación policial en sí misma.

También ha incorporado al articulado la exclusión expresa de las personas fallecidas o heridas en sus enfrentamientos con la policía que estuvieran manipulando armas o explosivos.

Las enmiendas del PSE-EE introducen correcciones en la redacción para evitar equiparaciones con las víctimas del terrorismo o interpretaciones que alienten la “teoría del conflicto” para explicar la lucha antiterrorista.

Pretenden además reforzar las garantías jurídicas de la norma limando controvertidos aspectos competenciales. Se sustituye el derecho a la Justicia de la víctimas, que no puede ser satisfecho administrativamente, por el derecho a la verdad y se reconduce la petición de colaboración a los tribunales a términos de solicitud y no de exigencia. Para no invadir competencias del poder judicial se fía a la regulación posterior por decreto los procedimientos a seguir por la Comisión de Valoración que determina la condición de damnificado.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es precisamente el que hace referencia a esta potestad, ya que no se necesita una sentencia judicial para obtener la consideración de víctima. A juicio del PP este extremo vulnera la presunción de inocencia de los identificados como responsables.

PNV y PSE-EE defienden la competencia vasca para aprobar la ley, pero su reflexión es diferente. Mientras el portavoz nacionalista ha hecho un llamamiento al Gobierno central español para que no “obstaculice” la política de reparación de víctimas policiales que él no tiene “voluntad” de llevar a cabo, el socialista Patxi Elola, ha reclamado de los jeltzales diálogo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para evitar la interposición de recursos.

OBJECIONES DE EH BILDU

“La mejor de la leyes posibles”, según definición de Iturrate, no colma las “ambiciones” de EH Bildu, que guarda el sentido final de su voto, aunque de las explicaciones de su portavoz puede deducirse que se abstendrán.
La coalición abertzale se opone a la limitación temporal de la ley, fijada en 1999 para evitar injerencias con el poder judicial ya que a partir de esa fecha los casos no han prescrito aún. Y considera discriminatorio que las indemnizaciones (entre 35.000 y 390.000 euros) sean inferiores a las estipuladas para las víctimas del terrorismo.

Julen Arzuaga ha destacado que la importancia de ambas objeciones hacen que su grupo tenga “muchas dificultades” para “amparar “la ley, pero al mismo tiempo ha incidido en los problemas de “rechazar” una norma cuya necesidad defiende y sobre la que pende el recurso del Gobierno sin atender al “derecho” competencial que asiste a la comunidad autónoma.

OPOSICIÓN DEL PP

El Partido Popular no ha cambiado de opinión y votará en contra “por las profundas dudas jurídicas” que le suscita el texto, según ha explicado su parlamentario Carmelo Barrio.

PNV y PSE-EE no han aceptado sus enmiendas de mayor calado. El PP pretendía incluir a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos sin limitar su consideración a un contexto específico, lo que ha sido rechazado por demasiado “genérico” e imposible de financiar. Su razonamiento de que así no se presta cobertura a los damnificados de la kale borroka (lucha callejera) o amenazados por ETA, excluidos de la ley de víctimas del terrorismo, ha sido rechazado con el argumento de que esa norma no es la adecuada para su resarcimiento y reparación.

Barrio ha advertido de que la seguridad jurídica pretendida no se ha conseguido con los cambios introducidos, por lo que el texto no está blindado frente a recursos como el presentado por el Gobierno contra una ley foral navarra similar.