El juez cree que Rus manipuló un contrato para adjudicarlo al que era suegro del ‘yonqui’ del dinero

El magistrado del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, Víctor Gómez, ha levantado el secreto de sumario sobre una pequeña parte del grueso que compone la causa Taula, la operación que en enero de este año derivó en la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, entre otros excargos populares y empresarios que estarían involucrados en una supuesta trama de adjudicación de contratos públicos a cambio de mordidas. Se trata de una pieza desgajada relacionada con el servicio de ‘call center’, el servicio de atención al contribuyente, que la empresa pública Imelsa adjudicó a Servimun, una firma de quien entonces era suegro de Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonqui’ del dinero.

El instructor ha concluido, de lo que ha investigado hasta ahora y tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que existen indicios de que esta adjudicación “pudo ser decidida” por Alfonso Rus con la única intención de favorecer al responsable de dicha empresa.

Imelsa adjudicó este contrato en 2013 tras salir a licitación por 2,26 millones. La oposición en la corporación provincial criticó que se trataba de una empresa sin experiencia en este campo. Según el auto emitido este viernes por Instruccidón 18, fue el quien era gerente de Imelsa, Marcos Benavent, quien actuó como “intermediario connivente” en esta contratación.

En esta pieza, desgajada de la principal este viernes, están como imputados (lo que ahora se denomina investigado) Rus, Benavent y otras diez personas. Entre ellas, recalca el TSJ, están quienes ocupaban los cargos de diputado provincial delegado de Empresas Públicas, el director del área jurídica de Imelsa, el jefe de sección de la oficina de gestión tributaria, el jefe de unidad de procesos masivos tributarios, el jefe de sección de evaluación y planificación, el director financiero de Imelsa y el jefe de servicio de gestión tributaria.

A todos ellos se les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental por el presunto amaño de este contrato sobre el que, en principio, no hay sospecha de cobro de mordida.

Rus, ante el juez en septiembre

Alfonso Rus volverá a pasar ante el juez para dar cuenta de esta adjudicación. Lo hará el próximo 16 de septiembre. Ese mes también se les tomará declaración al resto de implicados.

Rus, según lo investigado hasta la fecha, habría contado con la colaboración del quien fuera jefe de Evaluación y Planificación de la Diputación con el objetivo de manipular el proceso de adjudicación. “Se vulneró el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública”, recoge el auto.

Las posibles irregularidades que se deriven de esta pieza afectan no solo a la adjudicación del ‘call center’, también se investiga si la adjudicataria incumplió las obligaciones estipuladas en el contrato y si ello supuso un daño o perjuicio para el erario público. Por último, también se investigan facturas pagadas por Imelsa derivadas de los contratos accesorios suscritos con varias empresas.

El grueso de la operación Taula, aún en secreto

La del  ‘call center’ es solo una pequeña parte del grueso de contrataciones que se están investigando tras la macrorredada de la operación Taula. Este viernes, el magistrado ha decidido desgajarlo por piezas. Una, la del servicio de atención tributaria, ha sido la única sobre la que luego se ha levantado el secreto. Sobre el resto, el juez ha decidido prorrogarlo un mes más.

Una de la pieza bajo secreto es la que investiga supuestas irregularidades en los contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia para la restauración del patrimonio histórico monumental y las adjudicaciones para la celebración de la XVII Mostra de Valencia en 2006. Sobre esta pieza se alzará el secreto próximamente, cuando se incorpore al expediente copia de todos los documentos que ahora forman parte de la pieza principal, han apuntado desde el TSJ. Los contratos investigados son los que se realizaron bajo las directrices de María José Alcón, exconcejala de Cultura.

El juez ha acordado la prórroga del resto para “no comprometer el resultado de la investigación que se está llevando a cabo mediante el análisis de la información recogida tanto en la documentación escrita como en los dispositivos informáticos intervenidos”.

El magistrado explica que la información acumulada es muy “voluminosa”, que afecta a “multiplicidad de hechos” en un “prolongado periodo de tiempo” y a un “gran número de personas”, circunstancias, todas ellas, que condicionan el ritmo en el análisis documental sobre ciertas partes de la investigación.

En la misma resolución, el titular de Instrucción 18 avanza la posibilidad de que próximamente forme dos nuevas piezas separadas para investigar contrataciones de personal tanto en Imelsa como en Ciegsa, empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación para la construcción de instalaciones educativas.

El Caso Imelsa se estructura en una pieza principal en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana y cinco piezas separadas: las tres constituidas ahora, que se suman a las ya formadas con anterioridad: una, sobre blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia, recientemente ampliada al delito electoral, y otra, por las contrataciones ficticias de trabajadores en Imelsa.