El sevillano Cristóbal González se encontraba haciendo el Camino de Santiago en bicicleta cuando una compañera le sugirió que podían viajar en tren a la capital gallega para vivir las fiestas del apóstol la noche del 24 de julio. “Fue madurando la idea y cogimos el tren para llegar a tiempo”, explica. Sin embargo, el tren nunca llegó a su destino. El 24 de julio de 2013, a las 20.41 horas, el ferrocarril en el que Cristóbal viajaba descarriló en la curva de Angrois, a las afueras de Santiago.
El maquinista viajaba a 179 kilómetros/hora cuando la velocidad estaba limitada a 80. El trágico accidente se llevó 81 vidas y causó más de 140 heridos. Hoy, y desde entonces, Cristóbal es el presidente de la Asociación de Perjudicados del Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago (APAFAS), una asociación que se gestó en el Hospital La Rosaleda, donde él y la mayoría de los heridos en el accidente fueron hospitalizados.
Ser parte del proceso judicial
APAFAS recibió pronto el apoyo de personas externas. Además del seguimiento de psicólogos, también recibieron el de abogados. Pronto se perfiló el que iba a ser su objetivo: ser parte del proceso judicial.
Hace menos de dos meses, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juez que reabriera el caso después de que, en octubre de 2015, se cerrara la instrucción con el maquinista como único imputado. “El error humano solo fue el detonante”, explica González. “Hay otros factores que se han ocultado y que se tienen que decir”.
Familias de las víctimas del Alvia.
Estos factores que denuncian desde APAFAS tienen que ver con la parte técnica, concretamente la de seguridad. La curva de Angrois en la que ocurrió el fatídico accidente no disponía del sistema de control constante de velocidad ERTMS por una decisión tomada en 2010. En 2012, Adif autorizó a Renfe para que los Alvia desconectasen ese sistema a bordo porque fallaba, algo que no se repararía hasta más de dos años después. “Por razones políticas, se inauguró a prisa. En el proyecto inicial se señalaba que ese sistema tenía que estar implantado”, afirma González.
Esperanza por el informe de Bruselas
Luis Aláez y Andrés Lago Louro. Son los dos jueces que se han hecho cargo del caso del Alvia 04155. El primer juez instructor del caso, Aláez, asumió la causa desde el día del accidente hasta junio de 2014. Llegó a imputar a cargos y responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por presunta responsabilidad en el accidente, pero la Audiencia Provincial de A Coruña levantó las imputaciones. Desde octubre de 2014, el maquinista es el único imputado en la causa, algo que denuncian desde APAFAS. “El juez Aláez apuntó a problemas técnicos además de al error humano. "Casualmente le facilitaron otro destino”, alerta González. “No nos van a devolver las vidas que se perdieron, pero exigimos responsabilidades. Solo queremos saber la verdad”
A principios de este mes, Bruselas cuestionó la independencia de la investigación española sobre el accidente del Alvia. La Agencia Ferroviaria Europea da la razón a las críticas que las víctimas han realizado desde el principio cuando se dio a conocer el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a cargo de responsables del Ministerio de Fomento y de Adif y Renfe.
Este informe concluye que la CIAF se centra en el error humano del maquinista como causa directa del accidente, pero “no responde a preguntas esenciales” ni “profundiza” en las causas.
“Estamos luchando por que el informe de Bruselas se aporte a la causa”, indica González. Esto, sumado a que la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó en un auto a finales de mayo reabrir la instrucción judicial a pesar de que el juez había cerrado con el maquinista como único imputado, supone “un golpeo de ilusión y esperanza” para las víctimas.
"Olvida España, pero no quienes lo han sufrido"
La Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela acoge este domingo, como cada año desde aquel 24 de julio, el homenaje a las víctimas del accidente del Alvia. “Aún estamos en una situación sin resultado, este día es de reivindicación y recuerdo”, dice González. “Nos encontramos indefensos en lo jurídico, lo político y lo administrativo”.
“La clave para ellos es el tiempo”, denuncia. El accidente “se pudo haber evitado” y en otros países “ya habríamos visto dimisiones”, denuncia el presidente de APAFAS. “Los altos cargos de Renfe y los de Fomento son los que se tienen que sentar y dar explicaciones”. “España olvida, pero no quienes lo han sufrido”, concluye.
Las velas en recuerdo de los fallecidos en la tragedia.