Ante las cámaras camina un alto cargo que dejó el puesto público hace más de diez años. Le flanquean dos escoltas, formados y pagados por el Estado. Dos profesionales que se encargan de velar por su seguridad y aportar, además, esa imagen que tanto gusta a quienes miden su importancia personal por el tamaño de su séquito. ¿Son escoltas o personal de apoyo? ¿Es realmente necesario que una personalidad mantenga la escolta cuando han pasado ya dos lustros desde que tuvo responsabilidad pública o amenazas privadas?
En España hay algo más de un millar de escoltas de las fuerzas y cuerpos de seguridad (y cerca de 350 agentes privados) para proteger a más de 300 personas por un sueldo medio de 1.600 euros netos. Eso supone una inversión aproximada de 2,5 millones de euros anuales en protección personal sólo en salarios. A esa cifra habría que sumar dietas, desplazamientos, vehículos... Sin embargo, es imposible conocer la motivación real que lleva a Interior a asignar este tipo de servicios.
El nivel de alerta y la amenaza real de cada objetivo permanece en un plano de confidencialidad. Tiene su lógica. Pero permite también cierto margen de opacidad. Margen que da lugar a la costumbre, por ejemplo, de que las esposas de todos los ministros de Interior en democracia hayan tenido una escolta personal, pese a que en la mayoría de las ocasiones han sido personas anónimas y alejadas de la política. En el transcurso del caso Noos, por poner un ejemplo, la asesora personal del ex duque de Palma reconocía que Iñaki Urdangarín utilizaba a sus escoltas para que hicieran labores de mensajería y llevaran a sus gestores las facturas que finalmente le sentaron en el banquillo.
"No son para llevar la maleta"
"Los escoltas no son ni para que te lleven la maleta ni para que vayan en transporte público, son para tu protección personal", dijo en 2013 el ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. En concreto, se refería al ya ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al que advertía de que se le retiraría la protección si no cumplía con los requisitos previstos. Al mismo tiempo, Ulloa introducía un debate que siempre ha estado presente en la Policía sobre el uso de los escoltas. No son pocos los agentes que en privado admiten que la única motivación de algunos protegidos es contar con servicio de chófer, cuando no otros menesteres ajenos a su verdadera función de seguridad.
Tampoco se tiene en cuenta la solvencia económica de algunos protegidos. En otro ejemplo conocido, el ministro del Interior se reunió con el ex ministro de Economía y ex vicepresidente Rodrigo Rato, preocupado ante una posible retirada de su escolta debido a unas supuestas amenazas que nunca denunció formalmente ante ningún juzgado. Según la investigación del caso que le mantiene como investigado, el ex responsable del Fondo Monetario Internacional y de Bankia tiene un patrimonio más que suficiente para hacer frente al coste de este tipo de servicios de su propio bolsillo.
Desde las arcas públicas se pagan por ejemplo los 300.000 euros que, según publicó en 2006 el diario El Mundo, cuesta una escolta como la que envuelve a la infanta Cristina desde su estancia en Ginebra (Suiza). Durante su estancia en Washington (EEUU) contó con una protección de seis agentes con un sueldo de 50.000 euros al año cada uno. Según ha podido saber El ESPAÑOL, otra de las personalidades para las que se ha aprobado prestar protección recientemente es un emir catarí, Bin Khalifa Al-Thani. Consultado al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirma a este periódico la presencia de este mandatario árabe en España, pero precisan que se trata de una visita “estrictamente privada”. Aun así, su escolta sale de las arcas públicas.
Ex ministro de hace 20 años
En los listados de personas con escolta hay miembros del Gobierno actual, pero también ex ministros que dejaron su cargo hace 20 años. Testigos protegidos y ex presidentes que, desde hace tiempo, prestan sus servicios en compañías privadas. El Ministerio del Interior ofrece información con cuentagotas sobre estos operativos.
El Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, califica como reservada la información relativa a los planes de protección. En base a ello, el Ejecutivo ha despejado diversas preguntas parlamentarias en el Congreso.
En el año 2013, la Izquierda Plural preguntó sobre la protección personal prestada a la mujer del actual ministro de Interior en funciones en un “viaje personal” desde Zaragoza hasta Fitero (Navarra), “sin ir acompañada por ninguna autoridad”. El Ministerio respondió amparándose en los “análisis de riesgo realizados” y recordó que ese tipo de protección “viene prestándose ininterrumpida desde 1979”. Además, tenía en cuenta “las características del desplazamiento y la zona a visitar (Navarra)”.
Fin de la violencia de ETA
No obstante, sólo un año antes se había aprobado un considerable recorte de escoltas -tanto de las fuerzas de seguridad como privados- a causa del fin de la violencia de ETA. Esta política viene recogida en la Instrucción 3/2012. Interior buscaba combatir una realidad: la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad. Cuatro años después, son muchos los casos en los que sigue pasando.
Sectores policiales denuncian que la disminución de la plantilla policial y la pérdida de personal en la calle podría amortiguarse con el aprovechamiento de agentes que siguen prestando servicios a ex altos cargos. A su juicio, ya no viven sometidos a una amenaza selectiva como la que representaba ETA.
Por otra parte, el recorte generó el malestar de numerosos agentes de seguridad privados que perdieron su empleo y también de personas protegidas que se quedaron sin escolta. Especialmente contrariados se manifestaron los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Denunciaban los magistrados que, pese al fin de la amenaza etarra, sus investigaciones seguían afectando a cuestiones sensibles como el narcotráfico o el crimen organizado.
La Instrucción 3/2012 del Ministerio del Interior propone que “sólo se proporcione este servicio a quien realmente lo requiera en atención a sus circunstancias personales y al grado de amenaza real que soporta”. De hecho, la Secretaria de Estado tiene competencia para retirar la protección a quienes no hagan un uso correcto de la escolta.
En relación a los altos cargos que dejen sus puestos, la instrucción indica que, “como norma general, los servicios de protección asignados se mantendrán en tanto persista el riesgo que los motivó”. No obstante, es evidente que las razones que motivaron la escolta a un alto cargo hace 20 años, no son las mismas que ahora.