Los estatutos del grupo socialista prevén expulsar a los diputados que rompan la disciplina en la investidura

Tras la semana del estrés post-traumático que supuso el Comité Federal del pasado 1 de octubre, los nuevos responsables del PSOE buscan la manera de justificar la abstención para facilitar la investidura de Mariano Rajoy sin que se desate un nuevo incendio interno. Javier Fernández, líder provisional del PSOE, y Mario Jiménez, número dos de la gestora y persona de confianza de Susana Díaz, se han esforzado en los últimos días en que el debate bascule del binomio 'no a Rajoy o abstención' a 'terceras elecciones o no'.

Está por ver que el mensaje haya surtido efecto en los militantes y en los votantes, pero el PSOE tiene ahora problemas más urgentes: convencer a cuadros medios del partido y a los diputados que tendrán que elegir botón en una nueva sesión de investidura que se prevé para los últimos días de mes, apurando el plazo que termina el 31 de octubre.

El primer problema, con ramificaciones que van mucho más allá de la votación en el Congreso, lo tiene la gestora con el PSC. Los socialistas catalanes celebran primarias para elegir a su líder el sábado 15 de octubre y los dos aspirantes -el actual primer secretario, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Nuria Parlon- defienden mantener el "no" determinado por la Ejecutiva de Pedro Sánchez.

El PSC tiene ocho diputados en el Congreso y todos ellos tendrían que decidir si hacen caso al Comité Federal, una vez decida la abstención, o a las directrices del partido en el que militan, estatutariamente separado del PSOE y con un funcionamiento diferente. Tanto Parlon como Iceta han sido muy claros en su "no", conscientes de que es uno de los temas de la campaña interna y que muy pocos militantes en Cataluña entenderían facilitar la continuidad de Rajoy.

"Estamos dispuestos a mantener los costes de mantener la coherencia de la posición que adoptó el PSOE de votar 'no' -señaló este sábado Iceta-. Ha habido algún otro momento en el que [desde el PSC] no hemos coincidido en el voto [con el del PSOE]".

Por su parte, Parlon, incidió en que apostarían por el 'no' "si las bases lo revalidan en el Consell Nacional". La vicesecretaria del PSC, además, lamentó los movimientos que se están dando desde Ferraz, "ya que parece que a día ha cambiado de planteamiento": "Si el PSOE permite el gobierno de Rajoy está condenado a desaparecer", consideró en una entrevista publicada en elnacional.cat.

Otras voces díscolas

Pero el PSOE tiene díscolos más cerca de Cataluña. El grupo parlamentario actual cuenta con muchos afines a Sánchez, además del propio ex secretario general y su antiguo número dos, César Luena. Aunque fuentes cercanas a Luena aseguran que él mantendría la disciplina de voto en caso de que el Comité Federal decretara una abstención, parece bastante difícil ver a Sánchez absteniéndose una vez el ex secretario general fue capaz de llevar hasta el extremo su pulso con los barones críticos. Según fuentes de su entorno, su "no" a Rajoy podría significar el inicio de la cuenta atrás de su vuelta al liderazgo del partido legitimado por los militantes a los que por el momento no se pretende convocar desde la gestora.

Contando a la mayoría de díscolos del PSC y la guardia pretoriana de Sánchez, el número total podría acercarse a la quincena entre los 85 parlamentarios que tiene el PSOE en el Congreso. Entre las más notorias está Susana Sumelzo, diputada por Zaragoza y miembro de la Ejecutiva de Sánchez. "Pedimos el voto a los ciudadanos para cambiar las políticas del PP, no para facilitar un gobierno del PP", afirmó, antes de decir que no facilitaría su abstención "aunque lo ordene el Comité Federal".

Adriana Lastra (Asturias), Pilar Lucio (Extremadura) u Odon Elorza (País Vasco) no parecen por el momento muy proclives a abstenerse. Otros, en cambio, ya están comenzando a virar, confiando en resituarse en un nuevo mapa de poder no controlado por Sánchez. Es el caso de Antonio Hernando, que sigue de momento como portavoz en el Congreso y que siempre ha estado en el círculo de próximos al líder desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El problema de algunos barones

Se convoque cuando se convoque -según algunas fuentes, podrían faltar aún unos 10 días-, el Comité Federal que tiene que debatir sobre la abstención será bronco. En los dos centenares largos de dirigentes los hay que defenderán mantener el "no". Hay otros que estarán en una situación muy comprometida. Con Podemos advirtiendo de que una abstención ante Rajoy podría tener consecuencias para los Gobiernos socialistas que tienen de momento su apoyo, los presidentes Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Javier Lambán (Aragón) y Ximo Puig (Comunidad Valenciana) podrían quedar a los pies de los caballos, con inestabilidad en los parlamentos regionales y teniendo que lidiar con un Podemos hostil o con un PP que podría ser un caramelo envenenado de cara a futuros comicios.

No hay ningún aragonés ni castellanomanchego en la gestora del PSOE, donde sí hay andaluces, extremeños y de otras federaciones. El movimiento, según fuentes socialistas, iba encaminado a evitar problemas a esos Gobiernos regionales. Si Page, Lambán y Puig estaban unidos a otros barones en su oposición a Sánchez, no están ni mucho menos cerca de defender públicamente la abstención. En Baleares ocurre algo similar, pero en ese caso la presidenta Francina Armengol y el conjunto del partido insular siempre ha defendido su apoyo a Sánchez y su no a Rajoy.

La gestora tiene que aglutinar el apoyo a la abstención incluso entre aquellos que contribuyeron a tumbar a Sánchez y evitar que el grupo parlamentario se rompa.

Sin embargo, si el PP logra sumar de nuevo a Ciudadanos y a Coalición Canaria de cara a una nueva investidura de Rajoy, al PSOE le bastarían con 11 abstenciones. Aunque la elección de los diputados sería una tarea muy delicada (es difícil justificar una abstención mientras compañeros de bancada se abstienen), el reducido número que hace falta podría dar margen a un voto mayoritariamente contrario que evitase una imagen de división absoluta.

El presidente de la gestora, Javier Fernández, ha dicho en muchas ocasiones que no prevé díscolos ante la decisión que finalmente tomen los órganos del partido. Este domingo, en una entrevista en El País, mostró su convicción de que el grupo parlamentario "responderá con lo que ha sido siempre la tradición del partido": "En ningún caso se pensó en represalias a nadie, pero con independencia de quién tome las decisiones, la responsabilidad como presidente de la gestora es siempre mía".

Los castigos por apartarse de la línea oficial

Los diputados que no se abstengan una vez sea decidido por el Comité Federal afrontan desde una multa de 600 euros hasta la expulsión del grupo parlamentario e incluso del propio partido.

Este mismo año, a cuatro parlamentarios aragoneses, entre ellos Susana Sumelzo, les fue anunciada una multa de 600 euros por votar en contra del criterio del grupo, en este caso en un asunto sobre políticas hídricas y el Ebro. La de 600 euros es la multa más alta y ha sido aplicada en otros casos en el pasado. La ruptura de la disciplina de voto ha sido recientemente llevada a cabo por parlamentarios del PSC en asuntos identitarios o por motivos ideológicos como los de Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CCOO, que no apoyó la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero o la reforma del artículo 135 de la Constitución.

Pero las sanciones más graves son las relativas a la pertenencia al propio grupo parlamentario y al partido.

Según los estatutos del partido, el Comité Federal es, como máximo órgano entre congresos, quien determina la política de la formación y sus alianzas (artículo 36) y los cargos públicos están obligados a cumplir sus resoluciones (artículo 76).

En caso de no seguir los mandatos del Comité Federal en cuanto a la "unidad de actuación y disciplina de voto", las normas del PSOE contemplan "denunciar su conducta" y, si esta es "grave", "dar de baja en el Grupo Parlamentario" al diputado díscolo, según indica el artículo 78 de los estatutos.

Según el reglamento de afiliados, no seguir las resoluciones de los órganos de dirección del partido podría ser considerado como "falta muy grave". El castigo llega hasta la suspensión de militancia o la expulsión definitiva.