El expresidente de Valencia Olivas medió para que el sobrino de Cotino lograra 39 millones

De nuevo un expresidente de la Generalitat valenciana se sienta en el banquillo de los acusados. José Luis Olivas presidió el gobierno valenciano entre 2002 y 2003 (una época de transición entre los presidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps) y pasó luego a presidir Bancaja. Desde este lunes se sienta en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Junto a él se sienta el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Ambos se enfrentan a penas de tres años de cárcel, según el escrito provisional de la fiscalía.

Olivas y Cotino se sientan en el banquillo porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado creen que el empresario, que está imputado además en una de las piezas de Gürtel por presunta financiación ilegal al PP, pagó a una sociedad de Olivas –compartida con su mujer- una factura de 580.000 euros (con IVA incluido) en concepto de unos trabajos de asesoramiento en una operación en 2008 que, según la fiscal, no existieron. Cotino, por su parte, se desgravó la factura cometiendo así un perjuicio al fisco. Según el ministerio fiscal, ambos actuaron de acuerdo “con ánimo de defraudar a la Hacienda pública” por medio de una factura, firmada por el entonces presidente de Bancaja, que era falsa.

Este lunes, ambos han negado estas acusaciones de pagos por trabajos inexistentes y emisión de factura falsa alegando que, lo que se hizo, fue pagar medio millón de euros como comisión o tarifa fija por los trabajos de intermediación que hizo Olivas en una operación para que el empresario obtuviera un beneficio de 39 millones de euros en la venta de una de sus empresas. La operación, según ellos mismos han relatado, es la siguiente:

A mediados de 2008, Vicente Cotino decidió que quería vender las participaciones que su grupo Sedesa tenía en Proyectos Eólicos Valencianos, una sociedad de la que poseía el 25%. El resto se dividía entre Endesa (55%) y Bancaja (20%). Para ello, habló con Olivas porque pensó que era la persona “adecuada” para ayudarle en esta venta. Ha justificado esta decisión en que él era entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola, y estaba interesado en que esta compañía le comprara las acciones. Así que se fijó un acuerdo “verbal”: si lograba llegar a los 39 millones de plusvalía por la venta le pagaría una cifra de 500.000 euros más IVA. “Le dije a Olivas que me consiguiera un precio por encima del mercado”, ha apuntado Vicente Cotino ante el juzgado Penal 6 de Valencia que acoge el juicio.

Y José Luis Olivas se puso a trabajar. Tal y como él mismo ha declarado, Iberdrola era reticente a comprar el 45% que sumaban las acciones de Sedesa y Bancaja porque su competidor Endesa seguiría teniendo la mayoría. Las negociaciones estaban tan estancadas que Olivas ha llegado a manifestar que la única alternativa para desbloquear las era que él, como presidente de Bancaja, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, abordaran la operación. “La única alternativa era que Galán y yo lo desatascáramos”, ha dicho.

Olivas ha explicado que los técnicos de Iberdrola fijaron una operación a coste cero, pero que Sedesa y Bancaja se negaron. Así que se llegó a un acuerdo económico. “Yo fijé el precio”, ha asegurado. El precio fijado aseguraba a la sociedad de Cotino el beneficio de 39 millones previsto.

OLIVAS NO VE INCOMPATIBILIDAD

El expresidente valenciano ha asegurado que en esta operación actuó defendiendo los intereses de Bancaja (que también quería vender su parte y que vería reducida la deuda que tenía Sedesa tras la venta de sus acciones), y los de Cotino y que el hecho de que fuera consejero de Iberdrola no suponía ninguna incompatibilidad porque, ha dicho, no tenía ninguna relación laboral con la compañía. “Estaba trabajando para Cotino y ayudando a conseguir una operación beneficiosa para Bancaja”, ha indicado.

Olivas ha insistido en que no había ningún tipo de incompatibilidad en esta intermediación ni por su puesto de presidente de Bancaja (ha alegado que no tenía ninguna función ejecutiva) ni por su cargo de consejero de Iberdrola.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han hecho hincapié en que la factura de 580.000 euros emitida por la sociedad de Olivas en 2008 fue la única de ese año. Preguntado por ello, el expresidente de Bancaja ha dicho: “No quise trabajar más por razones éticas, pero esta era una operación que veía claramente que podía beneficiar a Bancaja y a Iberdrola, y de paso tener yo una rentabilidad junto con Cotino (…) Si hubiera querido hacer 60 facturas, las hubiera hecho”.

Tras toda esta explicación, Olivas ha defendido que cobró los 580.000 euros por toda esta tarea de intermediación en la que no solo habría asesorado en la operación, sino que habría fijado un precio favorable a las partes. “Mi labor fue más amplia que la intermediación, yo había buscado el comprador y además gestionado el precio”, ha apuntado. En la causa consta que Olivas justificó estos trabajos con un informe de tres folios firmado por su mujer, Mercedes Álvarez, también imputada. Hoy, en el juicio, Álvarez ha revelado que firmó este informe pero que no lo hizo en 2008 (fecha del documento), sino en 2013, cuando la Agencia Tributaria ya estaba investigando. Olivas ha indicado que este informe no era más que una guía para las negociaciones y que sus trabajos fueron más amplios.

ENDESA SE HACE CON LAS ACCIONES

Una vez fijado el precio, el expresidente de Bancaja ha indicado que acudieron a Endesa por si quería ejercer su derecho a compra preferente por ser los socios mayoritarios. Y así lo hicieron. Un testigo de esta compañía ha declarado este lunes que en realidad no tenían mucho interés en hacerse con todas las participaciones porque ya eran mayoritarios. Este testigo ha admitido que no hubieran llegado a pagar la cifra fijada si Iberdrola no hubiera presentado esa oferta