Así es Ribera Salud y su negocio con la Sanidad concertada

Ribera Salud presume en su web oficial de ser "líder en concesiones administrativas sanitarias en España". También de su "colaboración leal" con la Administración en la gestión público-privada de hospitales. Destaca su presencia en más de una quincena de centros repartidos por la Comunidad Valenciana, Madrid y América Latina. Todo en el marco del engolado lenguaje propio de una web corporativa.

Mucho menos triunfalista fue el manto de dudas que ya en 2013 echó sobre esta multinacional la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). En un informe alertaba de que, de seis licitaciones que había dispuesto la Comunidad Valenciana para gestionar servicios sanitarios públicos, las seis fueron "adjudicadas a agrupaciones de empresas participadas todas ellas por la empresa Ribera Salud". Frente a estas sospechas, Ribera Salud enarbola un código ético en el que dice no tolerar "conductas que puedan suponer incumplimientos normativos, prácticas corruptas o cualquier otra forma de delincuencia".

La gestión público-privada

Hablar de Ribera Salud es hacerlo del llamado modelo PPP (Participación Público-Privada), una iniciativa que buscaba optimizar la sanidad pública abriendo la puerta a la privatización de recursos en una gestión compartida. Su bandera en España fue el 'Modelo Alzira', aplicado en el Hospital Universitario de la Ribera en la citada localidad valenciana.

Aquella fue la primera piedra de un negocio que, tras dos décadas de actividad, cuenta con unos activos de más de 400.000 millones de euros, 4.153 empleados, una facturación de 350 millones (en 2015) y un beneficio declarado de 13 millones. De Ribera Salud  emanan a su vez al menos ocho sociedades. Una de ellas es b2b, una central de compras a través de la cual desvía beneficios millonarios de los hospitales públicos a espaldas de la Administración, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Inversor principal

La concesión de la explotación de los hospitales en la Comunidad Valenciana no es exclusiva para Ribera Salud, sino que se presenta integrada en una Unión Temporal de Empresas (UTE). De este modo está presente como denominador común en los hospitales valencianos de Alzira, Denia, Elche y Torrevieja. No obstante, en la mayoría figura como el inversor principal.

La particularidad de este modelo de gestión público-privada es que en todos los casos la Administración establece una "clausula limitativa", es decir, las empresas designadas para su explotación no se pueden lucrar por encima del 7,5 por ciento de la inversión realizada. Pero la manera de medir ese porcentaje es compleja atendiendo a la explicación que se recoge en las "prescripciones técnicas" de los contratos de explotación. En ellos se indica que para calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) es preciso aplicar una enrevesada fórmula matemática, imposible para el común de los ciudadanos.

Fórmula empleada para calcular las inversiones.

Auge de la mano del PP

El tiempo de explotación que le otorga la Administración oscila entre los 10 y 20 años. Hablar de Ribera Salud en España también supone hablar inexorablemente de gobiernos autonómicos del Partido Popular bajo los que ha desarrollado la gran mayoría de su negocio durante los últimos lustros, especialmente en la Comunidad Valenciana. Todo lo contrario que con el nuevo gobierno del socialista Ximo Puig, quien el pasado mes de septiembre, durante su primer Debate de Política General, anunció que el contrato de explotación del Hospital de Alzira no se renovará cuando finalice en 2018. Fin, por tanto, al modelo Alzira. 

El consejero delegado de Ribera Salud es Alberto de Rosa Torner, con más de 23 años de experiencia en el sector sanitario. Pasó a formar parte del comité de dirección de Ribera Salud después de ocho años al frente del Hospital de Alzira. Su hermano es Fernando de Rosa Torner, ex conseller de Justicia y Administraciones Públicas durante el Gobierno de Francisco Camps en Valencia. El año pasado fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de la capital de Turia y antes fue el 'número dos' del CGPJ, órgano al que accedió tras ser nombrado por el PP. Por su parte, el director financiero es Pablo Gallart, quien trabajó en la firma multinacional de auditoría y consultoría KPMG, la misma firma que audita la cuentas de Ribera Salud.

Facturación intercentros "negativa"

Otra remuneración procede del llamado pago capitativo, cuyo importe depende de la población atendida. La cápita se revisa cada año y no puede ser menor al IPC ni mayor al porcentaje de incremento anual del gasto sanitario público consolidado del Estado para cada ejercicio. Aquí interviene otra figura que es la "facturación intercentros" por la cual los hospitales bajo gestión pública-privada como los gestionados por Ribera Salud facturan a la Consellería de Sanidad los servicios especializados que presten a personas no recogidas en su población protegida.

Así cuestionaba también este sistema la Comisión Nacional de Competencia (CNC): "Debe valorarse negativamente la efectividad de la facturación intercentros como estímulo de calidad en la Comunidad Valenciana, donde todos los procesos de externalización son gestionados por agrupaciones de empresas en las que participa el grupo Ribera Salud. Ello debilita notablemente la competencia entre centros".