El Gobierno y Ciudadanos trabajan ya sobre unos Presupuestos Generales del Estado que destinarán casi siete de cada diez euros a gasto social. Es una subida del 30% en esta partida con respecto a 2016. El PP confía en que el proyecto sea lo suficientemente atractivo para tentar al PSOE, al menos, con su abstención. Pero si no es posible, maneja ya la vía de los 176 escaños negociando el apoyo de los cinco diputados del PNV y el de Nueva Canarias.
La negociación de los Presupuestos entra este lunes en su semana decisiva. El diálogo entre el Gobierno y Ciudadanos arrancó con un alguna dificultad tras la investidura, pero se ha ido reconduciendo. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, se reunieron el pasado viernes para dar un impulso a la negociación. Después de varios retrasos en las previsiones iniciales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene previsto presentar el techo de gasto en el Consejo de Ministros de este viernes. España tiene que enviar a Bruselas un borrador completo de Presupuestos antes de final de año.
Un respiro para el PSOE
Los Presupuestos del 2016 ya incorporaron un incremento del gasto social aprovechando la mejora de la coyuntura económica y el aumento de los ingresos. El Gobierno invirtió 190.000 millones de euros, en torno a un 54% del Presupuesto total del Estado. Fueron también unas cuentas públicas pensadas para enfrentarse a las elecciones del 20 de diciembre con garantías.
El gasto social va a subir todavía más en 2017. Según fuentes cercanas a la negociación, casi siete de cada 10 euros serán gasto social. Por un lado, el Gobierno firmó un acuerdo de investidura con Ciudadanos, que prevé un aumento del gasto de 29.000 millones de euros -el 60% social- en los próximos cuatro años. Y la orden en Moncloa es dar un respiro al PSOE tras el desgarro interno que supuso la abstención ante Mariano Rajoy.
En 2016, la mayor partida se la llevaron las pensiones, como volverá a ocurrir este ejercicio. La segunda partida más elevada de gasto social fue la de prestaciones por desempleo, que sin embargo está previsto que caiga en 2017 al reducirse la tasa de paro. El resto fue a Sanidad y Educación (la mayoría transferido a las comunidades autónomas) y los servicios de carácter general.
Complemento salarial
Gobierno y Ciudadanos tratan ahora de concretar qué medidas del acuerdo de investidura comienzan a ejecutarse. El pacto que suscribieron Rivera y Rajoy en agosto recoge la creación del Complemento Salarial Garantizado (impuesto negativo sobre el IRPF para mejorar los ingresos de los trabajadores en función de su renta), un plan contra la pobreza infantil, un plan de gratuidad de libros de texto, la ampliación de 18 a 22 meses y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y la resurrección presupuestaria de la Ley de Dependencia, entre otras.
Es imposible que todas ellas se pongan en marcha este año. Montoro advirtió la semana pasada que será implacable con la reducción del déficit, que España quiere dejar en el 3,1%. El Gobierno no prevé recortes importantes ni una subida del IVA (que hace sólo una semana estaba sobre la mesa) o el IRPF. En cualquier caso, sí aprobará algunos ajustes de gasto en la Administración y subirá algunos impuestos para no alterar la senda de reducción de déficit. La reforma más importante será la del impuesto de Sociedades. Y entre las nuevas tasas está la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas y crear impuestos medioambientales, entre otros.
El objetivo de PP y Ciudadanos es convencer al Grupo Socialista al menos con la abstención. Pero si no es posible, la negociación sigue abierta con el PNV y Nueva Canarias. Su único diputado Pedro Quevedo ya dijo públicamente que estaba dispuesto a apoyar los Presupuestos, que incluirán nuevas inversiones para Canarias. En caso de lograr este respaldo, y sumado el voto de Ana Oramas de Coalición Canaria, el PP obtendría los 176 escaños necesarios para sacar adelante las cuentas.
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