El PP se escuda en una reforma constitucional para incumplir su pacto con Ciudadanos

El PP supeditó la mayoría de los compromisos de regeneración que firmó con Ciudadanos a una reforma de la Constitución inviable por el necesario apoyo del PSOE y la amenaza de bloqueo de Unidos Podemos. Si algo constató la reunión que mantuvieron los representantes de ambos grupos parlamentarios es que los seis puntos que Albert Rivera hizo firmar a Mariano Rajoy antes de negociar la investidura están lejos de cumplirse. Y que hay diferencias difícilmente salvables en esta legislatura más allá de las buenas palabras del PP y el optimismo moderado de Ciudadanos.

Los seis compromisos tenían un horizonte temporal de aplicación que expiraba este martes. El encuentro de los portavoces en el Congreso del PP, Rafael Hernando, y Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, finalizó sin resultados concretos ni tampoco un calendario claro de trabajo.

"Mi sensación no es la de las lentejas", dijo Girauta en alusión a las palabras del número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo, en las que aseguró que el PP firmó aquel acuerdo porque no le quedaba otra. "Pero tampoco digamos que hay una alegre disposición en un partido conservador que tiende al inmovilismo".

Diferentes criterios

El PP argumentó que la limitación de mandatos requiere de una reforma constitucional, pese a que los populares han apoyado e impulsado leyes similares en autonomías como La Rioja, Murcia y más recientemente Andalucía. Ciudadanos, por su parte, entiende que una reforma de la Ley de Gobierno es suficiente para dejar en ocho años o dos legislaturas el ejercicio de la presidencia.

La supresión de aforamientos, como es aceptado por ambas partes, también implica un cambio en la Carta Magna. Pero el PP matizó que no puede circunscribirse a diputados nacionales, senadores y Gobierno, como plantea Ciudadanos con la modificación de los artículos 71 y 102, sino que también debe abarcar a los representantes autonómicos. 

El secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, dijo tras la reunión que no reformará la Constitución sin el PSOE. Incluso con el acuerdo de las tres fuerzas políticas, el PP recordó que Unidos Podemos puede forzar un referéndum para convertir una reforma "positiva y de buena fe" en un plebiscito sobre cualquier otra cosa.

Girauta: "Las seis condiciones que impusimos para empezar la negociación que condujo al acuerdo de investidura están encarriladas y avanzando"

Las modificaciones a la Constitución que plantea Ciudadanos se pueden aprobar por vía parlamentaria. Pero la ley recoge que deberá convocarse un referéndum para avalar cualquier cambio constitucional siempre que lo demande al menos el 10% de los diputados (o senadores), es decir 35 diputados. Unidos Podemos tiene 71 escaños en el Congreso y Pablo Iglesias ha advertido públicamente usará esa facultad si es necesario.

Girauta, por su parte, admitió que la sombra de un referéndum puede frenar la reforma, pero se resistió a dar el acuerdo por perdido. El portavoz naranja dijo que hay una diferencia de criterio con el PP en la limitación de mandatos, porque su partido entiende que es jurídicamente viable por la vía de la Ley del Gobierno.

Girauta aseguró que si los populares utilizan la excusa de la Constitución como "maniobra dilatoria", Ciudadanos buscará el acuerdo con otras fuerzas políticas. Pero ni PSOE ni Podemos parecen ahora por la labor de enfrascarse en ese debate, que para los socialistas no es una prioridad y para Podemos resulta insuficiente, porque no abarca aforamientos especiales como el del rey.

"Si Podemos quiere obstaculizar la eliminación aforamientos tendrá que explicar porqué pone palos en las ruedas", dijo Girauta. "Si quiere un referéndum, a lo mejor lo que consigue es que se frene la reforma".

Comisión del 'caso Bárcenas'

Girauta aprovechó la reunión para entregar a Hernando su propuesta para una comisión parlamentaria que investigue la presunta financiación irregular del PP. Girauta dijo estar convencido de que PP y Ciudadanos registrarán juntos esa petición en el Congreso. Bermúdez de Castro se limitó a decir que la estudiarán. Pero advirtió, por un lado, que no tiene mucho sentido mientras algunos casos siguen en trámite judicial y, por otro, que hay una subcomisión de regeneración democrática que está estudiando con expertos los problemas de la financiación de los partidos políticos en general.

De los seis compromisos de regeneración que Rivera exigió firmar a Rajoy como condición sine qua non, la mitad está en marcha y la otra mitad, en el aire. La supresión de los indultos por corrupción está incluida en la ley integral contra la corrupción que Ciudadanos llevó al Congreso la semana pasada. El Pleno acordó tramitarla casi por unanimidad. Además, el Parlamento comenzará una ponencia para la reforma de la ley electoral, otra de las exigencias naranjas, el próximo 8 de marzo.

Sobre la dimisión de cargos imputados hay criterios dispares sobre la fase judicial en la que debe producirse el cese, como demuestra el caso del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Y están pendientes de resolver la limitación de mandatos, la supresión de los aforamientos y la comisión de la financiación. A pesar de la evidente disparidad de criterios, en Ciudadanos se dan de momento por satisfechos.

"A fecha de hoy, las seis condiciones que impusimos para empezar la negociación que condujo al acuerdo de investidura están encarriladas y avanzando", aseguró Girauta.